La violencia en el Estado de Michoacán (suroeste de México) se ha convertido en un reto acuciante para el Gobierno federal, presidido por Enrique Peña Nieto. Lo sucedido en las últimas 24 horas refleja la gravedad de la situación. En este territorio, campo de batalla entre carteles por el control de la producción y del tráfico de droga, fue asesinado este domingo el vicealmirante Carlos Miguel Salazar, que hasta la fecha es el mando de la Marina de mayor jerarquía fallecido en un ataque del crimen organizado, según ha precisado a este diario la Secretaría de Marina. Y este lunes por la mañana ha aparecido ejecutado un comandante local de Seguridad Pública en el municipio michoacano de Lázaro Cárdenas. Le habían dado diez balazos y al lado de su cadáver había una camioneta de lujo Jeep Grand Cherokee.
El reto del crimen organizado en Michoacán a las autoridades es notable, tanto como para romper los hábitos de la discreta política de comunicación del Gobierno federal, basada en no dar publicidad a la lucha contra el crimen organizado para no realzar el problema. Así, este lunes, el procurador –o fiscal– general, Jesús Murillo Karam, que en los nueve meses que lleva en el cargo solo había dado dos ruedas de prensa, una por la explosión de la sede de Petróleos Mexicanos y otra por la detención de la sindicalista Elba Esther Gordillo, ha hecho una excepción y ha aparecido para informar de que el responsable del asesinato del vicealmirante es el cartel más poderoso de la zona, los Caballeros Templarios. Por ahora se desconoce si el ataque tiene relación con su cargo, pero el hecho supone un salto cualitativo en la escalada de narcoviolencia que ha sufrido Michoacán en el primer año de mandato del nuevo Ejecutivo.
Solo desde mediados de julio han muerto 29 personas en Michoacán a causa de la violencia del crimen organizado.
En su comparecencia, Murillo Karam precisó que tres personas que han sido detenidas por este atentado han reconocido que forman parte de los Templarios, una mafia que nació como escisión del cartel de la Familia Michoacana. La fiscalía ha informado de que los tres arrestados han dicho que su sueldo mensual dentro del cartel era de 7.500 pesos, unos 600 dólares. Los supuestos sicarios tenían cuatro armas largas y una corta, todas ellas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
En el ataque, además de Salazar, murió un escolta suyo y quedaron heridos su chófer y su esposa. Murillo Karam explicó que cuando se produjo la emboscada el alto mando iba por una carretera secundaria de Michoacán – donde había pasado un par de días de descanso – de camino hacia su destacamento en Puerto Vallarta, en el Estado vecino de Jalisco. En un principio, Salazar viajaba por la autopista México-Guadalajara pero al llegar a la altura de la caseta de Ecuandureo tuvo que tomar la vía alternativa en la que luego lo emboscaron. A su vehículo le dio el alto otra camioneta. Sus ocupantes iban vestidos de civil. Pidieron su identificación al grupo del vicealmirante y finalmente llegó otra camioneta que disparó contra ellos. El fiscal detalló que, durante el tiroteo, Salazar se echó al piso para cubrir el cuerpo de su esposa. El militar no iba uniformado.
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