El Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, señaló la gravedad de haber allanado la inmunidad parlamentaria al diputado de la Unidad Richard Mardo, con votación de mayoría simple, cuando la Constitución dispone mayoría calificada para este fin, con lo cual se abre la puerta de más y mayores violaciones al estado de derecho.
Zambrano reiteró que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa que tiene la intención de proteger al cuerpo colegiado y sus funciones, “no es un privilegio personal, sino una garantía constitucional de la independencia de acción de los diputados, destinada a evitar el uso del poder punitivo del Estado y de la persecución penal para apartar indebidamente a un Diputado de las tareas de legislación y, sobre todo, de control sobre el gobierno”. Es por esta razón primordial que la Constitución presupone la necesidad de los votos de las dos terceras partes de los asistentes a la sesión plenaria, de modo que la decisión trascienda la tendencia política de una fracción, favoreciendo la veracidad de los hechos que se le atribuyan al parlamentario cuestionado, y expresar a su vez la pluralidad y diversidad de la citada decisión, ya que está en juego un cargo de elección popular, no designado ejecutivamente.
El También Vicepresidente de AD resaltó además la importancia del respeto a la voluntad popular, asiento de toda democracia, en tanto se cumplan todos los extremos a la hora de señalar a un diputado como presunto responsable de delito. “Los electores son quienes a través del voto universal, directo y secreto, eligen a sus representantes dentro de la Asamblea Nacional, para que sea su voz, defienda sus intereses y le rinda cuentas sobre su gestión de forma periódica, como lo establece el artículo 66 de la Carta Magna. Y son los votantes quienes pierden la valía de su decisión cuando se despoja por de la inmunidad parlamentaria a su diputado simples motivos de cálculo político, violando la soberanía popular madre de toda democracia”.
Dentro del marco legal vigente, explicó, existen posibilidades de avanzar en investigaciones sobre un diputado que resulte sospechoso, como la propia creación de una comisión especial integrada del seno de la Asamblea Nacional, la cual puede avanzar en la solicitud de información a los entes públicos y pudiera recomendar o no la votación para el sometimiento a juicio del legislador que hubiera sido señalado.
“Cuando no se permite la defensa de un acusado, en cualquier escenario, se está contraviniendo todo el sistema de justicia del país, además se está sentando un nocivo precedente en cuanto a futuras actuaciones similares, donde se secuestra el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia en todo grado y estado del mismo, dejando a un lado las etapas preclusivas que establece la norma”, dijo.
El parlamentario por el estado Lara insistió en que la institución de la inmunidad parlamentaria cobra mayor fuerza en esquemas donde hay un exceso de responsabilidades y acciones en el gobierno central, “es preciso que se fortalezca la función legislativa que no se puede someter a los riesgos de una desprotección ante las amenazas provenientes tanto del Ejecutivo como de otros sectores sociales que asociados o no al Ejecutivo, fuerzas que pueden perturbar las actividades parlamentarias y, en consecuencia, torpedear la voluntad popular manifestada en la elección de sus representantes que, a diferencia de la figura presidencial, expresan la pluralidad de tendencias y concepciones presentes en la sociedad, siendo de tal magnitud la importancia de la inmunidad parlamentaria que constituye un privilegio procesal que sólo puede ser allanado en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a petición de la Fiscal General de la Nación”.