Fernando Mires: ¡Corrupción!

No hay ninguno, malditos sean todos, que no haya hecho lo mismo.

Mussolini y Hitler llegaron al poder en nombre de la lucha en contra de la corrupción. Prestamistas, especuladores y homosexuales corroían el corazón y las arterias de sus pueblos, decían ambos asesinos. Ellos en cambio habían sido enviados por la providencia para restaurar la pureza originaria representada en fornidos centuriones en el caso italiano, o en wagnerianas valquirias en el caso alemán. Franco, una variante, fomentaba la utopía de una república militar y cristiana, la santa alianza de los ejércitos y de los conventos, donde prevalecería la ira de Dios y sus soldados de la muerte, prestos a reivindicar a la nueva hispanidad.

Fieles alumnos transcontinentales, gentuza como Trujillo, Somoza, Batista, Videla y Pinochet, también declararon la guerra a muerte a la corrupción, proclamando el restablecimiento de las virtudes morales destruidas por los “señores políticos” (Pinochet dixit).

Fidel Castro, sujeto de la misma estirpe, hizo también de la lucha en contra de la corrupción su bandera. “Gusanos” denominó a todo quien no fuera castrista, metáfora elegida con diabólica maldad pues el gusano corroe madera, pudre manzanas, vive en los cuerpos de los muertos. No solamente los opositores, los homosexuales, fueron perseguidos como corruptos en Cuba. Muchos murieron en prisión, asesinados por heroicos torturadores, los “hombres nuevos” de la nueva moral.

Cada vez que un milico comenzaba a hablar de corrupción -me decía un escritor argentino- nosotros ya sabíamos que se estaba preparando un golpe de Estado. Efectivamente, no ha habido lugar en donde la lucha en contra de la corrupción no haya sido proclamada por militares o militaristas. La lucha en contra de la corrupción es, ya hay demasiados ejemplos, una ideología pre-dictatorial. De modo que, cuidado, cada vez que aparece un militar o un político que emprende una cruzada en contra de la corrupción, hay peligro de golpe militar, o algo muy parecido. No hay ninguna excepción que no confirme la regla.

O para decirlo en una frase: Cuando un gobernante exige atribuciones especiales en su lucha en contra de la corrupción, estamos al borde de algo mucho más peligroso. Estamos nada menos que al borde de la corrupción de la política.

Por supuesto, la corrupción, no solo la de los políticos, es deleznable. Por eso hasta las más precarias constituciones están provistas de mecanismos para neutralizarla. Empresa más exitosa entre los políticos, pues al ser personajes públicos están sometidos a vigilancia medial. No ocurre así en otros recintos de la vida social. No voy a hablar de los conventos -creo que se ha dicho todo- sino también de hospitales, empresas privadas, e incluso al interior de las más sagradas familias.

En fin, que el ser humano fue fabricado con madera carcomida (corrupta), como afirmaba Kant, no debe ser sorpresa. Razón por la cual, de acuerdo también a Kant, necesitamos de la ley y por cierto, de la política como medio para pacificar las más bárbaras costumbres. De ahí que cuando un gobernante, en nombre de la lucha en contra de la corrupción exige facultades extraordinarias, abrirá la puertas a la peor de las corrupciones, la de la propia política.

Convendrá quizás precisar, al llegar a este punto, que es lo que entiendo aquí por corrupción en política.

En términos generales se usa el término corrupción como sinónimo de venalidad. Venalidad a la vez significa interferir asuntos políticos con intereses económicos. La adquisición de bienes por medios ilícitos, transferencias de dinero, usos del erario público por un partido en el poder, son, entre muchos, casos de corrupción política.

No solo los regímenes populistas, tan divulgados en América Latina, han sido maestros en el ejercicio de prácticas corruptas: compra de conciencias y de votos, repartición de puestos públicos entre familiares y amigos, y múltiples casos de enriquecimiento, son partes del historial de diversos gobiernos. En cierto modo la corrupción moderna es la ocupación de los espacios de lo político por lo económico. En tiempos de globalización como los que vivimos, algo muy frecuente. Casi normal.

No obstante, eso no ha sido siempre así. La ocupación económica del espacio político, de acuerdo a la historia de la filosofía política, ha sido solo una entre muchas formas de corrupción, y no siempre la principal.

Para los griegos -siempre hay que comenzar con ellos- la corrupción era la negación de la virtud política, y eso significaba introducir elementos no políticos, como militares o domésticos, en la discusión sobre los asuntos de la ciudad.

De acuerdo a la filosofía aristotélica la corrupción era la negación de la política por los políticos y su forma más repudiable era la conversión de un gobernante en un tirano. En términos actuales, la forma superior de toda corrupción, la más grande de todas, de acuerdo a Aristóteles, sería una dictadura.

El padre de la filosofía moderna, Maquiavelo, tomó de los griegos la idea de la virtud política y la extendió al arte de la gobernación. La virtud, según Maquiavelo, era lo contrario a la fortuna, entendida como azar. Un gran príncipe era, por lo mismo, el que gracias a su virtud conquistaba un reino. Un príncipe afortunado era quien lo heredaba. Quienes heredan un reino, o quienes son ungidos por una autoridad son, según Maquiavelo, gobernantes propensos a la corrupción pues no actúan por virtud sino por fortuna.

La misma idea griega fue seguida por los filósofos contractualistas, sobre todo por Hobbes. Para Hobbes la tarea encomendada al Estado por sus súbditos era la de preservar el orden político por sobre el de la guerra. Una política sin Estado político significaba para Hobbes el regreso a la barbarie. La política estatal tenía por lo tanto una función civilizadora -salvar a la política de la guerra- tesis que recogió con énfasis Kant para quien la guerra no era la continuación de la política, como sí lo fue para Clausewitzt, sino su corrupción.

La filosofía política contemporánea se orienta, en el análisis del fenómeno de la corrupción, hacia dos tendencias. Una tomó forma en los escritos de Max Weber quien al dividir a los políticos entre “los que viven para la política y los que viven de la política”, creó las condiciones para que esta última especie -la del político profesional- fuese considerada como propensa a caer en las redes de la corrupción.

La otra tendencia tiene que ver con el intento de Hannah Arendt por volver al ideal político griego, aunque invirtiendo uno de sus términos. En efecto, así como para los griegos la corrupción venía del peligro de que lo privado ocupara a lo público, para Arendt el peligro mayor es que la política, que debe ser siempre pública, ocupe el lugar de lo privado. La ocupación total de lo privado por lo público es, según Arendt, el totalitarismo. La ocupación parcial de lo privado por lo público es, en consecuencias, el signo que señala el comienzo del desbarranco de la política como medio de convivencia ciudadana. O en mis palabras, de la corrupción de la política.

Hannah Arendt estaba muy de acuerdo con Aristóteles: no hay corrupción más grande en la política que una tiranía, mucho más si se trata de una totalitaria. Signos totalitarios son entre otros, vigilar la vida privada -sobre todo sexual- de los ciudadanos, introducir micrófonos en sus domicilios, interceptar cartas y correos electrónicos, fotografiar encuentros personales.

Si un gobierno democráticamente elegido emplea esos medios y a la vez exige poderes omnímodos para encabezar una cruzada en contra de la corrupción, está preparando definitivamente el camino hacia una dictadura. Y si ese gobierno más que apoyarse en la legitimidad de los votos se apoya en la de las armas, quiere decir simplemente que la dictadura de hecho, aunque no de jure (la verdad, no hay dictaduras de jure) ya está siendo instalada. En nombre de la lucha en contra de la corrupción, ese gobierno intentará criminalizar a toda la oposición.

Grosera ironía. Quien más ha corrompido la política violando la constitución de su país, quien más ha corrompido el lenguaje político, quien más corrompe la vida ciudadana insultando y ofendiendo a todo quien se le oponga, quien más viola la vida privada, quien se ha erigido en campeón de la homofobia, quien permite que todas las instituciones de su nación hayan sido degradadas a oficinas ejecutoras del gobierno, quien contempla impertérrito como el parlamento es convertido en una guarida de matones cuya sola presencia infunde miedo, quien ha corrompido a la política en todas sus formas y quien después de todo eso quiera concentrar para sí todo el poder en nombre de una lucha en contra de una corrupción de la cual él es su representante oficial, todo eso -y más- es algo que no tiene parangón en los anales de la historia latinoamericana. Y vaya, eso es más que demasiado.

No es que en América Latina los políticos sean más corruptos que en otras regiones. El rol de las mafias en la política italiana -no hablemos del caso Berlusconi- es más que conocido. Los pantanos de corrupción en que han caído el PSOE y el PP en España son profundos. Los escándalos políticos alemanes, desde el caso Barschel, pasando por el de las “donaciones” durante el gobierno de Kohl, hasta llegar a la caída del presidente Wulf, han dado la vuelta al mundo. Pero en ninguno de esos tres países, ni desde el gobierno ni desde la oposición, se levantó jamás una sola voz reclamando poderes excepcionales para combatir a la corrupción. La Constitución basta y sobra.

Con toda seguridad a los políticos de los tres países mencionados todavía no se les olvida que a Mussolini, Hitler y Franco les fueron concedidos esos poderes y todos saben lo que después pasó. La diferencia entonces no reside en que los europeos sean más o menos corruptos que los latinoamericanos. La diferencia es que los primeros han aprendido de la historia y algunos latinoamericanos todavía no.