El País: La televisión venezolana inicia su definitiva domesticación, caso Globovisión “presión y censura”

Todas las tardes, entorno a las 18:00 horas, el canal de noticias Globovisión transmitía Aló, Ciudadano. Conducido por Leopoldo Castillo -un veterano abogado y exembajador de Venezuela en El Salvador durante el Gobierno del socialcristiano Luis Herrera Campins (1979-1984).-, el programa era de obligatoria consulta tanto para sus fieles seguidores como para la competencia. Castillo daba las noticias de última hora, presentaba a sus protagonistas y analizaba la actualidad con un estilo teatral que fue recompensado con muchos anuncios y una buena cantidad de fieles. El viernes pasado, el ciclo de doce años culminó de repente con la tormentosa salida de Castillo. Este martes, en su horario, la cadena transmitía un viejo documental sobre la felicidad de los duques de Cambridge por el nacimiento de su primogénito. Toda una declaración de intenciones de la nueva junta directiva.

Alfredo Meza / El País

Este mismo martes, otros cinco periodistas –Roberto Giusti, María Elena Lavaud, María Isabel Párraga, Román Lozinski y Gladys Rodríguez- renunciaron a su puesto en la emisora completando así una verdadera desbandada que comenzó a mediados de abril, cuando el negocio pasó a capitales cercanos al chavismo. Todos los despidos y retiros voluntarios responden al cambio de timón de las nuevas autoridades, que están empeñadas en rebajar el combativo perfil de la cadena. Globovisión es actualmente la contracara de lo que fue: un canal anodino y cuidadoso de no provocar la ira del Gobierno de Nicolás Maduro.

Desde que se conociera la venta de la cadena, a principios del mes de marzo, se han marchado 18 personas, entre productores, entrevistadores y anclas, en medio de escándalos menores y mayores y de un fuerte reclamo de su audiencia. Todos eran rostros principales del único medio audiovisual venezolano que sólo transmite noticias. “Estamos presenciando el desmantelamiento del último canal informativo e independiente de Venezuela”, afirma la periodista Ana Karina Villalba en una entrevista con este periódico. La última emisión de su espacio Tocando Fondo no fue transmitida por presiones de los responsables de la seguridad ciudadana en Venezuela, quienes – según Villalba – no pudieron justificar durante el programa alarmante incremento de la delincuencia en la era chavista.

El episodio aludido por Villalba se suma a la existencia de una supuesta lista negra de periodistas de opinión. La directiva ha negado esa versión argumentando que las puertas del canal están abiertas a todas las corrientes del pensamiento. Villalba dice haberla visto para cumplir con las nuevas exigencias de los nuevos jefes: hay voceros que no son bienvenidos en esa cadena. También los temas y su enfoque debían contar con la anuencia final de la directiva a través de la gerencia de producción.

No era sólo el visto bueno de un superior, sino una orden disfrazada de sugerencia para indicar las preguntas a un invitado o el tono de un programa. Esto último le consta al narrador de noticias Román Lozinski. En medio de la reestructuración de la programación, él era el candidato para conducir un late show de entrevistas, pero le pusieron una condición. Sus invitados no debían hacer denuncias. Según su versión, el presidente de la emisora, Juan Domingo Cordero, le habría dicho una frase que consideró lapidaria: las denuncias eran cosa de la gestión anterior. De la vieja Globovisión. “Yo no puedo depender de lo que diga un directivo para trabajar”, ha asegurado Lozinski a este medio.

En cierto modo, esa postura fue una sorpresa para él. De la denostada nueva junta directiva Lozinski apreciaba que hubiera limado asperezas con el Gobierno, porque le daba la posibilidad de tener en el noticiero a un compañero transmitiendo en directo los actos de Maduro. Después del golpe de Estado de 2002, al canal se le cerraron las opciones de entrevistas a ministros o diputados. Sus reporteros no eran invitados a las conferencias de prensa organizadas por el chavismo o eran golpeados por simpatizantes oficialistas. El presidente Hugo Chávez acusaba a los anteriores dueños –Nelson Mezerhane, Guillermo Zuloaga y Alberto Federico Ravell- de participar en el movimiento que aquel año lo derrocó durante 72 horas. Todo formaba parte de una caracterización generalizada de los gobiernos de la era chavista. Según esa opinión, los medios privados legitiman un relato de dominación burguesa contrario a los intereses de la revolución bolivariana.

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