Con la salida del aire del espacio de opinión y entrevistas más polémico del canal de Noticias Globovisión, los adversarios del gobierno socialista venezolano perdieron lo que para muchos era su última tribuna crítica en la radio y la televisión, y ahora enfrentan el reto de buscar otras opciones para sortear la presunta censura por parte de medios que buscan evitar disputas con el poder.
Por JORGE RUEDA, Associated Press
Leopoldo Castillo, uno de los directores del canal y conductor del espacio de opinión “Aló, Ciudadano”, sorprendió a sus seguidores al anunciar 16 de agosto que su programa no saldría más al aire.
Castillo había pasado a formar parte de la directiva del canal en mayo, cuando se concretó la firma de los documentos de venta del canal entre el antiguo propietario Guillermo Zuloaga y los nuevos accionistas.
Castillo, que llegó al canal hace 12 años, indicó al asumir el cargo de directivo que su permanencia estaba condicionada a que este mantuviese su independencia editorial y ante cualquier viso de censura se iría.
Su salida molestó a muchos, entre ellos al menos una docena de periodistas prominentes que renunciaron y acusaron a la directiva del canal aplicar censura.
“Estamos ante la amenaza más seria que ha sufrido la libertad de expresión en los últimos tiempos, y no es porque sea Globovisión. Es porque Venezuela, en el momento más crítico de su historia política, se está quedando sin medios libres y a merced de una sola visión de país”, dijeron en el comunicado, entre otros, los periodistas Román Lozinski y Gladys Rodríguez.
“Progresivamente hemos visto cambios y condiciones inaceptables para el libre ejercicio de nuestra profesión”, señalaron.
“La promesa básica del equilibrio… se ha convertido en censura a noticias y programas, lista negra de invitados, intentos de imponer preguntas a algunos periodistas, irrespeto a la integridad, menosprecio al ejercicio profesional e injustificado desequilibrio a favor del gobierno en el balance de los espacios de noticias”, agregaron.
La partida de Castillo coincidió además con el retiro de pantalla del programa “Radar de los barrios”, dedicado a la denuncia de los problemas en las barriadas más pobres del país, conducido por el periodista Jesús Torrealba.
“Había un rumor, cuando pedí hablar con la directiva, se me dijo que mi programa no era congruente con la nueva línea editorial “, dijo Torrealba a la AP en una entrevista telefónica.
“Debo decir que hay libertad de expresión en Venezuela, pero ejercerla tiene un alto costo”, agregó.
La ola de renuncias forzó al canal a llenar sus espacios con programas internacionales, en particular de CNN.
Los nuevos propietarios de Globovisión, sin mencionar las denuncias de censura, han dicho por escrito que quieren que el canal tenga el “empeño en mantener una pantalla que informe veraz y oportunamente, con objetividad e imparcialidad”. Ellos no respondieron a los reiterados intentos de la AP para buscar comentarios.
Globovisión se convirtió en 2007, después de la desaparición de Radio Caracas Televisión (RCTV), en el único canal alineado con la oposición al gobierno del entonces presidente Hugo Chávez y del actual mandatario Nicolás Maduro, electo en los comicios del pasado 14 de abril.
RCTV cesó sus transmisiones después que el gobierno de Chávez se negó a renovarle la licencia alegando que apoyó la intentona golpista de 2002.
En el país funcionan además las estaciones privadas Venevisión, Televen, Canal I y La Tele, todas de tendencia neutra. Estás se declararon neutrales en un aparente intento de no sufrir la suerte de RCTV.
El gobierno maneja de forma directa otros cuatro canales más la cadena regional de noticias Telesur.
El ex candidato presidencial Henrique Capriles y algunos antiguos periodistas de Globovisión ven en Internet y Twitter el modo de esquivar los amplios controles gubernamentales sobre la radio y la televisión.
Capriles, que ha dicho que los nuevos dueños de Globovisión están vinculados al oficialismo y que ordenaron limitar sus presentaciones en vivo en la televisora, comenzó a emitir a mediados de junio pasado un programa de televisión por internet, argumentando que busca esquivar “la dificultad que tenemos de poder comunicarnos en vivo con todos los venezolanos”.
Los nuevos propietarios de Globovisión han rechazado esos señalamientos.
Otro de los periodistas que renunciaron, Roberto Giusti, en un programa audiovisual transmitido por Internet, afirmó que “Nunca fui presionado. Nunca recibí propuesta deshonesta o presión alguna” en el canal. “De haberla recibido hubiese renunciado al instante. Es imposible trabajar con censura”.
“Sin embargo, me pareció inaceptable el cierre de seis programas fundamentales en menos de tres meses. Se le dio un golpe mortal a la columna vertebral del canal. Se les faltó el respeto”, agregó en entrevista divulgada por el portal de Internet Lapatilla.com.
Capriles ha dicho que la compra de Globovisión y de otros medios privados del país, así como el “acoso judicial contra la prensa” el diario El Nacional y su director Miguel Henrique Otero, sería parte de un plan del gobierno de Maduro para “invisibilizar” a la oposición.
El 30 de julio, un tribunal local por solicitud de la Fiscalía General congeló las cuentas bancarias y prohibió enajenar y gravar bienes a Miguel Henrique Otero, presidente-editor de El Nacional, a quien otro tribunal investiga por adeudarle supuestamente 3,5 millones de dólares al ex alcalde metropolitano de Caracas y también un ex director del diario, Alfredo Peña.
Otero catalogó la medida como un intento infundado y flagrante de censura.
Un tribunal más tarde prohibió al diario la publicación de imágenes de contenido violento, armas, agresiones físicas, sangrientas y cadáveres desnudos, y le impuso una multa millonaria por difundir en 2010 una polémica fotografía en la que aparece un grupo de cadáveres apilados en la morgue capitalina. Otero no ha revelado el monto, y sólo dijo que era “una multa millonaria”.
Las recientes acciones contra medios críticos del gobierno y dirigentes políticos han sido consideradas por la oposición como una “persecución política” que estaría impulsado el gobierno de Maduro para tratar de desviar la atención de los graves problemas que enfrenta en la país de cara a las elecciones de alcaldes y concejales del 8 de diciembre.