En un influyente ensayo de 1997, Fareed Zakaria acuñó el término «democracia iliberal» para describir a los países que celebran elecciones (de imparcialidad variable) para elegir a sus líderes, pero restringen las libertades civiles y políticas. En esa época éstas eran prácticas especialmente comunes en Asia y África, con una concentración importante de democracias iliberales en los países de la ex Unión Soviética.
Zakaria describió la democracia iliberal como una «industria en crecimiento» y estaba en lo cierto: en los últimos 15 años ha desembarcado con pleno vigor en América Latina.
Esto puede resultar sorprendente, porque la mayoría de los países al sur del Río Bravo –Río Grande para los estadounidenses– pasaron de dictaduras de derecha a democracias en las décadas de 1980 y 1990. Algunas de esas democracias eran inicialmente imperfectas, por cierto, pero los optimistas esperaban que se era cuestión de tiempo hasta que todas las elecciones llegaran a ser justas y desaparecieran completamente las restricciones a las libertades civiles.
Tal cosa no ocurrió. Por el contrario, la calidad de la democracia se ha deteriorado bruscamente en varios países de la región. El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue el principal exponente de esta tendencia iliberal. Según Freedom House, un organismo que documenta amenazas a la democracia, en las elecciones de 2012 «el candidato de la oposición, Henrique Capriles, pudo convocar concentraciones y participar en formas tradicionales de campaña». Pero «Chávez contó con el beneficio del uso masivo de los recursos estatales, que le permitieron dominar los medios para lograr una presencia veinticinco veces mayor, distribuir artículos de hogar entre los electores y convencer a muchos votantes de que el Estado podía castigarlos por votar por la oposición».
Aproximadamente lo mismo –junto con acusaciones de amplias irregularidades en el recuento de votos– puede decirse de la reciente elección post muerte de Chávez, que instaló a su sucesor designado, Nicolás Maduro.
La libertad de prensa también está empeorando. En otro informe, Freedom House indica que el número de países latinoamericanos clasificados como «no libres» en relación a los medios ha llegado a su máximo nivel desde 1989. El informe resalta el deterioro en Paraguay (donde un «golpe parlamentario» destituyó a un presidente electo) y Ecuador, donde el gobierno del presidente Rafael Correa retiró «la publicidad oficial de los medios de propiedad privada que critican al gobierno» y «limitó la cobertura mediática de las campañas electorales». También se ha involucrado en «acosos legales y regulatorios, e intimidación física a periodistas».
Argentina es otro país donde los periodistas están a la defensiva. Una ley de 2009 orientada a diversificar la propiedad de los medios de comunicación ha sido usada para presionar a aquellos que critican a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recientemente, los partidarios de Fernández en el Congreso procuraron aprobar una ley que habría limitado la independencia del poder judicial y repletado sus niveles superiores con partidarios del gobierno, pero la Corte Suprema del país invalidó esa ley por inconstitucional.
Las políticas y prácticas democráticas iliberales están presentes en casi toda Latinoamérica: un sistema electoral repleto de distortiones en Chile, la violencia persistente en México y Colombia, y la corrupción endémica entre los legisladores brasileños limitan la capacidad de los ciudadanos para expresar sus opiniones eficazmente e influir sobre las políticas.
Pero los populistas de izquierda influidos por Chávez –quien gobernó Venezuela durante 14 años– han perfeccionado una práctica especialmente iliberal: forzar las normas constitucionales para permitir su reelección una y otra vez. En Bolivia, la nueva constitución del presidente Evo Morales prohibió en 2009 la reelección en un tercer período consecutivo, pero ahora el Tribunal Constitucional le ha permitido presentarse como candidato, bajo la premisa de que el Estado boliviano ha sido «refundado». Los períodos anteriores de Morales, según este razonamiento, tuvieron lugar en un Estado diferente y, por lo tanto, no cuentan para los límites actuales.
En Ecuador, Correa usó el mismo truco desde el primer momento: su constitución de 2008 afirmó explícitamente que sus presidencias anteriores no le prohibían buscar la reelección. Este ardid le permite continuar en el poder hasta 2017.
De manera semejante, en Nicaragua –al igual que Ecuador, parte de la esfera de influencia venezolana– la Corte Suprema decidió que el presidente Daniel Ortega puede volver a presentarse como candidato, incluso cuando muchos especialistas legales opinan lo contrario. En Argentina, Fernández y su fallecido marido, Néstor Kirchner, retuvieron el poder conjuntamente durante 12 años y aún no está claro si ella intentará enmendar la constitución para buscar otra reelección en 2015.
El fenómeno de la reelección cuasi-constitucional se ha difundido tanto en Latinoamérica que el profesor Héctor Schamis, de la Universidad de Georgetown, lo ha apodado «el nuevo autoritarismo» en la región.
Otros líderes electos en Latinoamérica se han mostrado curiosamente tolerantes ante esas prácticas antidemocráticas. Los discursos en las cumbres regionales pueden durar horas, pero rara vez nincluyen una mención al deterioro de la democracia. Capriles, quien afirma que le fue robada la victoria en la elección reciente, estuvo hace poco en Chile, pero el presidente Sebastián Piñera solo accedió a reunirse con él en una cena privada, no en una reunión oficial en el Palacio de la Moneda. La ex presidenta chilena Michelle Bachelet, favorita para las próximas elecciones presidenciales en noviembre, no se reunió con Capriles debido a «problemas de agenda».
El dictador chileno Augusto Pinochet gobernó durante 16 años en nombre de la «democracia autoritaria» y luego intentó legar lo que llamó una «democracia protegida». Los actuales aspirantes a hombre fuerte hablan de democracia «popular» o «bolivariana». Los tiempos han cambiado, pero algo sigue igual: la verdadera democracia no necesita apellidos.
Traducción al español por Leopoldo Gurman
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Andrés Velasco, es ex ministro de finanzas de Chile. Es profesor visitante en Columbia University’s School of International and Public Affairs.