Gonzalo Himiob Santomé: Habilitando desesperos

Publicado en: Opinión

Comencemos por lo esencial: Aun cuando la propuesta de una nueva ley habilitante viniese adornada con las más altruistas y sanas intenciones, es francamente ingenuo, por no decir estúpido, seguir pensando que fenómenos delictivos como el de la corrupción pueden combatirse haciendo precisamente lo que les da origen, que no es otra cosa que concentrar, contra lo que disponen la Constitución y las leyes, cada vez más poder en menos manos.

Maduro propone una habilitante, y se apresta a exigirla a la AN “con el pueblo a su lado”, disfrazando de ovejitas a sus lobunas intenciones y sabiendo, porque lo sabe, que si quiere luchar en verdad contra la corrupción no van por ahí los tiros. Si quiere acabar con la corrupción, más fácil, eficaz e inmediato sería, por ejemplo, sacar de una vez y para siempre de sus puestos de poder a más de uno de sus adláteres, a esos que desde hace tiempo se están lucrando del erario público sin que nadie les ponga coto. “No me den, pónganme dónde haya”, reza un dicho muy popular entre los corruptos de nuestra nación. Ahí tiene usted la clave Maduro, a los corruptos no les dé, quíteles, y además sáquelos de esos puestos en los que usted mismo, y Chávez antes de usted, los colocaron; destitúyalos de inmediato de “dónde hay” plata y guisos fáciles, y sustitúyalos por personas probas y honestas, y ya habrá ganado usted la batalla contra el flagelo de la corrupción en muy corto plazo sin tener que recurrir a las triquiñuelas de la habilitante y sin violar la Constitución.

Luego puede abrirles a los felones, conforme a las leyes que ya están vigentes y que sí resultarían aplicables a los hechos ejecutados hasta ahora, las investigaciones penales de rigor (recuerde que la Bolivariana dice que las leyes penales no tienen efectos retroactivos, salvo que resulten más favorables a los justiciables), buscando que después de un debido proceso resulten castigados; pero de momento esa medida que le propongo, inmediata y sin mayores dificultades, sería mucho más efectiva que cualquier habilitante. Cuando lo haga, persígalos eso sí como lo que son, por cercanos que hayan sido a Chávez o a usted mismo, como verdaderos criminales, sin escatimar recursos legales y constitucionales ni severidad, y verá usted cómo acaba con la corrupción en menos de lo que le canta un pajarito.

¿Qué es lo que ocurre entonces? Si la lucha contra la corrupción no necesita nuevas leyes, y si puede comenzar por el saneamiento, inmediato y eficaz, de las instituciones, ¿por qué Maduro no empieza entonces por ahí, sacando de su gobierno a esos corruptos descarados que todos conocemos y que ya ni siquiera se toman el trabajo de disimular sus dineros mal habidos? Si fuésemos ingenuos, podríamos pensar que se trata de una mala asesoría, que no es poco común en el gobierno “revolucionario”, pleno como está de “lumbreras” trasnochadas que no hacen más que reeditar modelos fracasados. Pero no, este gobierno, al igual que el de Chávez en su momento, no da puntada sin dedal: Es evidente, que tal y como ocurrió durante la mal llamada “Cuarta República” con la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, el gobierno pretende ahora lograr con su propuesta, por una parte, el efecto, declarado, pero meramente simbólico, de hacer creer al pueblo que tiene buenas intenciones y que viene avalado por una supuestamente firme –pero absolutamente ilusoria- voluntad política en lo que a la lucha contra la corrupción se refiere.

Si Maduro quisiera en verdad luchar contra la corrupción, no le haría falta este espectáculo. Ya tiene las leyes y el poder político para hacerlo, pero más le interesa tener más poder, y ponerse sobre la palestra como un adalid en brillante armadura en defensa del patrimonio público y de la moral nacional, que lograr en realidad resultados concretos. Es un truco barato para tratar de ganar algo de aprobación popular, y nada más.

También busca Maduro con su propuesta de una nueva habilitante varios otros efectos no declarados, soterrados, pero sí palpables y muy peligrosos. En primer término, busca reafirmarse en el poder “robándole” literalmente, y casi que a “mano armada” y bajo amenazas, a la AN la potestad legislativa. No puede delegarse al Poder Ejecutivo la legislación en materia penal, y eso no escapa al conocimiento de Maduro. Si bien es cierto que la Constitución faculta al presidente para dictar, previa ley habilitante, decretos con fuerza de ley (Art. 236, Num. 8º) esto no convierte a tales decretos en “leyes” en sentido estricto. La ley, no los “decretos leyes”, que son de entidad y características distintas, es la única capaz de crear delitos y penas. Nuestra Constitución indica (Art. 187, Num. 1º), que es competencia exclusiva de la AN crear las leyes sobre las materias de interés nacional. También nuestra Carta Magna define (Art. 202) claramente lo que es la ley, y la consagra como el “…acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador…”. Dispone además (Art. 49, Ord. 6º) que nadie puede ser sancionado por delitos, faltas o infracciones que no hayan sido previstos como tales en leyes preexistentes, que no en “decretos leyes” u otras normas de rango sub-legal.

Así las cosas, Maduro no puede meterse con la materia penal, ni siquiera habilitado, pero eso no le amilana puesto que lo que le interesa, en realidad, es contar con más armas inconstitucionales para disfrazar de persecución contra “la corrupción” sus írritos afanes, reales y visibles, contra la oposición.

Otro objetivo que persigue es el de darle un “respiro” a muchos de sus áulicos, que últimamente han venido sufriendo las consecuencias de sus exhibicionistas y muy poco socialistas derroches. Pretende sustituir el patético espectáculo que nos están dando los muy capitalistas “boliburgueses” con otro “show”, pretendidamente “popular”, en el que el “pueblo”, de la mano de su “líder ungido”, hace frente contra la corrupción. Pero no, por supuesto, contra “toda la corrupción”, sino contra la que el “líder máximo” decida que es tal, sobre la base de sus propios y personales intereses.

Allá por 1985, cuando se promulgó la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, los corruptos de antes hicieron lo mismo que los corruptos de ahora: Por una parte mostraban arteros una “novísima” y “eficaz” ley contra la corrupción, y por la otra consagraban en la misma los mecanismos (como la posibilidad de ser juzgados “en ausencia”, ya prevista en la Constitución de 1961) que les permitían a ellos mismos, que se pagaban y se daban el vuelto, escapar impunes de cualquier pretensión punitiva hasta que prescribieran las acciones en su contra.

Antes, como ahora, puro espectáculo y pura farsa. Tanto renegar del pasado para terminar muriendo en las mismas orillas. La inflación, la inseguridad y tantos otros males se comen al gobierno, pero Maduro no responde trabajando en lo que debe sino pidiendo que se le habilite el desespero. Mala cosa, para todos.

@HimiobSantome

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