El cuerpo de Teodoro Osman, pemón de La Paragua desaparecido el pasado 29 de agosto, apareció este jueves en las cercanías del Salto Auraima, entre medio y alto Paragua.
Clavel A. Rangel Jiménez / Correo del Caroní
Osman pertenecía a la comunidad de Bethel del mismo sector, municipio Angostura del estado Bolívar.
Los familiares presumen que fue asesinado por la mafia minera del sur oeste del estado Bolívar, narcotraficantes que -según la comunidad pemón- han tomado nuevamente el control de la zona en territorio indígena.
“Estos actúan impunemente en ausencia de los agentes de seguridad y orden. Esto significa que los miembros de las comunidades indígenas del alto y medio Paragua están muy inseguros y vulnerables con o sin presencia de militares”, denunció este jueves en la noche el ex capitán Alexis Martínez, sometido a un juicio en un tribunal militar por el desarme de soldados en el 2011.
Martínez asegura que “si no son los militares quienes los atropellan, son los irregulares y las mafias mineras narcotraficantes los que toman el control”.
La comunidad de La Paragua exige al Gobierno que investigue el caso, “porque de no asumir las instituciones de seguridad, nos veremos en la obligación de organizarnos nuevamente para la defensa de nuestros derechos y combatir la inseguridad en nuestras comunidades”, advirtió.
Martínez espera que la alcaldesa, los concejales y los presidentes de las dos federaciones indígenas lleguen hasta el lugar a buscar una solución a las denuncias de los pemones.
Osman trabajaba en la zona minera de Musak Pa, el mismo lugar en el que en octubre de 2011 los indígenas desarmaron a 19 soldados que, presuntamente, estaban ejerciendo la minería ilegal en sus tierras y sometiéndolos a vejaciones. La medida obligó que el general Henry Rangel Silva, entonces ministro de la Defensa, se trasladara hasta la zona para negociar la liberación de los soldados y prometer la desmilitarización.
Luego en enero de 2012, un enfrentamiento entre bandas dejó seis muertos en la mina Manaza, también en La Paragua. Aunque los mineros del sector aseguraron que hubo más muertos en la masacre, el Gobierno desmintió la denuncia luego de una inspección en la que sólo participaron militares.
Por la masacre fueron imputados ocho hombres y por el desarme de los soldados sometidos a juicio -en una instancia- cuatro indígenas pemones.