Campaña para proteger embriones humanos supera 1 millón de apoyos

La organización “Uno de Nosotros” (“One of Us”) ha reunido el millón de firmas necesarias para activar una propuesta legislativa destinada a prohibir la financiación de investigaciones científicas que impliquen la creación o destrucción de embriones humanos, informó hoy la Comisión Europea (CE).

Los impulsores de esta Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) han sobrepasado el citado número mínimo de apoyos provenientes de al menos siete Estados miembros diferentes, condiciones necesarias para poner en marcha el proyecto legislativo, señaló el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El vicepresidente de la CE y responsable de Relaciones Institucionales y Administración, Maros Sefcovic, felicitó a los organizadores por el “gran logro” de la colecta de firmas, aunque señaló que éstas “aún deben ser verificadas” por la Comisión.

La iniciativa impulsada por “Uno de Nosotros” pide a las instituciones comunitarias la protección del ser humano desde su concepción, y cuenta con el apoyo de la práctica totalidad de las organizaciones provida y profamilia de Europa y de políticos como el eurodiputado popular español Jaime Mayor Oreja.

En el área de la investigación, los firmantes piden que se impida el apoyo económico de actividades dirigidas a la clonación humana, modificación de la herencia genética, creación de embriones humanos para investigar o para obtener células madre y todas aquellas acciones que supongan su destrucción.

Asimismo, en el área de cooperación al desarrollo, exigen que la ayuda no se utilice para financiar el aborto ni se destine a organizaciones que lo promuevan.

Se trata de la segunda iniciativa ciudadana europea que alcanza el millón de firmas, destacó Sefcovic, lo que a su juicio demuestra que este instrumento legislativo “está funcionando como se esperaba y está propiciando debates sobre asuntos que son importantes para los ciudadanos”.

Una vez que la CE verifique que se han cumplido los requisitos, la iniciativa debe ser oficialmente enviada por sus impulsores, y a continuación el Ejecutivo comunitario contará con un plazo de tres meses para dar una respuesta a los ciudadanos y decidir si inicia el proceso legislativo, que podría culminar con la promulgación de una nueva norma europea.

La ICE se puso en marcha a mediados del año pasado, y la primera propuesta presentada con el apoyo de un millón de firmas fue una que defiende el derecho al acceso al agua como “bien público” en lugar de como bien comercial, según recordó la CE. EFE