“Transparencia y veracidad ausentes en medidas económicas adoptadas por el Gobierno”

“Transparencia y veracidad ausentes en medidas económicas adoptadas por el Gobierno”

Runrun.es/Foto Referencial

Sobre la base de lo que ha sido su experiencia como miembro de la Comisión de Finanzas donde ha sido pertinaz en sus observaciones y críticas, a la forma desmesurada como el Ejecutivo ha dispuesto manejar los ingentes recursos de la Nación, la diputada Vestalia Sampedro, ofrece sus consideraciones acerca de las causas de la falta de divisas, lo que ha sido el desmantelamiento progresivo del aparato productivo nacional y el incremento de la dependencia del petróleo y las exportaciones, que hoy castigan a la población con las peores consecuencias, inflación y escasez de productos básicos, causas sobre las que -según destaca- no se estarían tomando verdaderos correctivos. Nota de Prensa

“Venezuela continuara moviéndose en un círculo de la pobreza. La actitud del gobierno frente a la situación que atraviesa el país equivale a tomar una aspirina cuando se padece un cáncer”, asevera la diputada Vestalia, en un análisis de las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo nacional, en su intento no contener los embates de la crisis económica, sino mantener lo que ha sido su estrategia para mantenerse en el poder: la política de subsidios dentro de su esquema de “distribución de la riqueza petrolera”, que lo ha llevado hasta imprimir dinero inorgánico y a endeudarse, señala, comprometiendo nuestro futuro, con tal de sacar provecho político del estado de necesidad en que quedó el pueblo, a causa también de las malas prácticas de gobiernos anteriores, pero que hoy son profundizadas por el socialismo.

Esta política social naturalmente ha sido acogida y celebrada por el pueblo, sobre todo los sectores más vulnerables que se sienten reivindicados, porque les ayuda en la asistencia de necesidades de alimento y atención primaria de la salud, pero, que no llegan a todos, generando otros tipo de exclusión, desigualdades y discriminación, son para unos pocos en detrimento de otros, y no son sostenibles en el tiempo. Esto se evidencia en la pérdida de la capacidad de compra del sueldo mínimo que asignan a pensiones y becas por más que las intenten incrementar, más la falta de insumos en centros de salud pública, extendida a escuelas y demás instituciones dependientes del Estado. Esta política debía ser acompañada de desarrollo manufacturero, e industrialización de todos los sectores para generar riqueza más allá de la petrolera. Este modelo ha sido incapaz de multiplicar y aprovechar los recursos naturales y humanos que heredó porque escogió un mal camino y agotó lo existente.





Entonces lo primero que debemos examinar son las políticas públicas socialistas, desacertadas para satisfacer las necesidades del pueblo, pero exitosas para atornillarse en el poder porque le dan capacidad de controlar política y económicamente a todos los sectores, por medio de las regulaciones, la intervención estatal, la manipulación del necesitado, el soborno, el chantaje, el perverso recurso de jugar con la necesidades de empleo, vivienda, alimento, acceso a bienes, entre otros.

El origen

Bajo ese esquema ideológico, el Gobierno ideó insertar entre nosotros la “lucha de clases”, aprovechando la distinción entre ricos y pobres existente como arma política, valiéndose de ésta para acentuarla, declarando enemigo al sector privado y justificar sus ataques a la propiedad privada, con las expropiaciones y estatizaciones a empresas que fueron productivas y que ahora en manos del Estado ni siquiera se autofinancian, ahuyentando con ello la inversión nacional y extranjera e iniciando la destrucción del aparato productivo.
En cuanto a las finanzas públicas, diseñó la denominada “nueva arquitectura financiera del Estado”, que no es otra cosa que saltar la Constitución, modificando y manipulando leyes que prohíben el manejo discrecional de recursos, a objeto de garantizárselos al Ejecutivo, reservándole la mayor suma proveniente de la renta petrolera, y directamente de nuestros bolsillos (IVA+ISLR), con la invención de Fondos públicos paralelos al Tesoro Nacional, que no son sancionados, ni controlados por la Asamblea Nacional u otro organismo, cuya administración ha permitido el desvío de dólares a otros países, regalos, donaciones, etc y le permitieron aumentar notablemente el gasto con el objetivo de posicionar al oficialismo durante las distintas campañas electorales, acciones que hoy pasan factura y conforman el déficit que arrastramos.

En este orden, modificó la ley del BCV para poner tope a las reservas internacionales y permitir las sucesivas transferencias de lo que llama “reservas excedentarias”, desde el famoso “millardito”, hacia esos fondos, contribuyendo a la expansión del gasto y al agotamiento de recursos; causa de de que actualmente sólo queden de 1.500 a 2.000 millones de dólares de reservas operativas. Cabe señalar que si bien argumentan se hicieron algunas obras, el pueblo sabe que la gran mayoría no han sido concluidas, mientras los recursos fueron 100% desembolsados, como es el caso de los proyectos del FONDEN (el gran receptor de fondos públicos), sin que hasta ahora se haya rendido cuentas.

Entonces, con propiedad podemos afirmar que esa arquitectura facilita las condiciones de poca transparencia en el manejo de finanzas, causa del despilfarro, alta corrupción impune y crecimiento desmedido de un gasto público muy superior a los ingresos que produce el Estado. Así como también al crecimiento del endeudamiento para tratar de financiar el enorme déficit. De este endeudamiento, uno de los más altos es el de PDVSA que alcanza 408 millones de bolívares y que ha impedido la inversión que debió hacer la petrolera para aumentar su producción, habiendo llegado en algunos casos, a la importación. También no dejamos de señalar la merma que ha causado sobre los ingresos públicos, los convenios de venta preferencial de petróleo y otros acuerdos, lesionando el patrimonio de los venezolanos.

La falta de solidez de nuestra moneda frente al dólar

Otra consecuencia de las políticas públicas socialistas, ha sido mantener artificialmente el valor del bolívar, haciéndola barata, punto neurálgico del estancamiento de la producción nacional, gracias a la aplicación de un conjunto de leyes que encarecen todo el proceso e incapaz de competir con la capacidad de importar barato; quebró al productor nacional, convirtiendo al Estado en agro importador, sin éxito porque son grandes las pérdidas y descomposición de alimentos y otros productos en los principales puertos del país.

A este punto, tenemos un Estado que intervino al sector privado no para regular sino para desaparecerlo y asumir su lugar, sin contar con la gerencia y conocimiento necesario para “convertir en oro lo que toque”, por el contrario ha demostrado ser incapaz e improductivo.

La falta de calidad y colocación de los productos que generaban los sectores intervenidos en la agroindustria principalmente, han incidido en el desabastecimiento actual, obligando al gobierno a convertirse en el mayor importador del país para llenar vacíos de productos, es así como rubros donde antes fuimos exportadores hoy ni siquiera nos autoabastecen.

En la actualidad tenemos un Gobierno que ni ha demostrado ser un eficaz importador, mucho menos un eficiente productor, estatizó empresas que estaban en manos del sector privado, que eran productivas y ahora producen sólo una porción, no aportan a la economía, según cifras oficiales registraron un declive del 11,8% en el tercer trimestre del 2013.

Control de cambio, deudas Cadivi y Devaluación

Injustificadamente ha mantenido por tanto tiempo el control cambiario, montado con el argumento de evitar la fuga de capitales, pero en la práctica ha permitido el desangrado de nuestras divisas, con la desaparición de un monto equivalente a las reservas internacionales, sin explicaciones ni culpables (25 mil millones dólares perdidos vía SITME). Hoy día tal barrera le sirve para el control político, el bloqueo y la discriminación en la asignación de divisas.

El control de cambio retrasa y bloquea en algunos casos, el acceso a la divisa preferencial al sector privado, ocasionando mayores perjuicios a la población, que ya sufre con la pérdida del poder adquisitivo de su salario, al conculcar sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad alimentaria, al trabajo, a la información, entre otros, que consagra la CRBV. Sin los dólares no se pueden mantener abastecidos los anaqueles de alimentos, insumos médicos, artículos de higiene personal y del hogar, ferreterías, papel periódico, higiénico, y demás rubros. Los pocos productores que quedan, comercializadores e importadores claman por el pago de deudas y liquidación de aprobaciones pendientes. Ha sido una burla para ellos y un mal precedente que ahuyenta a quienes se interesen por invertir en el país. Cómo demuestra confianza éste gobierno a sus socios del Mercosur si ni siquiera honra compromisos con sus nacionales? Esto no nos hace atractivos para la inversión.

Es de hacer notar que CADIVI aprobó para importaciones del sector privado Bs.15 mil 515 millones en el 2013, las cuales descendieron en 15% con respecto al 2012 y del 26% con respecto al 2010. Un gabinete urgido por abastecer al pueblo no permite el descenso de importaciones que garantizan los insumos, a menos que no tenga los dólares suficientes.

En este marco, mantiene el atraso en la cancelación de divisas aprobadas que de acuerdo a lo expresado por los distintos sectores, asciende a unos 13 mil millones de dólares (60% de nuestras reservas), con unas declaraciones de voceros oficiales que generan dudas sobre la capacidad y voluntad de pago del gobierno y sobre todo zozobra entre los millones de cabezas de familias que dependen de la continuidad de sus empleos. Dentro de estas deudas destacan las de sectores como alimentos con 2,4 millones de $, el farmacéutico por 1.800 millones de $, Automotriz 2.000 millones de $, aeronáutico 2.356 millones de $; 515 millones con el sector químico nacional y 400 millones con el sector gráfico; dentro de los más sensibles se hallan el retardo en la asignación de recursos para insumos a clínicas y hospitales privados que atienden el 50% de la población venezolana y la importación de papel periódico.

Vendiendo una imagen de bienestar, el Presidente dijo que no devaluó la moneda, aunque de ahora en adelante el precio del dólar para la mayoría de las importaciones de productos y servicios pasó de 6.30 a 11,30 lo que significa una devaluación continuada y sin límites bajo el sistema de sorteo llamado subasta, que conculca aún más los derechos de los venezolanos. Exprimiendo nuestro bolsillo obtiene bolívares provenientes del paso de 6,30 a 11,30 Bs y más por dólar, necesarios para cubrir su déficit fiscal, manteniendo el nivel de gasto, sin que sea retribuido para los venezolanos en buenos servicios públicos, por el contrario vemos el deterioro de los más básicos.

De igual manera, habla de guerra económica y en lugar de los correctivos a las políticas públicas para fomentar la producción nacional y aumentar la oferta, insiste en regular precios con una ley antecedida por dos Leyes que durante 3 años no lograron controlar el alza de precios, por el contrario contrajeron la oferta, contribuyendo a la escasez, nadie produce para perder. Nos preguntamos será entonces esta medida correcta para resolver el problema? Qué productos van a regular si cada vez son menos los que son hechos en Venezuela?

Castigo a los particulares

Justificado en las distorsiones, falta de transparencia que el mismo gobierno ha permitido en la administración de divisas, le aplica un castigo al más débil, identificada por él como “burguesía raspacupos”, así califica al grupo conformado por las personas de los estratos populares y medios que gracias a la incapacidad de compra de sus salarios ganados con trabajo honesto, sí recurrían a Cadivi para sus compras electrónicas y viajes, castigando duramente a justos y pecadores, arrasando con quienes tienen derecho a vivir mejor, neutralizando la movilidad social, destruyendo la clase media y quitándole a los estratos bajos las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, condenándolos a la pobreza y desigualdad, en lugar de fiscalizar los procesos y castigar a culpables. Argumenta que esta medida les representa un ahorro de 1.500 millones de dólares, mientras que con el mal manejo de la cosa pública, con delitos de corrupción convictos y confesos, pero sin culpables, anuncian pérdidas en el otorgamiento de divisas por medio del SITME, que aprobó a empresas fantasmas 25 mil millones de dólares, más un desfalco por 84 millones de dólares del Fondo chino-venezolano, a través del BANDES.

Qué hacer…Dar un viro al rumbo o estaremos condenados a éste bloqueo económico autoimpuesto. Sólo con un cambio de modelo donde se rectifique para atacar de raíz el problema, lo que implica la restauración del equilibrio fiscal y monetario, con la disminución del gasto público, la eliminación del financiamiento del gasto deficitario por parte del BCV, la eliminación de controles excesivos, la implementación de una política racional y sincera de estímulo a la inversión y a la producción privada, con el fin de incrementar la oferta interna, aumentar la eficiencia y productividad del sector productivo público y privado, que redundará en la captación de mayores ingresos públicos y la reducción de las importaciones, sólo así podremos salir del círculo de la pobreza.