Los choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad cobraron el jueves otra vida en Venezuela, mientras la oposición acusaba al Gobierno de reprimir con violencia la ola de enardecidas protestas contra el presidente Nicolás Maduro.
Los enfrentamientos que llevan tres semanas ya han dejado al menos seis fallecidos, decenas de heridos y detenidos.
Denunciando a sus detractores, Maduro aseguró que la muerte más reciente fue la del hermano de un diputado oficialista. Un medio local dijo que Alexis Martínez recibió un disparo el jueves en la ciudad noroccidental de Barquisimeto cuando estaba cerca de un enfrentamiento entre opositores, simpatizantes del Gobierno y fuerzas de seguridad.
Las tensiones crecieron el jueves en las ciudades andinas de Mérida y San Cristóbal, en el oeste del país, donde fue suspendida temporalmente la portación de armas.
En al menos seis municipios del estado Táchira, fronterizo con Colombia, hubo protestas y las autoridades dijeron que unos 500 militares fueron a reforzar la seguridad. San Cristóbal, la capital del estado, parecía una “zona de guerra” según residentes, que detallaron que el transporte público no funcionaba y que bancos y comercios estaban cerrados.
Manifestantes en el estado central de Carabobo quemaron vehículos de mantenimiento, dijo una dependencia del Gobierno.
Vecinos de Caracas armaron el jueves barricadas, luego de que zonas del este de la ciudad -bastión opositor- fueron sacudidas el miércoles por enfrentamientos. Otros tenían carteles que decían: “me declaro en desobediencia civil”.
Policías y militares dispararon gases lacrimógenos el miércoles por la noche contra jóvenes armados con piedras y bombas molotov y desalojaron una plaza en Caracas que es un punto de reunión de la oposición. Hombres armados en motocicletas recorrieron barrios de la ciudad en la madrugada, mientras se escuchaban detonaciones, según testigos de Reuters.
Acusaciones cruzadas
“¿Cuántos muertos más quieren? ¿Cuántos heridos más quieren?”, preguntó en una conferencia de prensa Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda que alberga a parte de Caracas y uno de los principales líderes de la oposición.
Capriles acusó al Gobierno de provocar la violencia para desviar la atención de los problemas económicos del país. “No caigan en la violencia (…) con la violencia no se va a lograr nunca nada”, pidió a los manifestantes.
Miles de venezolanos han salido a las calles desde hace tres semanas para manifestarse contra la alta inflación, la escasez de productos básicos y la elevada inseguridad.
Aunque las manifestaciones son el mayor desafío del presidente Nicolás Maduro desde que asumió en abril, no había indicios de que su administración pudiera tambalear.
Maduro acusó a grupos de “fascistas” -como llama a sus detractores- de golpear a gente y disparar contra edificios en un acomodado barrio de Caracas que es mayormente opositor.
“Ayer un grupo de motorizados también se disfrazaron de chavistas (…), golpeando puertas y gritando viva Maduro y sacaban y disparaban”, dijo.
Maduro asegura que la oposición, con apoyo de Estados Unidos, busca repetir el golpe de Estado que sacó brevemente del poder a su fallecido mentor Hugo Chávez en el 2002.
El líder opositor Leopoldo López, que había convocado a las marchas, se entregó el martes a la justicia después de rehuir durante una semana una orden de arresto en su contra bajo acusaciones de incitar a la violencia en las manifestaciones.
Exhortos
Estados Unidos, habitual blanco de los ataques verbales de Maduro, criticó la situación en Venezuela. El presidente Barack Obama exhortó el miércoles a su contraparte venezolana a oír a su pueblo y liberar a los detenidos.
“Todas las partes tienen que trabajar conjuntamente, abstenerse de la violencia y restaurar la tranquilidad”, dijo Obama tras una reunión de líderes norteamericanos en México.
Maduro ya había dicho esta semana a otros presidentes latinoamericanos que se metieran en sus asuntos, y después de los dichos de Obama, su Gobierno publicó un comunicado.
“(Las declaraciones de Obama) constituyen una nueva y grosera injerencia en los asuntos internos de nuestro país, con el agravante de usar como base información falsa y aseveraciones sin fundamento”, dijo la Cancillería venezolana.
La cadena internacional de noticias estadounidense CNN fue amenazada por el presidente Maduro con ser expulsada sin no modifica su cobertura de las protestas, que el mandatario asegura promueve la violencia.
“¡Se va CNN de Venezuela, ya basta de propaganda de guerra, no acepto propaganda de guerra contra Venezuela, si no rectifican fuera de Venezuela CNN, fuera!”, sostuvo Maduro.
La violencia ha comenzado a despertar preocupaciones entre algunos vecinos regionales.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, anunció en su cuenta de Twitter que estaba llamando a consultas a su embajador en Caracas. “Deploramos la situación de violencia que vive el hermano país”, escribió.
Aunque no había indicios de que la continuidad de Maduro en el poder estuviera en juego, algunos creen que una escalada en las protestas podría cambiar el panorama.
“La probabilidad de que el Gobierno sea sacado del poder se incrementará significativamente si el presidente Maduro continúa favoreciendo el uso de la fuerza en contra de las protestas y esto, a su vez, genera descontento en los barrios más pobres del país, tradicionalmente considerados como baluartes del Gobierno”, dijo la firma de análisis económico IHS en un reporte.
Mientras tanto, ante la falta de cobertura de los hechos de violencia por parte de las radios y televisoras locales -en su mayoría en manos del Estado- los venezolanos recurrían a las redes sociales para enterarse de la situación, entre reportes de fotos e informaciones falsas.
La esposa del detenido opositor López, Lilian Tintori, escribió en la cuenta de Twitter de su marido: “El cambio está en cada uno de nosotros, no se rindan”.
López podría ser acusado de delitos como daños e incendios y asociación para delinquir, que conllevan penas de cárcel de hasta 10 años, dijo su abogado, Bernardo Pulido.
López ha dicho que no busca derrocar a Maduro, sino revocar su mandato con un referéndum, permitido por la Constitución para el 2016.
El dirigente está detenido en una prisión militar cercana a la capital.
Reuters