El diputado Julio Borges, del partido Primero Justicia, uno de los mayores de la MUD y al que pertenece el líder opositor Henrique Capriles, advirtió de su lado que acuden conscientes de que “no hay ninguna confianza en el gobierno”.
“No lo llamemos diálogo, lo que habrá es un debate”, dijo Borges al subrayar que tampoco buscan “enfriar la calle” porque “ahora más que nunca se necesita la protesta pacífica y constitucional para crear la presión para que se logre un cambio radical y democrático”.
Las protestas fueron desatadas el 4 de febrero por estudiantes de San Cristóbal (oeste) en contra de la inseguridad y, a la par de que se multiplicaron en el país, se sumaron demandas contra la crisis económica, la represión policial y la detención de estudiantes y dirigentes opositores.
Las manifestaciones degeneraron en algunos hechos de violencia que han dejado 39 muertos y unos 600 heridos, además de que más de un centenar de personas siguen detenidas y sometidas a proceso, entre ellos dos alcaldes destituidos y el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, del ala radical de la MUD.
López, junto con María Corina Machado, diputada opositora destituida de su escaño al calor de las protestas, fue promotor de “la salida”, estrategia que planteaba forzar con manifestaciones la renuncia de Maduro y que fue tachada por el mandatario de “golpe de Estado en desarrollo”.
Ausencias y agenda suspendida
Voluntad Popular ha advertido que no participará en el encuentro. “Con presos y perseguidos políticos, con represión, NO puede plantearse un diálogo”, escribió el partido en su cuenta de Twitter.
En cambio Capriles, quien hace un año fue derrotado en la presidencial por Maduro, por una diferencia de 1,5%, confirmó su asistencia.
“Le digo a nuestro pueblo: yo voy a defender la verdad (…) cuando nos toque hablar temblará en Miraflores porque le diremos al gobierno la verdad”, dijo Capriles el miércoles.
En la agenda, el gobierno propone planes de pacificación del país y de desarrollo económico, mientras que la oposición pone el acento en una ley de amnistía para los detenidos y procesados, y el desarme de los denominados “colectivos”, civiles armados señalados de vínculos con el chavismo.
En declaraciones a la AFP, el politólogo John Magdaleno se mostró poco optimista sobre la perspectiva de este diálogo, al que la oposición acude porque representa una oportunidad “para plantear algunos temas a debate público” mientras que Maduro accede por presiones internacionales resultado de la “imagen negativa” de su gobierno” en el mundo.
“Hay sobradas razones para ser escépticos respecto de los avances que puedan producirse, habrá que ver cómo se desarrollan las conversaciones y sobre todo examinar con detalle la pre-agenda para iniciar las conversaciones”, dijo.
AFP