Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido a un uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a manifestaciones contra el gobierno, y han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa a manifestantes que no estaban armados, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Numerosos detenidos también fueron sometidos a graves abusos físicos y psicológicos por integrantes de fuerzas de seguridad, incluidas en algunos casos torturas, y funcionarios judiciales no velaron porque se garantizaran los derechos al debido proceso de los detenidos.
El informe de 103 páginas, titulado “Castigados por protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela”, documenta 45 casos ocurridos en Caracas y tres estados que afectan a más de 150 víctimas, en los cuales miembros de fuerzas de seguridad han vulnerado derechos de manifestantes y otras personas en las proximidades de lugares donde se desarrollaban protestas. Integrantes de las fuerzas de seguridad también permitieron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con ellas.
“La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados”,manifestó José Miguel Vivanco , Director para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años”.
Human Rights Watch llevó a cabo una investigación en Venezuela en marzo de 2014, que incluyó visitas a Caracas y a los estados de Carabobo, Lara y Miranda, y realizó decenas de entrevistas a víctimas de abusos y sus familiares, testigos, profesionales médicos, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. Human Rights Watch también reunió numerosas evidencias, incluidas fotografías, grabaciones de video, informes médicos y resoluciones judiciales, y examinó informes gubernamentales y declaraciones oficiales con respecto a actividades de protesta y la respuesta ofrecida por las fuerzas de seguridad.
El gobierno venezolano ha caracterizado a las protestas que se desarrollan en todo el país como violentas. Sin duda, algunos manifestantes han apelado a métodos violentos, como arrojar piedras y cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad. No obstante, la investigación de Human Rights Watch muestra que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra personas que no estaban armadas ni eran violentas. Algunos de los abusos más graves documentados en el informe fueron cometidos contra personas que ni siquiera participaban en manifestaciones, o que ya se encontraban detenidas y estaban completamente bajo el control de miembros de las fuerzas de seguridad.
La naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de los abusos —acompañados frecuentemente de descalificaciones políticas por parte de los responsables— sugieren que el propósito no fue restablecer el orden público ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus opiniones políticas reales o presuntas, señaló Human Rights Watch.
En muchos casos, el objetivo de los abusos parece haber sido impedir que personas documentaran las tácticas aplicadas por miembros de las fuerzas de seguridad, o castigar a quienes intentaran hacerlo. Los incidentes involucraron tanto a periodistas profesionales como a personas comunes que habían estado tomando fotografías o filmando la represión de miembros de las fuerzas de seguridad contra manifestantes.
“Es fundamental que los líderes de la oposición continúen repudiando cualquier tipo de actos de violencia por parte de manifestantes, de la manera más firme y categórica posible”, aseveró Vivanco. “Sin embargo, debemos dejar en claro que nada justifica las tácticas brutales aplicadas por agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas”.
En la mayoría de los casos documentados por Human Rights Watch, las víctimas de abusos fueron arrestadas arbitrariamente y retenidas hasta 48 horas o por períodos mayores, muchas veces en establecimientos militares. Allí sufrieron nuevos abusos, como violentas golpizas y, en varios casos, descargas eléctricas o quemaduras.
A numerosos detenidos con lesiones graves —como heridas de perdigones y fracturas provocadas por golpizas— se les negó el acceso a atención médica, o bien esto fue demorado, lo cual exacerbó su sufrimiento, a pesar de sus reiterados reclamos solicitando tratamiento médico. En varios casos, guardias nacionales y policías también sometieron a detenidos a severos abusos psicológicos, que incluyeron amenazas de muerte y violación sexual.
En al menos 10 casos documentados, Human Rights Watch considera que la combinación de tácticas abusivas empleadas por miembros de las fuerzas de seguridad constituyó tortura.
El hecho de que estos abusos hayan sido cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares en los tres estados y la capital (incluso en entornos controlados como establecimientos militares y otras instituciones estatales), y durante el período de seis semanas analizado por Human Rights Watch, avala la conclusión de que los abusos formaron parte de una práctica sistemática de las autoridades de seguridad, señaló Human Rights Watch.
Prácticamente todas las 150 víctimas cuyos casos documentamos en este informe sufrieron la negación de garantías básicas de debido proceso. Muchas permanecieron incomunicadas y se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de las audiencias judiciales, que a menudo se programaron en medio de la noche sin ofrecer ninguna justificación plausible. Jueces y fiscales en reiteradas ocasiones hicieron caso omiso de evidencias que sugerían que los detenidos habían sufrido abusos mientras permanecieron a disposición de las autoridades, incluidos signos evidentes de abuso físico.
La magnitud de estas y otras violaciones de debido proceso que ocurrieron en varias jurisdicciones en distintos estados demuestra que el poder judicial ha dejado de ejercer su rol como garante frente a abusos de poder del gobierno, manifestó Human Rights Watch.
Venezuela debería garantizar que cesen de inmediato todas las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de fuerzas de seguridad en el contexto de protestas, y asegurar que se investiguen de manera oportuna, exhaustiva e imparcial todos los abusos ocurridos y se juzgue a los responsables, indicó Human Rights Watch. También se deben investigar y juzgar de manera exhaustiva e imparcial todos los actos de violencia perpetrados por otros actores en el contexto de protestas, con independencia de la afiliación política de los presuntos responsables o las víctimas.
Según el gobierno, al 25 de abril, el Ministerio Público estaba impulsando 145 investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos, y se había detenido a 17 agentes de seguridad por su supuesta participación en estos casos.
“Debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en Venezuela, y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos que documentamos, es difícil esperar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia”, observó Vivanco. “Para que estos esfuerzos sean creíbles, el gobierno venezolano debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de derechos humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para asegurar la independencia del poder judicial”.
El gobierno venezolano debería aceptar los pedidos de visita pendientes presentados por el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas y la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, y coordinar estas visitas en el plazo más breve posible. El gobierno debería además cursar una invitación permanente al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.
La Asamblea Nacional debería asimismo restablecer la credibilidad e independencia del poder judicial seleccionando nuevos magistrados permanentes para cubrir 11 vacantes en el Tribunal Supremo (del total de 32) mediante el voto de dos tercios de sus miembros, conforme se estipula en la Constitución, y a través de un proceso de selección abierto, transparente y que asegure el mayor grado posible de consenso político.
Los gobiernos latinoamericanos que pertenezcan a organismos regionales en los cuales sea parte Venezuela —como la UNASUR, el MERCOSUR y la OEA— deberían reivindicar su compromiso colectivo de proteger y promover los derechos fundamentales y respetar las instituciones democráticas, interpelando al gobierno venezolano e insistiendo en que se aborden estos graves problemas en materia de derechos humanos, observó Human Rights Watch.
“La comunidad internacional —y en particular los miembros de la UNASUR que interactúan habitualmente con el gobierno venezolano— deberían condenar enérgicamente los flagrantes abusos documentados por Human Rights Watch”, señaló Vivanco. “En concreto, deberían exigir que el gobierno de Maduro ponga fin a estos graves abusos, libere a personas que fueron detenidas arbitrariamente y procese a los agentes de seguridad y a los miembros de las pandillas armadas que sean responsables de ataques a manifestantes”.
Selección de casos documentados en “Castigados por protestar”:
El 19 de febrero, un guardia nacional disparó perdigones a quemarropa al rostro de Gengis Pinto, de 36 años, a pesar de que ya había sido detenido y no ofrecía resistencia. Pinto había estado participando en una manifestación contra el gobierno en San Antonio de los Altos, donde cientos de manifestantes habían bloqueado parte de una autopista. Pinto levantó el brazo para protegerse del disparo, y recibió el impacto en la mano, debido a lo cual se lesionó gravemente varios de sus dedos y varios perdigones se incrustaron en su antebrazo. A pesar del dolor severo que padecía, de que había perdido sangre y de sus reiterados pedidos, los guardias nacionales se negaron a llevar a Pinto a un lugar donde fuera atendido por un médico. En vez de ello, lo golpearon, amenazaron con matarlo y lo llevaron a una base militar para interrogarlo. Aproximadamente seis horas después de haber recibido los disparos, Pinto fue trasladado por guardias nacionales a un hospital, donde no permitieron que el médico lo examinara en privado. Si bien el médico dijo a los guardias nacionales que Pinto necesitaba recibir atención especializada inmediatamente que no podía brindarle allí, los oficiales hicieron caso omiso de su consejo y llevaron a Pinto de regreso a la base militar. Allí, fue esposado a otro detenido y obligado a permanecer sentado al sol durante aproximadamente 10 horas más, hasta que fue trasladado a una clínica privada, donde fue sometido a cirugía.
Juan Sánchez (seudónimo), de 22 años, fue detenido por guardias nacionales mientras se dirigía a pie a un banco en las afueras de Caracas el 5 de marzo. Anteriormente ese mismo día, Sánchez había participado en una protesta en la zona. Sin ningún tipo de advertencia, fue interceptado por guardias nacionales que le propinaron puntapiés, lo golpearon y dispararon un perdigón desde muy corta distancia en su muslo derecho. Uno de los guardias nacionales dijo “Coño, por fin agarramos uno y va a ser nuestro trofeo así estos carajitos dejan de joder”. Sánchez fue conducido a un establecimiento militar, donde una decena de guardias nacionales lo obligaron a desvestirse. Un guardia nacional, al ver la sangre que brotaba de su pierna, le preguntó: “¿Te duele la herida?”, y le introdujo el dedo en la herida abierta, lo quitó y luego volvió a meterlo. La segunda vez sacó algo de su pierna, pero Sánchez no pudo ver si era tejido muscular o un perdigón. Luego tres guardias nacionales lo esposaron a una barra de metal, le aplicaron descargas eléctricas en dos oportunidades y le exigieron que les dijera quiénes eran sus cómplices. A continuación, los guardias llevaron a Sánchez a un patio, donde fue obligado a luchar con uno de ellos, mientras los demás miraban y se reían. Sánchez fue trasladado a un hospital, donde guardias nacionales se inmiscuyeron mientras un médico intentó atenderlo, y posteriormente fue llevado de regreso al establecimiento militar, donde varios oficiales lo llamaron “fascista” y siguieron asestándole patadas, además de amenazar con que lo enviarían a una de las cárceles más violentas de Venezuela.
Dayana Méndez Andrade, una periodista de 24 años, se encontraba cubriendo una manifestación en Barquisimeto el 20 de marzo, a la cual había asistido vistiendo un chaleco que tenía en el frente la leyenda “Prensa” en letras grandes, cuando miembros de la Guardia Nacional comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y perdigones a los manifestantes. Si bien Méndez intentó escapar, fue rodeada junto con otro fotógrafo —Luis Rodríguez Malpica, de 26 años— por varios guardias nacionales. Cuando ella y Rodríguez alzaron las manos y gritaron que eran periodistas, un guardia nacional respondió “¡Me están tomando fotos! Ustedes son los que mandan la foto que dicen ‘SOS Venezuela’. Son los que causan los problemas, dejando mal la Guardia Nacional”. Luego, desde una distancia de unos pocos metros, los guardias nacionales les dispararon perdigones, que impactaron a Méndez en la pierna y cadera izquierdas.
Guardias nacionales y policías nacionales dispararon gases lacrimógenos y perdigones contra estudiantes que se manifestaban en el campus de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto o en las proximidades el 11 de marzo. Wladimir Díaz, de 20 años, quien participó en la protesta, indicó que miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales actuaron en forma coordinada con más de 50 civiles, muchos de los cuales llevaban armas cortas que disparaban en dirección a los estudiantes. Díaz recibió un disparo en el abdomen cuando un grupo mixto integrado por miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales y civiles armados con el rostro cubierto abrieron fuego contra el edificio de la universidad donde había intentado resguardarse.
Cuando el restorán donde trabajaba en un centro comercial en El Carrizal cerró el 5 de marzo debido a las protestas en la zona, Moisés Guánchez, de 19 años, decidió regresar a su casa. Pero, junto con otras 40 personas, se vio atrapado en una playa de estacionamiento cerrada, ubicada al lado del centro comercial, mientras miembros de la Guardia Nacional disparaban cartuchos de gases lacrimógenos y perdigones en dirección a donde estaban. Cuando Guánchez intentó escapar, un guardia nacional le impidió el paso y le disparó en dirección a su cabeza con perdigones. Guánchez recibió el impacto en el brazo, que había levantado para protegerse el rostro, y cayó al suelo. Si bien Guánchez no ofreció resistencia, dos guardias nacionales lo levantaron y se turnaron para golpearlo, hasta que un tercero se acercó y le disparó a quemarropa en la entrepierna con perdigones. Tuvo que recibir tres transfusiones de sangre y someterse a operaciones en el brazo, la pierna y uno de sus testículos.
José Alfredo Martín Ostermann, de 41 años, y Carlos Spinetti, de 39, fueron detenidos el 12 de marzo por civiles armados mientras circulaban a pie por una zona cercana a donde se estaba desarrollando un acto a favor del gobierno en Caracas. Las víctimas fueron llevadas a plena vista de tres guardias nacionales, que no intervinieron. Los hombres armados golpearon a Ostermann y a Spinetti, les profirieron insultos de tono político (por ejemplo, los acusaron de “traidores a la patria”), amenazaron con matarlos y fotografiaron a Spinetti con un arma en la mano que ellos mismos le obligaron a tomar, antes de entregarlos a la policía. En vez de interrogar a los civiles armados, la policía detuvo a las dos víctimas.
Violaciones a los DDHH, sistemáticas
Jueces y fiscales reiteradamente hicieron caso omiso a indicios evidentes de abuso padecidos por detenidos pese a que las fuerzas del orden recurrieron de manera sistemática al uso ilegítimo de la fuerza durante las manifestaciones callejeras que desde febrero han dejado al menos 41 muertes en Venezuela, denunció el lunes Human Rights Watch, reseña Associated Press.
La organización no gubernamental con sede en Nueva York precisó que ese uso ilegal de la fuerza consistió en abusos físicos y psicológicos graves a decenas de manifestantes.
Human Rights Watch dijo que al menos diez de los casos documentados sufrieron abusos de tal magnitud que pueden ser considerados como tortura. Agregó que a numerosos detenidos con lesiones graves como heridas de perdigones o fracturas por golpizas se les negó atención médica, mientras que en otros casos ocurrieron abusos sicológicos severos, tales como amenazas de muerte y violación sexual.
“La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años”.
La organización difundió un informe de 103 páginas elaborado en marzo durante visitas a Caracas y a otras tres provincias del país, donde en total documentaron 45 casos que afectan a más de 150 víctimas a través de entrevistas a víctimas y sus familiares, y la recolección de otras evidencias tales como fotos, videos, informes médicos y resoluciones judiciales.
El gobierno venezolano ha dicho que 15 funcionarios policiales y militares son investigados por incurrir en presuntas violaciones a los derechos humanos en la neutralización de las protestas, pero Vivanco expresó sus reservas ante la posibilidad de que tales investigaciones terminen inculpando a los funcionarios investigados.
“Debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en Venezuela, y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos que documentamos, es difícil esperar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia”, dijo Vivanco. “Para que estos esfuerzos sean creíbles, el gobierno venezolano debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de derechos humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para asegurar la independencia del poder judicial”.
Human Rights Watch difundió su reporte la misma semana en que una comisión del Senado y una subcomisión de la cámara baja estadounidenses celebrarán sendas audiencias sobre la nación sudamericana, dos meses después de que en ambas cámaras fueran presentados proyectos de ley que piden al presidente Barack Obama imponer sanciones a funcionarios del gobierno venezolano responsables por la violación de derechos humanos.
El gobierno estadounidense ha llamado al diálogo para resolver el conflicto político y los problemas de Venezuela, pero advirtió en marzo que si bien no busca imponer sanciones a Venezuela, tales medidas podrían convertirse en una herramienta importante de su política exterior si Caracas no otorga espacio democrático a la oposición.
“Ningún país quiere implementar sanciones, pero no podemos decir que no vamos a implementarlas porque quizá llega un momento en que las sanciones, de alguna manera u otra, son una herramienta muy importante”, dijo en conferencia de prensa la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental Roberta Jacobson.
El gobierno de Nicolás Maduro y la coalición opositora actualmente elaboran propuestas para conformar una Comisión de la Verdad, como parte de un diálogo iniciado hace un mes con la mediación de los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia y el nuncio apostólico en Venezuela.
Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, que se han manifestado en contra de una tasa de inflación desbordada —que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%_, la escasez de productos básicos y un alto índice de delincuencia.
Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 785 heridos y unos 2.200 detenidos, de los cuales 197 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
Maduro considera que las acciones de protesta forman parte de un plan promovido por grupos de “extrema derecha” para dar un “golpe de estado”.
El ministro venezolano de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, denunció la semana pasada la existencia de un supuesto plan para promover las protestas callejeras y acusó a algunos dirigentes opositores de proveer información a entes estadounidenses con la meta de “hacer ver al mundo que en Venezuela se violan permanente y constantemente los derechos humanos”, reseñó Associated Press.