El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó hoy a su vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, que también es ministro de Petróleo y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tras asegurar que contra el funcionario hay “una campaña brutal para destruirlo”.
“No se va Rafael Ramírez, Rafael Ramírez se queda, porque el es el líder del gabinete económico, del equipo económico y el objetivo es destruirlo”, dijo el presidente durante su programa de radio “En contacto con Maduro” tras ser consultado sobre la posible remoción del funcionario.
El gobernante aseguró que contra Ramírez existe “una campaña brutal para destruirlo moralmente” y reiteró que este funcionario tiene “el liderazgo de la ofensiva económica” y que “lo va a mantener intacto”.
Maduro indicó que Ramírez ha sostenido recientemente un conjunto de reuniones “muy importantes en el mundo financiero internacional” y que esos “esfuerzos” que hace su Gobierno por la “recuperación y superación de los problemas económicos” han generado esa campaña contra el vicepresidente.
Los que, según el presidente, atacan al funcionario, serían los mismos que desde hace meses desarrollan una “guerra económica” contra su Gobierno que se traduce en una “inflación inducida”, acaparamiento y especulación, que distorsionan artificialmente los precios.
En este sentido, el gobernante señaló que estos ataques demuestran que la estrategia económica que sigue su Gobierno es la “correcta” y que Venezuela “tiene garantizado todos los recursos financieros en bolívares y en dólares para su desarrollo social”.
Venezuela afronta una situación de profundos desequilibrios macroeconómicos con una inflación interanual del 60,9 % y un desabastecimiento crónico que en los últimos meses ha sufrido varios picos de falta de productos básicos.
Hace tres semanas el exvicepresidente de Planificación Jorge Giordani criticó duramente a Maduro por su gestión económica y falta de liderazgo, al tiempo que se preguntó por la falta de responsables por el escándalo del fraude de 20.000 millones de dólares al Estado a través de “empresas de maletín”. EFE