¿Qué van a dinfundirr, la mentira? preguntó ayer el diputado por la Mesa de la Unidad, José Manuel González, cuando en la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), se aprobó un crédito adicional para el Ministerio de Comunicación e Información (MINCI), por 1.4 millardos de bolívares que serán destinados “a la difusión de propaganda gubernamental y la promoción de valores nacionales”.
Janet Yucra M.
Pues sí, con estos recursos, el despacho elaborará piezas propagandísticas para promover la obra del Ejecutivo, en los medios de comunicación, además de enfrentar deudas laborales. Este “millardito” servirá para que el MINCI haga más micros de esos que dicen: Maduro es pueblo.
González también sacó en cara a sus colegas del socialismo el hecho de que para “ponerle paños calientes” al problema de la escasez de agua, autorizaron un crédito por 85 millones de bolívares, para el ministerio del Ambiente, mientras que el Minci “se va a gastar esa inmensa cantidad de dinero en difundir mentiras”. Por el Psuv respondió Tania Díaz, quien se remontó hasta el 12 de febrero, a “la salida , “las guarimbas” y los disturbios, para justificar el crédito.
Estamos casi a finales de julio y la AN ha sobrepasado los 200 millardos en erogaciones extras, gran parte de ellas para cumplir compromisos laborales y pagos de aumentos salariales. Para los diputados de MUD “se trata de un presupuesto paralelo, que no tiene ningún tipo de control”. Sin embargo, la mayoría del Psuv sigue aprobándolos, con el argumento de que se “es la inversión social del Gobierno”.
Cabe destacar que para el Ministerio de Transporte Terrestre fueron aprobados más de 5 millardos de bolívares, destinados al Plan Nacional de Vialidad, de los cuales 120 millones de bolívares serán para “la fiesta del asfalto” en el estado Carabobo.
Los acuerdos con China Pese a que el lunes fueros suscritos varios acuerdos entre los gobiernos de China y Venezuela, ninguno de estos convenios fue remitido a la plenaria. Sobre estos acuerdos, los diputados,
obviamente están divididos. Los del Psuv afirman que son “en beneficio de Venezuela”, mientras que para la MUD “comprometen el futuro del país”. En este sentido, la parlamentaria por Carabobo, Vestalia Sampedro, dijo que “la alianza económica con otros países puede ser conveniente”.
No obstante, no está de acuerdo con la forma como se han firmado los acuerdos con China, “sin la aprobación previa del Parlamento”. Julio Borges tampoco está de acuerdo, pues “el problema es cómo se gasta el dinero”, dijo. Eduardo Gómez Sigala manifestó que “no atenuarán los graves problemas que hoy padece el ciudadano como el desabastecimiento, la inflación, la falta de producción nacional; ni la corrupción que cuando se produce en las filas oficialistas la justicia no actúa y garantiza su impunidad, así como también sucede con los corruptos que se acercan al gobierno y terminan perdonados”.
Leyes sancionadas
Por lo corto de los instrumentos y la inexistencia de debate, salvo en algunos artículos, la plenaria sancionó la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Ley Orgánica de Recreación. En relación con el primer instrumento, la Unidad acompañó varios artículos, incluso el Psuv admitió las propuestas hechas por el diputado Juan Carlos Caldera. Sin embargo, cuando debatían el artículo que se refiere al desacato, Caldera planteó el diferimiento, debido a que esperaban que se pudiese redactar mejor.
Además, los parlamentarios Oscar Ronderos y Leomagno Flores, también de la MUD, denunciaron que con esta ley se estaba “avalando una sentencia del TSJ por la cual se mantiene presos a los ex alcaldes Enzo Scarano y Daniel
Ceballos”, en relación con que “no hicieron lo suficiente para evitar los disturbios en San Diego y San Cristóbal”, respectivamente.
El Psuv negó este argumento y Elvis Amoroso remató diciendo que no tenía nada de raro que la Asamblea “apoye” decisiones tomadas por el TSJ y las convierta en ley. Sobre la ley de Recreación, se trata de un instrumento que regula las actividades recreativas y crea un registro nacional de personas naturales y jurídicas que se desempeñen en este sector, para contar con la autorización, el permiso y la licencia correspondiente.
Si no cumplen con este registro, los prestadores del servicio pueden pagar multas de 100 a 1000 Unidades Tributarias (UT), Los diputados estaban molestos por los rumores que corrieron el lunes, acerca de que AN designaría a los miembros de la sociedad civil que conformarán el Comité de Postulaciones Electorales. “Eso no es cierto”, manifestaron.