Empresas públicas productoras y comercializadora de alimentos son las que incumplen metas

Empresas públicas productoras y comercializadora de alimentos son las que incumplen metas

 

Foto Archivo
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Cuando revisamos las cadenas públicas de producción y comercialización de alimentos que se encuentran ubicadas a lo largo y ancho de todo el país; son estas empresas las que no están cumpliendo con sus metas, de acuerdo a su capacidad instalada y los grandes recursos públicos asignados.

Nos permitiremos hacer un estimado del monto importación y la capacidad de producción, distribución y comercialización de alimentos.





Estimamos en 5.000 millones de dólares el monto que será importado en el 2014 directamente por el gobierno en materia prima, productos parcialmente procesados o elaborados de alimentos, lo cual es más de dos veces lo importado directamente por el sector privado. La cantidad de tierra que el gobierno utilizo para la siembra a través de las empresas publicas organizaciones de producción social y créditos otorgados, fue casi de 2.5 veces que lo entregado por la banca privada a productores privados que siembran por su cuenta propia en maíz, arroz, sorgo, soya, café, caraota, caña de azúcar, yuca, etc.

Las agroindustrias públicas para procesar productos agrícolas y pecuarios con una capacidad instalada que va de un 50 a 75% del total nacional, pueden procesar el 75% de los alimentos que consumen los venezolanos.

Las cadenas de distribución de alimentos como Mercal, PDVAL y Bicentenario, son cientos  en todo el país. Algunas con instalaciones más grandes que las privadas y se estima que poseen más de 20.000 cajas registradoras, o sea que tienen una capacidad para atender a un millón de clientes al día. En estas cadenas públicas se maneja el 100% de los alimentos subsidiados por el gobierno y tienen la mayor concentración de consumidores, ya que la diferencia de precios es alta y la gente concurre masivamente para obtener alimentos.

Las colas que se observan desde la noche anterior cuando se sabe van a llegar estos alimentos son dramáticas y para pagar lo adquirido el promedio va de 1 a 3 horas.

Cuando comparamos el número de instalaciones, depósitos, transporte y personal operativo, nos encontramos que el sector público tiene capacidad para atender a dos terceras partes del consumidor Venezolano.

Es el gobierno el mayor productor y comercializador de alimentos y quien maneja el mayor volumen de importación, siembra, procesamiento, distribución y comercialización de estos, por lo tanto es el responsable de las colas y niveles de escasez que afecta a la familia Venezolana.

Daremos nuestros estimados que el gobierno gastara en el 2014 en alimentos:

– En la producción  agrícola se estima en 25.000 millones de bolívares, esto incluye los créditos, gastos operativos, personal y maquinarias, equipos y vehículos utilizados en misión agro Venezuela y PDV agrícola.

– En producción de carne, leche, pollos, etc. unos 5.000 millones de bolívares.

– En la operatividad de las plantas agroindustriales se estiman en Bs. 7.000 millones, el monto para sostener toda su estructura de costos, estas operan apenas entre un 20 y 40% de su capacidad instalada.

– La red de almacenaje, transporte, comercialización de alimentos que cubre: PDVAL, Mercal, Bicentenario, etc. sus costos operativos, incluyendo los  subsidios para la venta de alimentos, alcanza los 40 mil millones de bolívares.

– Con los montos asignados para la importación de alimentos, así como los grandes recursos dedicados a la producción, procesamiento industrial, distribución y comercialización la cadena pública  tendría para cubrir casi el 70% del consumo nacional.

El monto invertido por el gobierno en importar,producir,procesar,distribuir y comercializar los alimentos son casi 80.000 millones de bolívares, monto más que suficiente para tener una menor escasez y precio más bajos de los alimentos que consumen los Venezolanos.

Esto nos permite demostrar que si hay fallas en el suministro de alimentos es responsabilidad del gobierno. Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución