Tomamos la frase que sirve de título de la Dra. María Yanes, presidenta de la Red de Sociedades Científicas y Médicas de Venezuela, quien en un reciente foro sobre la actual crisis del sistema de salud afirmó en tono sentencioso, luego de describir la grave situación que atravesamos, que “en este país está prohibido enfermarse”.
Las palabras de la Dra. Yanes reflejan uno de los dramas más terribles que enfrenta nuestra arruinada Venezuela, y es que junto al secuestro institucional que ha acabado con la democracia y la brutal crisis económica que nos asfixia, se ha sumado con especial fuerza una especie de terremoto sanitario que está causando estragos en el país. La gente ya no sólo muere en las calles víctima de la represión del gobierno o de la acción del hampa, sino que se está muriendo en sus casas o en los hospitales y clínicas por falta de medicinas o insumos médico-quirúrgicos, indispensables para los tratamientos y las operaciones.
Para que no se diga que estamos exagerando, veamos algunas cifras y entendamos la magnitud de lo que estamos enfrentando como sociedad: 35 mil rubros entre medicamentos e insumos han desaparecido del mercado; Venezuela debería tener idealmente 130 mil camas por su población, o al menos 42.500 según la infraestructura existente, pero sólo cuenta con 21.100 en el sector público, de las cuales apenas 13.500 están operativas. De resto, las 7.600 camas con que cuenta el sector privado de la salud están atendiendo el 55% de los pacientes de todo el país; la tasa actual de mortalidad materna alcanza la altísima cifra de 70 por cada 100 mil niños nacidos vivos registrados, cuando según el “compromiso del milenio” debíamos bajarla a 14 para 2015; el gasto público en salud no alcanza el 5% del PIB ni representa el 50% del total del gasto en todo el sector (que es lo ideal según los estándares internacionales). Peor aún, el 71% de ese gasto se va en pago de nómina, mientras apenas 20% se invierte en el sistema.
Sumémosle a lo anterior que han reaparecido enfermedades que creíamos superadas y que nos remontan a la primera mitad del s.XX, así como han surgido otras que ni siquiera se sabe bien que son, y que si a alguien se le ocurre denunciarlo, como lo hizo el Presidente del Colegio Médico de Aragua con el caso de las 8 muertes por la genérica causa de “síndrome hemorrágico febril agudo”, el Gobierno inmediatamente lo amenaza con un juicio penal y la Fiscalía rojita inmediatamente designa a sus verdugos. Pensemos también por un momento en lo que significa para cualquiera que, ante una herida, infección o cualquier otra situación que tendría cura en situaciones normales, en este momento la opción a la que están apelando los médicos es a la amputación de brazos y piernas para salvar vidas. ¡Un verdadero drama!
Hace unos días, en una rueda de prensa en la que acompañamos a médicos y pacientes en el marco del Congreso Ciudadano, una señora que padece hipertensión dijo desesperada ante la falta del medicamento que toma: “Estamos peor que un país en guerra. En esa situación pasan aviones que lanzan bolsas con comida y medicinas. Aquí en cambio no nos dan ni una pastilla vencida”. En efecto, estamos ya en el quinto mundo. Pero ¿por qué tanto empeño en ocultar la realidad en vez de enfrentarla? ¿Qué espera el Gobierno para decretar la emergencia sanitaria? Hay además que aumentar y reorientar el gasto público en salud para utilizar adecuadamente los recursos, renovar las más de 800 licencias represadas desde 2013 por la Contraloría Sanitaria y mientras otorgar los dólares suficientes para importar masivamente medicinas e insumos, así como rescatar a nuestro talento médico criollo.
Ha quedado demostrado que, así como en lo económico, el “sistema socialista de salud” fracasó. El gobierno debe asumirlo o extenderá la condena a muerte que le ha impuesto al pueblo. Pero como difícilmente lo reconocerá, he aquí otra buena razón para procurar el cambio.
Diputado por la Unidad al Consejo Legislativo de Miranda
@CiprianoHeredia
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