La brigada denominada “Fuerza Choque”, cuyas operaciones estarán adscritas al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene por objetivo criminalizar y penalizar a quienes ejerzan su derecho constitucional a la manifestación pacífica o expresen de forma legítima su descontento ante políticas gubernamentales, denunció Provea.
El 22 de este mes, mediante la resolución 006574 publicada en la Gaceta Oficial N° 40.502, el Ministerio para la Defensa estableció la creación de la brigada para combatir los planes de desestabilización que perturben el país. Se integraría a otras instancias de gobierno en materia de seguridad ciudadana y control de orden público como el Plan Patria Segura.
A través de un comunicado, la organización de derechos humanos indica que “calificar anticipadamente como violentos a determinados sectores del país, abre las puertas para que instancias de control y represión como la “Fuerza Choque” o las BEGV (Brigadas Especiales contra los Grupos Generadores de Violencia) actúen para perseguir a ciudadanos, activistas, dirigentes políticos de oposición, dirigentes sindicales, gremiales y populares”.
Provea destaca que la “Fuerza Choque” es parte de las figuras militarizadas creadas por el Ejecutivo para limitar derechos y amparar la actuación represiva de los cuerpos militares y policiales contra las expresiones de descontento social: “Ello es una consecuencia directa de la institucionalización de la mentalidad represiva entre quienes dirigen el Estado venezolano”.
“Los Comandos Populares Antigolpe, las Milicias Obreras y Comunales, y las BEGV dan cuenta de la progresiva consolidación de la doctrina de seguridad nacional en el Gobierno cuyos objetivos principales se basan en la defensa de la seguridad del Estado y en el ‘enfrentamiento al enemigo interno”, agrega el documento.
La ONG considera que se trata de un nuevo avance en el proceso de militarización del Estado y la sociedad venezolana, que se ha profundizado durante el primer año de gestión del presidente Nicolás Maduro.
“El gobierno del presidente Maduro sigue demostrando una cultura poco democrática para dar tratamiento a las expresiones de descontento social y cerrando espacios para la libre expresión de la disidencia y la pluralidad de opiniones políticas”, agrega.
De acuerdo con datos de Provea, sólo entre febrero y mayo de 2014 la Guardia Nacional Bolivariana fue responsable de la represión en 47% de las manifestaciones reprimidas, 333 casos de personas heridas y/o lesionadas (38,9% del total) y encabezó 81% de los ataques a civiles en áreas residenciales donde se produjeron numerosas detenciones, daños a la propiedad y allanamientos sin órdenes judiciales.