El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, firmó el viernes dos leyes que recortan la cooperación de la ciudad con las autoridades federales de Estados Unidos para casos de deportación de inmigrantes indocumentados, un mensaje a Washington para aliviar la situación de millones de ilegales. AFP
La cooperación de las autoridades de Nueva York con responsables de inmigración y aduanas federales para casos de deportación se limitará a partir de ahora solo a “instancias en las que haya problemas de seguridad pública” o “aquellos condenados por delitos graves o violentos”, señaló la alcaldía en un comunicado.
El anuncio tiene lugar en un momento crucial para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, ya que el presidente Barack Obama se apresta a tomar medidas para evitar la deportación de unos 5 millones de ilegales, a pesar de la reciente derrota electoral sufrida contra los republicanos, según el diario New York Times.
“Las deportaciones en masa no solo han separado a miles de familias neoyorquinas, sino que también han socavado a seguridad pública en nuestras comunidades e impuesto castigos desproporcionados a familiares y esposos de inmigrantes”, afirmó el alcalde demócrata De Blasio, citado en el comunicado.
“Hoy enviamos otro mensaje a Washington de que llegó la hora de actuar para dar alivio a tantos individuos que contribuyen al crecimiento de nuestra nación”, agregó.
En 2011, Nueva York fue una de las primeras ciudades estadounidenses en limitar su respuesta a los pedidos de detención de las autoridades federales de inmigración y aduanas, reduciendo la cooperación a “entre el 60 y 65%”, según la alcaldía.
Las leyes firmadas por De Blasio “consolidan ese liderazgo” ya que se exigirá una orden judicial, lo que podría llevar el porcentaje de detenidos a “virtualmente cero”, evitando que entre 2.000 y 3.000 neoyorquinos sean arrestados por año en la ciudad para ayudar en procedimientos de deportación de las autoridades federales.
La dura derrota electoral sufrida por los demócratas el pasado 4 de noviembre alejó por completo la esperanza ya reducida de una reforma migratoria aprobada por consenso en el Congreso en Washington, principal promesa de Obama en su campaña a la reelección en 2012.
La sola mención de que el presidente pueda usar sus facultades ejecutivas y firmar decretos sobre este espinoso tema pone fuera de sí a los fortalecidos líderes republicanos.
Pero a pesar de las amenazas de los conservadores de quemar los puentes en el diálogo con la Casa Blanca, las presiones se acumulan sobre Obama, que ha estado postergando una decisión desde principios de año.