Una denuncia ante el Ministerio Público solicitando una investigación por los hechos ocurridos la madrugada del pasado domingo en Boca de Grita, municipio García de Hevia del estado Táchira, en los que murió el educador Yofre Orejuela, formalizó el diputado a la Asamblea Nacional por el circuito de frontera, Walter Márquez, a petición de la madre de la víctima, Eloina Madera y de su hermana, Janeysi Orejuela.
El parlamentario afirmó que el gobernador José Gregorio Vielma Mora tiene corresponsabilidad en los sucesos por tratar de encubrirlos, al igual que ocurre con la Secretaria General de Gobierno.
Recordó que el mandatario regional declaró que los sucesos ocurrieron durante un ataque de paramilitares al puesto de la Guardia Nacional Bolivariana en Boca de Grita, lo cual –afirmó- es totalmente falso, porque lo acontecido el día domingo fue una reacción de la población en rechazo al asesinato del Licenciado en Educación.
“La Secretaria General de Gobierno señala que había un operativo porque habían seis gandolas en el lugar. El Gobernador inicialmente dice que el ataque fue por un soborno frustrado, pero si las gandolas llegaron a Boca de Grita, como lo afirma María Gabriela Varela, no fue frustrado, porque tuvieron que pasar por el puesto de la Guardia Nacional en Orope, por el puesto de la policía estadal de Orope que está como cien metros más adelante; el puesto del Ejército en la hacienda La Esperanza, el puesto de la policía estadal a la entrada de Boca de Grita y el puesto de la Guardia Nacional a la entrada del Puente Internacional Unión”, explicó el legislador.
Indicó Walter Márquez que una gandola no puede pasar por el puente Unión pues su capacidad es para vehículos pequeños. Tampoco puede atravesar el río Grita, porque es muy profundo, lo que convierte el planteamiento de María Gabriela Varela en una cortina de humo y una simulación de hecho punible o falso positivo.
“Si estaban las seis gandolas en Boca de Grita ¿por qué no las mostraron? ¿dónde están las gandolas? ¿por dónde se evadieron? porque para que seis gandolas pasen por esa carretera requieren de la complicidad oficial”, agregó.
Márquez precisó que también se cometió el delito de omisión de socorro a un herido, cuando los guardias nacionales que lo hirieron no le prestaron apoyo y sus familiares tuvieron que hacer un gran esfuerzo para trasladarlo al puesto asistencial de Puerto Santander, donde fueron auxiliados por la Policia Nacional de Colombia.
Militarización de la justicia
Walter Márquez también denunció que además de la militarización de la frontera, se pretende militarizar la justicia cuando el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral –Zodi-, general José Morantes Torres, ordenó a la justicia militar la apertura de la averiguación penal, siendo que de acuerdo a la jurisprudencia y doctrina de la Sala de Casación Penal y de la Sala Constitucional del TSJ los casos de homicidio como el ocurrido en Boca de Grita le corresponden conocer a la justicia penal ordinaria.
“La justicia militar está tipificada en delitos estrictamente militares como: rebelión militar, insubordinación, desobediencia, espionaje y traición a la patria, entre otros; y de acuerdo al Código Penal Venezolano el homicidio y la omisión de socorro son delitos contra las personas. Independientemente de quien lo cometa, militares o civiles, el homicidio es tipificado como un delito ordinario. Por lo tanto, exhorto al general Morantes que le ordene a la jurisdicción penal militar declinar la competencia de la averiguación a la justicia penal ordinaria”, resaltó.
El parlamentario tachirense espera que esta investigación de la justicia militar no sea una maniobra de distracción para conocer la verdad de lo ocurrido en Boca de Grita, además de que la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que los delitos de graves violaciones de derechos humanos corresponden a la jurisdicción penal ordinaria y no prescriben.
De igual manera rechazó que el gobernador Vielma Mora anunciara que el Capitán de la GNB que comandaba la operación será condecorado cuando la investigación no está concluida. “Emplazo públicamente al Gobernador a que muestre las pruebas de que ahí estuvieron paramilitares. Lo emplazo a que muestre una sola prueba de que estuvo vinculado el imperio norteamericano. Como diputado de frontera rechazo sus pretensiones de tratar de descalificar a los defensores de los derechos humanos que hemos señalado la falsedad de sus afirmaciones. Lo reto públicamente, a que me demuestre que es verdad lo que está diciendo, y le voy a demostrar que es un embustero permanente”, resaltó.
Finalmente Walter Márquez afirmó que este hecho compromete la recta administración de justicia militar, la seriedad del Gobernador del estado y la imparcialidad de la Secretaria General de Gobierno, por lo que además de la denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público, también se formalizará ante el Relator de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Cristof Heyns, con sede en Ginebra. Prensa Walter Márquez