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La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estableció que a los imputados y condenados por el delito de tráfico de drogas de menor cuantía puede concedérseles fórmulas alternativas para el cumplimiento de las penas que le hallan impuesto.
Esa posibilidad estaba negada porque desde el año 2001 la misma sala constitucional había considerado el trafico de drogas como un delito de lesa humanidad. Ahora los magistrados de la Constitucional replantean dicho criterio según se lee en una sentencia publicada el pasado jueves e inserta dentro del expediente número 11-0836, cuyo ponente es Juan Mendoza.
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