Durante 2014 murieron 309 reclusos y 179 resultaron heridos en cárceles venezolanas, informó este martes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en su informe anual, en el que resalta que la violencia y el hacinamiento persisten en las prisiones de Venezuela.
“Esta disminución se explica sólo porque con el nuevo régimen penitenciario, los internos permanecen encerrados casi todo el día. Lo que se necesita es un mayor número de guardias y actividades de esparcimiento y trabajo para los internos”, dijo a la AFP Humberto Trejo, director general del OVP.
En el informe se resalta en particular el caso de la cárcel de Uribana, en el estado de Lara (norte), donde en noviembre se produjo una intoxicación como resultado de una protesta masiva que dejó unos 50 muertos y 150 heridos.
La OVP señala en su informe que desde 1999, cuando se aprobó la constitución que rige actualmente y en la que se consagraron por primera vez los derechos de las personas privadas de libertad, se han registrado 6.572 muertes en las prisiones resultado de la violencia.
Según el informe del OVP, el hacinamiento en las cárceles ha alcanzado un nivel “crítico” de 170% porque la población carcelaría sumó 51.256 para una capacidad instalada de 32.256 personas.
Las causas del hacinamiento son “el retraso procesal, reformas al código orgánico procesal penal, falta de nuevos centros de reclusión y uso excesivo de la prisión como sanción casi exclusiva”.
Sobre la situación sanitaria, el documento destaca las enfermedades más frecuentes son las dermatológicas, gastrointestinales y respiratorias, además de que la mayoría de los centros de reclusión carecen de atención médica permanente.
Las cárceles venezolanas son consideradas de las más violentas de la región y pese a los planes para mejorar las condiciones de detención lanzados por el gobierno en los últimos años, organizaciones civiles señalan que no se ha cumplido el objetivo.
El OVP realiza sus informes sobre la base del monitoreo de la prensa, denuncias que recibe de internos y sus familiares, y alianzas con comisiones de derechos humanos. AFP