La reciente notificación del Departamento del Tesoro (6 de marzo 2015), elaborado por la red de seguridad contra delitos financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), revela que altos ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra (BPA) facilitaron transacciones financieras a nombre de grupos de lavado de dinero, proporcionando servicios a individuos y terceros involucrados en crimen, corrupción, contrabando y fraude.
En la sección de las Disposiciones Legales, el reporte esgrime la Ley de Terrorismo del 2001 ( Patriot Act de los EE.UU.) que modificó las disposiciones contra el lavado de dinero de la Ley de Secreto Bancario para incorporar la prevención, detección y enjuiciamiento de lavado internacional de dinero y el financiamiento del terrorismo como fundamento para que la FinCEN actué.
En el caso de Venezuela, el documento señala que el lavado de capitales -producto de la corrupción gubernamental-, se realiza a través de una red con cientos de empresas ficticias o de pantalla panameñas que manejan una gran variedad de negocios para obtener utilidades ilícitas. Estas empresas están integradas por funcionarios -de alto rango- de la Administración de Maduro, agentes -lavadores del dinero- residentes en Panamá con vínculos en las altas esferas de la Banca Privada d’Andorra, y un abogado de Andorra. Y, las formas utilizadas para blanquear los capitales incluyen, entre otros: contratos y préstamos falsos, y sobre y baja facturación.
El informe del Departamento del Tesoro señala que “el BPA facilitó el movimiento de US $ 4.2 mil millones en transferencias relacionadas con el blanqueo de dinero venezolano” a través “de contratos falsos” (…) “con instituciones públicas venezolanas, incluyendo a Petróleos de Venezuela SA (PdVSA)”.
Si el hallazgo, de la FinCEN, de que la estatal petrolera venezolana se prestó para encubrir actividades ilícitas es concluyente, la Administración de Barack Obama (Departamento del Tesoro de Estados Unidos) podría poner sanciones a PdVSA, que le impediría operar sus actividades comerciales en dólares. Una acción que tendría consecuencias directas para la economía venezolana, ya que PdVSA aporta el 95% de las divisas (dólares) que ingresan al gobierno de Maduro.
Si la situación económica actual es crítica por la caída del precio del petróleo -$44,48 por barril promedio año, hasta ahora- y por su impacto en las finanzas de la República -ingresarían la mitad de las entradas del año pasado ($17.235 millones por las exportaciones neto de crudo)-, una sanción a PdVSA que la excluya del sistema financiero-dólar generaría una situación de caos económico en Venezuela.
Si PdVSA no pudiese tranzar la actividad comercial en dólares, la industria petrolera tendría que modificar la forma de pago en los contratos de venta, servicios de terceros y cancelación de las utilidades a las Empresas Mixtas.
Los flujos comerciales de Venezuela se reducirían al trueque o mercado de permuta, en el cual PdVSA entregaría el petróleo y a cambio el país recibiría alimentos, medicinas y servicios, como forma de pago. Un mecanismo que ya ha utilizado con países como Nicaragua Cuba, El Salvador y Argentina.
Además, PdVSA perdería el mercado de crudo estadounidense. Los volúmenes de petróleo que coloca actualmente en Citgo (700 mil barriles por día) serían suministrados por otros productores.
Al haber el Gobierno expuesto a PdVSA -la empresa de todos los venezolanos- a ser un instrumento para la legitimación de capitales, producto de la corrupción, sería el acto de traición más grave que algún otro gobierno haya cometido en la historia republicana de Venezuela, porque atenta contra la seguridad y el futuro económico del Estado.
La Administración de Maduro esgrimirá que es un acto de agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos para derrocar su gobierno. Al igual que lo ha hecho por los 7 altos funcionarios. A quienes la Administración de Obama ha sancionado, negándoles el derecho de entrada al territorio americano así como el bloqueo de sus bienes, por:
- haber realizado acciones o ejecutado políticas que resquebrajan los procesos e instituciones democráticas en Venezuela;
- violado los derechos humanos, en particular contra las personas involucradas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014;
- realizar acciones que prohíben, limitan o penalizan el ejercicio de libertad de expresión y el derecho de reunión en Venezuela.
Para que el Gobierno de los Estados Unidos llegue a sancionar a personas individuales y/o jurídicas, las Agencias y Departamentos deben desarrollar un proceso exhaustivo que se basa en la recolección de pruebas documentales,testimoniales, físicas y electrónicas. De lo contrario, no seguiría el debido proceso y la sanción podría ser declarada nula en un Tribunal o una Corte.
Por ello, la gravedad de que PdVSA aparezca en las investigaciones como un vehículo para el blanqueo de capitales, que por ahora habría sido producto de la corrupción gubernamental.
El riesgo es que PdVSA también salga como un medio financiero para facilitar actividades terroristas (FARC, Hezbollah), o para evadir las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos a Irán por el programa nuclear, porque podría salir del sistema financiero internacional.