Las noticias que llegan acerca de millonarias cuentas de funcionarios y ex funcionarios de los gobierno del presidente Chávez y de Nicolás Maduro, reflejan el cuadro de literal putrefacción de un régimen donde el peculado se ha hecho un modo de vida. Pareciera que el país hubiese caído en manos de bandas de corsarios que hicieron del Tesoro Nacional una especie de botín de guerra con enconada disputa para ver a quien le toca la mayor parte.
Lo que se ha descubierto en Andorra y en Madrid, donde modestos empleados de ministerios se han transformado en prósperos empresarios, no por su esfuerzo personal y sus destrezas para los negocios, si no más por sus conexiones con el gobierno de turno y donde el contrato favorecedor sustituyó la inversión y el riesgo de la actividad comercial. Las reseñas de diarios madrileños acerca de comisiones de más de ochenta millones de euros para asesorías orales a la empresa Duro Felguera, contratista del Estado venezolano, por parte de un ex vice ministro de Energía y petróleo, no tiene parangón en la historia de este atribulado país.
Las denuncias hechas sobre los negociados de un ex director de los servicios de inteligencia del Estado, trocado en flamante hombre de empresa, en cualquier país medianamente civilizado hubiesen concitado una investigación, por lo menos. En cada uno de los casos señalados aparece PDVSA y ello no es casualidad. La razón es la siguiente: a partir de junio de 2005, con motivo de la Reforma de la Ley del BCV, llamada la Reforma León- Cabezas por haber sido promovida por el ex director del BCV, Armando León y por el para entonces presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rodrigo Cabezas, se le permitió a PDVSA entregarle al ente emisor solamente las divisas que la estatal petrolera estima conveniente, contrario a lo que venía sucediendo, donde PDVSA estaba obligada a consignar al BCV todas las divisas provenientes de las exportaciones de hidrocarburos, como lo había propuesto el difunto profesor Gastón Parra Luzardo, en la Ley del BCV .
De esta manera, los directivos de PDVSA encontraron puerta franca para manejar las divisas del país a su antojo y sin control de ningún tipo. Actuaba PDVSA como una especie del Estado dentro del Estado. Ello es lo que explica el extraordinario poder del cual gozó Rafael Ramírez mientras fue ministro de Energía y Petróleo y presidente de la empresa estatal de petróleos. No solo tenía esos cargos, sino también era presidente del PSUV para la región andina. Y para colmo, se acaba de descubrir que Eudomar Tovar vice presidente del BCV firmó contratos por ochenta mil euros en favor del partido Podemos de España.
Lo más indignante de la situación es que mientras en Andorra, Panamá y España las averiguaciones avanzan para tratar de identificar el blanqueo de capitales y dar con los cacos, en Venezuela las autoridades pareciera que todavía no se hubiese enterado del desfalco de los fondos públicos, del tráfico de influencias y del consorcio para delinquir.
Debe recordarse que parte de la justificación de las asonadas golpistas de 1992 estuvieron motivadas en la entonces corrupción reinante. Ahora estamos peor y sin instituciones que investiguen el saqueo al patrimonio público.