EMILY AVENDAÑO
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Verónica Zubillaga, profesora Universidad Simón Bolívar e investigadora del Laboratorio de Ciencias Sociales, considera que la masacre de hace una semana en los edificios de Ocumare del Tuy representa la exacerbación de la violencia que se vive cotidianamente en centros urbanos del país.
“Eso no quiere decir que la gente de los barrios sea naturalmente violenta. Significa el fracaso del Estado en una de sus funciones más básicas como es la pacificación de las relaciones sociales”, señaló la investigadora.
Estadísticas de la Comisión de Desarme revelan que en 90% de los homicidios se utilizó un arma de fuego; fuentes policiales aseguran que en 70% de los casos el móvil fue el ajuste de cuentas, y 83% de las víctimas provenían de sectores urbanos en desventaja. “Son cifras conocidas, pero no hay una política pública seria para atacarlas”, afirmó Zubillaga.
La inserción de familias de zonas populares a edificios de interés social amerita el acompañamiento de las instituciones del Estado. José Gregorio Guerra, director de la ONG Quiero Paz, asegura que en la Misión Vivienda ha faltado vigilancia y supervisión del Estado: “No estamos generando procesos de urbanización. Se está haciendo una inversión en infraestructura, pero no hay ningún tipo de trabajo social que lo acompañe”.
Guerra opinó que los 12 homicidios ocurridos en Ocumare del Tuy en edificios de la Misión Vivienda en menos de 48 horas hace una semana no son hechos aislados sino el reflejo de la situación de violencia que se vive en el país, atizados por la impunidad y la falta de control de armas. “En una comunidad debe haber normas mínimas de convivencia, pero estos hechos transgreden cualquier pacto social, acuerdo o normas de conducta ciudadana. Eso sucede porque no hay un castigo. Entre bandas la muerte es la sanción”, dijo Guerra.
El deber ser. Las relaciones de confianza que se dan en las zonas populares son distintas a las que surgen en edificios. “La transición de la vivienda horizontal a la vertical requiere aprendizaje. Las reglas de uso del espacio son distintas; en los edificios hay áreas compartidas y hay más anonimato entre los vecinos”, explicó Esther Wiesenfeld, doctora en Psicología especialista en Hábitat y Comunidad.
La psicólogo expone que cuando ocurren esos cambios primero es necesario hacer un diagnóstico de las necesidades de las familias que se va a reubicar, hacer una caracterización demográfica, realizar visitas previas a los urbanismos para familiarizarse con el que será su nuevo entorno, conocer a los nuevos vecinos, definir qué puede aportar cada quien a la comunidad y posteriormente crear una estructura organizativa en función de las necesidades y recursos: “Basta que una persona no cumpla para que se vea afectada la convivencia”.
Josefina Baldó, ex presidenta del Consejo Nacional de la Vivienda, coincide en que se debe hacer un trabajo de acompañamiento social antes de la mudanza que ayudará a los nuevos habitantes a apropiarse de los espacios. Desde el punto de vista urbanístico recomendó que los edificios tengan buenas zonas de ventilación, áreas iluminadas, zonas de juego, salas comunitarias, de salud y buenos servicios públicos. “El objetivo es que la gente eleve su calidad de vida”, afirmó Baldó.
Desplazar problemas. Ese acompañamiento no se ha hecho en todos los casos, lo que ha incidido en la creación de un clima de violencia. “Cuando en un lugar no hay experiencia previa para atender temas del condominio; por ejemplo, cómo hacer una adecuada disposición de la basura y además falla la estructura de servicios el edificio se va degradando y no hay una base que propicie el buen vivir. Además, una ciudad debe ser una mixtura, no es correcto relegar una sola clase social a un urbanismo porque la sociedad no roza consigo misma y se reducen los espacios de convivencia”, dijo la arquitecto Elisa Silva.
Los Valles del Tuy se han con convertido, desde la década de 1980, en un centro de construcción de viviendas de interés social. Sin embargo, para Zubillaga “desplazar a grandes cantidades de población, y producir centros urbanos de apiñamiento sin programas, oportunidades sociales, económicas, culturales e instituciones que apoyen la convivencia y, por otro lado, muchas armas circulando sin control puede ser fatal como lo vemos en este caso”.
Criminalidad entre bloques
8 enero y 14 febrero
Edgard Briceño Da Silva, de 24 años de edad, fue asesinado a tiros en un edificio de Misión Vivienda en el puente Los Leones, en La Paz. María Lourdes González, de 50 años de edad, recibió un disparo en la cabeza en un tiroteo en la Misión Vivienda de Montalbán, adyacente a la urbanización Juan Pablo II.
3 de marzo
Orlando Ramírez, de 57 años de edad, fue localizado con múltiples disparos y sin sus pertenencias en un terreno baldío de un edificio de la Misión Vivienda en Coche.
13 de marzo
Luis Alfredo García García, de 29 años de edad, recibió varios disparos cuando bajó a comprar pañales en la planta baja del bloque 55 del edificio Cacique Tiuna de Misión Vivienda, en La Rinconada. En ese mismo hecho mataron a otro hombre que no fue identificado.
27 de marzo
Freddy Valera, de 33 años de edad, miembro del consejo comunal y de la comisión de seguridad del urbanismo OP17 de Misión Vivienda de la avenida La Paz en El Paraíso, fue asesinado en la entrada del edificio 3.
11 de abril
Luis Blanco Navarro, de 27 años de edad, fue asesinado en el sector Los Molinos de la avenida San Martín, frente al edificio de Misión Vivienda donde residía. Estaba en la calle porque acompañó a un amigo a tomar un taxi.
26 y 27 de abril
En un bloque de la Misión Vivienda en Lomas de La Guadalupe, en Ocumare del Tuy, hombres armados asesinaron a 9 personas que estaba en una fiesta e hirieron a otras 3. Al día siguiente, en un operativo de la GNB en el sector Los Robles IV etapa de Ciudad Betania II, murieron 3 personas entre ellos el sargento segundo Eusony Juniors Mendoza Rojas, de 28 años de edad. En el hecho explotó una granada.
El Dato
La semana pasada el presidente Nicolás Maduro se refirió a la violencia en los edificios de la Misión Vivienda aunque sin mencionar la masacre de Ocumare del Tuy. “No voy a aceptar ni un solo malandro en los urbanismos. El que esté metido en delitos, he dado la orden de que le quiten la vivienda ya”. Maduro pidió a los ministros de Vivienda y Relaciones Interiores, Ricardo Molina y Gustavo González, y al vicepresidente para el Desarrollo del Socialismo Elías Jaua a realizar una reingienería de todos los urbanismos. “Chávez quería ciudades integrales, productivas, ciudades de paz, cultura, deporte y toda la parte habitacional que no es un depósito de seres humanos, es una comunidad con todos sus servicios”, dijo.