Durante la década de los 80 en Colombia, importantes recursos económicos provenientes del narcotráfico se infiltraron en equipos de fútbol como mecanismo para lavar el sucio origen de tales fondos. Esto, lo hacían como careta de los señores de la droga, para venderse como auspiciantes del deporte nacional y no como empresarios del crimen. Brindaban grandes fiestas y celebraciones por las victorias de sus equipos en torneos de envergadura, como la Copa Libertadores y las ligas locales. En aquel caso, los capos de la droga eran Pablo Escobar Gaviria (con todo su cartel del Medellín), los hermanos Rodríguez Orejuela, Gonzalo Rodríguez Gacha, entre otros.
Parte de la política nacional colombiana, hizo guerra a tales dineros calientes que financiaban el deporte y el crimen, le costó la vida a muchos, incluidos entre ellos Luis Carlos Galán, quien se perfilaba como ganador de la Presidencia (jurando guerra al narcotráfico), así como la de Guillermo Cano, director del diario El Espectador de Colombia, quien en sus editoriales nunca dejó de señalar a los carteles de la droga. También era cierto que esos mismos dineros llenaban bolsillos de importantes políticos que hacían vida en el congreso de la República de Colombia, e incluso llegaron a financiar la campaña presidencial de Ernesto Samper (para validar esto, pueden hacer búsqueda del “Proceso 8000” en Colombia) por parte de los hermanos Rodríguez Orejuela, capos del cartel de Cali. Hoy en día, Samper es el Secretario General de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) impulsado por el gobierno de Venezuela.
El asunto que ahora nos compete, es la reedición de esos dineros calientes, solo que esta vez no son necesariamente provenientes de Colombia sino de Venezuela y en condiciones aun peor. Es escandaloso leer y saber que medios de envergadura internacional, y con trascendencia histórica han publicado información basada en testimonios de testigos y fiscales acusadores (justicia de EE.UU) sobre la actividad ilegal del tráfico de estupefacientes hacia altos funcionarios políticos y gubernamentales de Venezuela. Parte de esos testigos, en un momento dado eran catalogados como “patriotas” por el chavismo. Eran individuos que ocuparon importantes cargos de relevancia bien sea regional o nacional, como Rafael Isea (ex gobernador de Aragua), Eladio Aponte Aponte (ex Magistrado del TSJ), quienes hoy se encuentran en los EE.UU en manos de la justicia de ese país y colaborando con sus testimonios respecto a la corrupción en Venezuela y cómo los tentáculos del poder llegan hasta extremos inimaginables.
Ahora bien. Pensando desde el punto de vista soberano ¿Qué interés legítimo puede tener la justicia de EE.UU. en asuntos de Venezuela? Es muy sencillo. Los dineros calientes del S. XXI no solo están en Venezuela sino que forman parte importante de economías internacionales. Hoy por hoy, los ciudadanos comunes, no tenemos capacidad exacta para saber quién tiene qué, cuanto y dónde, pero sí sabemos que los sistemas de justicia internacional tienen una buena idea y llevan años investigando este fenómeno. ¡Un Estado involucrado en narcotráfico!
No sé, ni me interesa saber en cuanto se comercializa un Kg de cocaína en el mundo, pero la lógica me hace pensar que no es nada económica. Cuando se busca información y se lee acuciosamente, se consigue que según la DEA, en el año 2013 desde Venezuela se exportaron aproximadamente 131 toneladas de Cocaína y que; más del 40% de la droga que se consume en el mundo, pasa por Venezuela. El fruto económico de esta actividad tiene que ser excesivo, y esos recursos tienen que estar en poder de los que mandan en el país, porque en Venezuela no se mueve un dedo sin que la cúpula poderosa dé su beneplácito y si no, haga Ud. el ejercicio de pasar un control de “seguridad” en algún aeropuerto venezolano con digamos, un Kg de harina de maíz a ver qué sucede. Lo más seguro es que se lo quiten, pero “nadie vio” las 31 maletas con 1.3 toneladas de cocaína que llegaron a Francia en un avión de Air France procedente de Maiquetía, Venezuela. Droga que por cierto, según testimonios de un exjefe del cuerpo Antidrogas de la GN, tuvo que ser producida en Colombia y trasladada a Caracas, es decir, recorrió medio país y ¿nadie la detectó?
Resulta que en Venezuela, ninguna institución encargada de “administrar justicia” abre ni abrirá proceso alguno para investigar estos casos, ni las denuncias hechas por la prensa internacional y replicada por medios locales. No lo harán siquiera para guardar las apariencia.
Lo que sí hacen, es abrir procesos judiciales en contra de los medios locales que simplemente replicaron información de aquellos internacionales en quienes creen, es decir, matan al mensajero sin averiguar el mensaje y sus responsables. ¡Fin de mundo!
Ahora (y a riesgo de ser criticado) algo que también es inconcebible, es que organizaciones políticas opositoras al gobierno nacional, a las que les encanta que la poca prensa libre que aún queda en Venezuela les cubra sus actos y declaraciones, no hayan emitido comunicado alguno y de peso para defender a la prensa del país. Es momento, de hacerse solidario con esos 22 directivos sobre quienes pesan hoy medidas judiciales, absurdas y desproporcionadas que les exige presentarse ante tribunales penales y prohibición de salir del país. Sin ellos, posiblemente yo no habría podido publicar esta nota. Vaya mi solidaridad para con ellos, pues prefiero tener muchos medios de comunicación y poder escoger en quien creer, a limitarme a leer los que el gobierno deja en funcionamiento.
Imposible olvidar, que tal día como hoy hace 8 años el país perdió la señal de RCTV.