El silencio ante el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ante las amenazas del presidente Nicolás Maduro contra dirigentes sindicales, frente a los juicios a civiles en tribunales militares y las detenciones de Leopoldo López y otros dirigentes opositores son para Naciones Unidas evidencias de que la Defensoría del Pueblo es un apéndice del Gobierno, reseñó El Universal.
La afirmación la hizo el Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones de Derechos Humanos, instancia que recomendó, en un informe aprobado en marzo pasado y difundido hoy, quitarle al despacho dirigido por Tarek William Saab la nota “A” de la que venía disfrutando, por considerar tanto su acción como omisión “repercute en la imparcialidad e independencia” de ese organismo y, por ende, “ha visto comprometida” su misión de “promoción y protección de los Derechos Humanos”.
Sin embargo, la instancia evaluadora rechazó degradar a la Defensoría de manera inmediata y le dio hasta 2016 para “demostrar” que “es independiente y está preparada para hablar alto y claro en relación con las principales cuestiones de Derechos Humanos en Venezuela”.
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