El reciente encuentro -el tercero- de la Administración Obama con el gobierno de Nicolás Maduro en Haití muestra, en el registro fotográfico, una perspectiva distinta a la agenda política inicial de la Casa Blanca.
La primera reunión, el pasado 7 de abril, del consejero del Departamento de Estado de EEUU, Thomas Shannon, con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuvo como objetivo bajar las tensiones entre las dos Administraciones por las sanciones a 7 funcionarios militares y policiales del gobierno de Maduro por parte del ejecutivo estadunidense -por la violación de los derechos humanos en febrero 2014.
El gobierno de Obama aspiraba en Panamá a tener una Cumbre de las Américas sin sobresaltos porque en la misma sucedería el encuentro histórico entre los presidentes de Estados Unidos y Cuba.
En esa primera visita Shannon sostuvo, también, un encuentro privado con representantes de la alianza opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El segundo encuentro sucedió un mes después, el 11 de mayo, por invitación del gobierno de Maduro, para que Shannon regresara a Caracas y así continuar con las discusiones bilaterales directas entre ambos gobiernos. Entre los temas tratados por parte del alto diplomático estadounidense estuvieron los derechos humanos (liberación de presos políticos) y la solución electoral a la crisis política (fecha de las elecciones legislativas y la observación internacional).
De acuerdo al ex-Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Roger Noriega, “durante [la] reunión de seguimiento en mayo, Shannon divulgó a Maduro que periodistas estadounidenses preparaban un artículo que detallaba una investigación federal, en curso, por parte de los Estados Unidos”… y, que … “la investigación se centraba en la narco corrupción dentro del régimen -en la cual Cabello juega un papel central. La reacción de Maduro a la afirmación contundente de Shannon fue de desesperación”, porque Cabello forma parte fundamental de la estructura que sostiene al régimen. Maduro “sabe que no puede desafiar a Cabello incluso si quisiera, pues Cabello controla a un número importante de militares”.
Efectivamente, una semana después de la reunión Shannon-Maduro, el periódico The Wall Street Journal (WSJ) publicó que la justicia estadounidense lleva años investigando a altos funcionarios en Venezuela bajo la sospecha de que han convertido al país en un centro global de tráfico de cocaína y blanqueo de capitales.
Ya en Marzo, la unidad antilavado de dinero del Departamento del Tesoro de EEUU, FinCEN, revelaba que PDVSA se encontraba inmersa en actividades delictivas de lavado de dinero -producto de la corrupción- a través de Banca Privada d’Andorra (BPA).
Al permitir el Gobierno de Maduro las actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales, el poder judicial americano actúa para evitar que la droga entre a su territorio y que las organizaciones usen el sistema financiero para lavar el dinero. Por lo que la Administración de Obama está obligada a ver la situación de crisis en Venezuela, no sólo como un caso de violación de derechos humanos y una crisis de gobernabilidad, sino también como un narcoestado. Y, ésta nueva dimensión posee una dinámica propia, cuya solución es jurídica y no política.
Los poderes públicos en Estados Unidos son independientes y el Judicial aún más. La intervención de motu proprio por parte de cualquier funcionario público en una investigación se considera obstrucción al debido proceso (obstruction of justice), y es castigado por la ley. Por lo que ninguna autoridad se atreve a interferir.
Como ejemplo, el año pasado el presidente de Francia, François Hollande, ante la penalidad de $10 mil millones a BNP Paribas -uno de lo principales bancos de Europa y Francia-, por violar las sanciones impuestas por el Gobierno americano a Irán, Sudan y Siria, le escribió una carta al presidente Barack Obama solicitándole la reconsideración de la multa. Y, en la cena que sostuvieron en Paris los dos mandatarios, por los 70 años del desembarco en Normandía, Obama le dijo a Hollande que las decisiones sobre cualquier acusación judicial pertenecen exclusivamente al Departamento de Justicia de Estados Unidos. “La práctica en los Estados Unidos es que el presidente no se entromete en los juicios”.
Al tercer encuentro, el fin de semana pasado en Port-au-Prince, asistió Diosdado Cabello. De acuerdo al diario WSJ, en las fiscalías americanas “Hay grandes pruebas para justificar que (Cabello) no es sólo uno de los jefes, sino el jefe del cártel”, aseguraron al diario fuentes del Departamento de Justicia, que añadieron que el presidente de la Asamblea Nacional es “el principal objetivo” de la investigación.
Según Noriega esta reunión, “Todo apunta a que Maduro concibió el encuentro de Shannon con Cabello, lo que dio lugar a que el diplomático estadounidense le diera la noticia directamente al presunto narcotraficante”, y ante testigos. Noriega afirma, además, que “Shannon debe haber informado a Cabello que las investigaciones son graves, sustanciales y que están bajo el control de fiscales que gozan de una independencia absoluta”. Por lo que Cabello dejaba de ser parte de la solución política de la Casa Blanca y la única salida que tiene es la vía judicial, poniéndose a derecho.
Cabello, al darse cuenta de su solución, decidió publicar la foto de la reunión -propiciada por el anfitrión-, con el propósito de levantar su piso político dentro de las bases del chavismo, ante las primarias del PSUV, y los cuadros militares. Para mantener el control del partido-ejercito. Mientras tanto, Maduro y Shannon tendrán que superar la foto del capo di tutti capi, para continuar con el dialogo político entre las Administraciones.
Los resultados estarán por verse …
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