El país está agobiado, la carga se está haciendo insoportable. Vivir ha devenido en sobrevivir. Escapar del hampa o pescar alimentos son los esfuerzos principales del ciudadano. El resto de la energía es parir para pagar lo conseguido. Desde hace ya tiempo hablar de calidad de vida no pasa de ser un irónico eufemismo.
El gobierno (“el Estado”) es el responsable de este caos, controla las políticas y las instituciones: es quien imprime bolívares, es responsable de su devaluación. Es quien produce dólares, es responsable de su sobrevaloración. Es quien fija los precios, es responsable de la inflación. Es quien autoriza importar, es responsable de la escasez. Es quien maneja policías, guardias y tribunales, es responsable de la inseguridad. Es responsable de crear confianza, es responsable de la desinversión y estancamiento. Lo demás, guerra económica, conspiraciones, cercos, imperios y lacayos es propaganda. Paja y propaganda.
La frustración y la arrechera (en el sentido venezolano del término) se han ido apoderado del alma colectiva. Esa combinación es peligrosa, es el caldo donde se cultivan las aventuras de oportunistas. En Chile lo encarnó Pinochet, en Cuba lo hizo Fidel Castro. Las tensiones deben ser aliviadas, es responsabilidad del Estado. Como medidas inmediatas e impostergables de distensión el Estado debe convocar las parlamentarias y liberar a los políticos presos por políticos.
En una república, que es el tipo de país que escogimos ser según ha quedado sancionado en nuestra tradición constitucional, las tensiones se canalizan en el ejercicio de la democracia. El pueblo vota y elige. Quien gana manda. Quien pierde vigila y hace oposición.
Este año toca renovar el Parlamento. La elección de sus integrantes es el momento de concretar institucionalmente la correlación de fuerzas políticas derivado del ánimo colectivo. Es la oportunidad para que el pueblo hable y diga lo que siente y piensa. Y el pueblo está ansioso por hablar.
Es inaceptable que ya en las postrimerías de la primera mitad del año electoral el Estado no haya convocado la elección parlamentaria. No existen razones técnicas ni jurídicas para que el CNE no haya hecho esa convocatoria. El país como un todo debe exigir que se convoquen esas elecciones, como ha sido planteado en diversas oportunidades por el rector Luis Emilio Rondón. ¿Cuál es el sentido de postergar esa convocatoria? Lo que ha de pasar, pasará. No por dejar de anunciar las cifras de inflación bajan los precios. No por dejar de decir las estadísticas de crimen secuestran menos ciudadanos. No por dejar de anunciar la fecha electoral cambiarán los resultados.
Ese inútil aplazamiento de la convocatoria no hace sino incrementar las presiones sobre un gobierno ya bastante agobiado por los problemas que el mismo se crea. ¿Qué necesidad tiene el Estado de ser sometido a una presión, legítima y justificada por cierto, para que convoque de una vez por todas? Lo que debería ser rutina la irracionalidad lo hace excepcional. Las elecciones deben ser convocadas de inmediato. Basta ya de crear tensiones por gusto.
Y no menos importante, basta de perseguir a quien se opone. Es inaceptable que el costo en democracia de hacer política opositora sea la prisión, el exilio o la inhabilitación. Intentar inducir al miedo por disentir es una práctica antidemocrática y, en Venezuela inútil por nuestro espíritu irreverente frente al poder. En vida republicana no puede haber presos por hacer política en el marco constitucional. Los presos políticos deben ser liberados ya.
Y dedicarnos entonces entre todos a salir del atolladero de este modelo económico desastroso que lleva en sí mismo “el germen de su propia destrucción”.
@vicentedz