La relatoría Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU considera grave el caso de la demanda interpuesta contra 21 directivos de El Nacional, La Patilla y Tal Cual, por cuanto considera que evidencia que el sistema judicial venezolano depende directamente del Ejecutivo. Así se lo comunicaron a Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, en su reciente visita a ese despacho con sede en Ginebra.
Otero informó que la relatoría está en conocimiento de lo que sucede con el sistema de aplicación de la justicia en Venezuela y, en particular, de cómo las medidas cautelares son tomadas por órdenes del gobierno sin el debido proceso, sin las audiencias preliminares, sin escuchar a los afectados y violando el derecho universal de la defensa.
“El caso de Venezuela es muy grave porque hay una similitud con los procedimientos de las tradicionales dictaduras latinoamericanas; en este caso, cubiertos de un falso legalismo”, comentó el presidente editor.
En reuniones con el Desk Officer de Venezuela y el jefe de la sección Américas de la ONU se recogió toda la información sobre las violaciones de la libertad de expresión, los 70 presos políticos, las 2.000 personas en régimen de presentación, todas castigadas por juicios irregulares y jueces provisorios que dependen del Ejecutivo.
Otero presentó ante el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad Al-Hussein, el informe sobre libertad de expresión con el caso concreto de El Nacional, La Patilla y Tal Cual, y la situación general de libertad de expresión en Venezuela.
Venezuela se ha convertido en un país de alta preocupación para los organismos internacionales que se ocupan de derechos humanos. Ven una situación de represión creciente, el peligro de crisis humanitaria por la situación económica y en general un peligroso proceso de desestabilización.
El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville, reclamó formalmente al gobierno venezolano la promulgación del decreto 8610 del Ministerio de la Defensa, que autoriza a las Fuerzas Armadas a disparar a los manifestantes, lo cual es violatorio de la Constitución del país y agrava la situación en Venezuela.