El Estado no suministró los datos que solicitó la ONU sobre homicidios. Se refirió en forma genérica a la Gran Misión A Toda Vida Venezuela como “eje central” de la política en materia de seguridad ciudadana, sobre cuyos resultados apenas mencionó la creación de escuelas de música y el desarrollo de clínicas deportivas, publica El Nacional.
EDGAR LÓPEZ
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Las estadísticas más precisas sobre la criminalidad se aportaron en el informe alternativo presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia y el Laboratorio de Ciencias Sociales: “En la actualidad, Venezuela figura entre las naciones con niveles de ‘violencia muy alta’ en el mundo. El pasado año 2014 hubo, según estudios y cálculos del OVV, 24.980 asesinatos en todo el territorio nacional y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes llegó a 82. Entre 1998 y 2014 se cometieron en Venezuela 231.562 homicidios. La violencia homicida es la tercera causa de muerte en Venezuela, es la primera causa de muerte entre los jóvenes y es la causa de mayor número de años de vida potenciales perdidos. Aunado con ello, la inseguridad ciudadana es el principal problema social que afecta a todos los venezolanos”.
La coalición de ONG Foro por la Vida llamó la atención de los expertos de la ONU sobre la militarización de la seguridad ciudadana, a propósito de que ello contraviene los estándares internacionales: “Desde mayo de 2013 se implementa en paralelo el Plan Patria Segura que incluyó la utilización de al menos 3.000 efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los funcionarios militares no están capacitados para atender los requerimientos de la seguridad ciudadana. El Ministerio Público anunció el desarrollo de un programa de capacitación de los funcionarios militares en derechos humanos, el cual se inició después de que había comenzado el plan y se aplicó de manera fraccionada e incompleta, con las previsibles consecuencias para la población civil, produciéndose varios casos de homicidios por funcionarios militares contra ciudadanos”.
Indiquen las medidas adoptadas para desmantelar los colectivos sociales armados y para el registro de todas las armas y municiones. (Pregunta de la ONU)
Auspiciados por el oficialismo y fuera de control
El Estado admite la existencia de bandas armadas y esboza sin mayores detalles las negociaciones que ha emprendido con el hampa mediante el Movimiento por la Paz y la Vida: cuadrantes de paz, canchas de paz, Misión Barrio Adentro Deportivo. Solo ofreció números al referirse a la destrucción de armas de fuego (tampoco se precisa si fueron incautadas o entregadas voluntariamente por los delincuentes): 26.518 en 2014 y 18.452 en 2013. Aseguran que con estas armas “se obtiene material ferroso que se dedica a la fabricación de cabillas para la Gran Misión Vivienda Venezuela”. Sin embargo, no se indica cuántas cabillas se habrían fabricado.
Nada se dice sobre los resultados específicos de los convenios entre el gobierno y las bandas criminales y, mucho menos, sobre sus efectos contraproducentes, en vista de que en muchas de las llamadas zonas de paz el hampa se ha entronizado, ha desplazado a la policía y han aumentado los delitos, particularmente los homicidios, el tráfico de drogas y la extorsión.
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