Los cultivos de coca “crecieron considerablemente” en Colombia en 2014 y la producción de cocaína tuvo un incremento “aún más fuerte”, según un informe de la ONU divulgado este jueves, que refuerza la posición del gobierno sobre la necesidad de rediseñar la lucha antidrogas. AFP
Por: Lissy De Abreu
“Los cultivos de coca crecieron considerablemente en Colombia, al pasar de 48.000 hectáreas en 2013 a 69.000 hectáreas en 2014”, lo que representa un aumento de 44%, señaló en rueda de prensa Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
“El incremento de la producción potencial de cocaína es aún más fuerte. De una producción potencial media en 2013 de 290 toneladas métricas se pasó a una de 442 toneladas métricas, un incremento de 52%”, añadió.
El informe anual, basado en imágenes satelitales, muestra que la zona de cultivo de arbusto de coca se redujo en regiones como Amazonas (sur), Orinoco (este) y Sierra Nevada (norte), pero aumentó en zonas del Pacífico (oeste), Putumayo-Caquetá (sur) y Meta-Guaviare (centro-este).
Con este resultado se revirtió la tendencia a la reducción que se venía presentando desde 2007, cuando las hectáreas sembradas de coca eran unas 100.000 y bajaron a 62.000 en 2010 y a 48.000 en 2013.
“El cambio es una importante señal de alerta”, dijo Leonardo Correa, coordinador técnico del informe, aunque a la vez destacó que el aumento de los cultivos “está muy concentrado en unos territorios” y que 42% de la coca está ubicada en solo 10 municipios.
“El fenómeno es de mucha más coca, pero concentrada en torno a unos núcleos que están muy bien definidos” y esto “quiere decir que esos núcleos son muy complejos y que intervenir en ellos requiere unas estrategias muy bien definidas”, explicó Correa.
Nuevas estrategias
Tener más área sembrada de coca implicó también un incremento importante en la producción de cocaína, droga de la que Colombia es junto a Perú el principal productor mundial, según datos de la ONU.
Pero no solo el aumento del área sembrada impulsó la producción de cocaína. También fueron determinantes el clima, que afectó menos los cultivos de coca, permitiendo un mayor rendimiento por hectárea, y el surgimiento de “nuevos incentivos” para los cultivadores, como la “reducción de los riesgos” y “la tendencia al alza de los precios de la hoja”, explicó Correa.
Ante los resultados, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que ha sido enfático al plantear un “rediseño” de la lucha antidrogas a nivel mundial, insistió en esta necesidad.
“Si 40 años después de haberle declarado la guerra a la droga, ésta no se ha ganado, es porque las herramientas que hemos venido utilizando son insuficientes”, dijo este jueves el ministro de Justicia, Yesid Reyes.
Reyes planteó entonces alternativas a la hasta ahora preponderante lucha frontal y represiva contra el narcotráfico, como el “desarrollo alternativo” de las comunidades donde la ausencia de atención estatal impulsa la proliferación de los cultivos ilícitos, o un abordaje diferente en el tratamiento de los consumidores de drogas.
Colombia, que suspendió en mayo de este año la fumigación de los cultivos de coca con glifosato, una sustancia considerada como posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS), estudia desde entonces opciones más benévolas para atacarlos.
El conflicto armado, que azota al país desde hace más de medio siglo y al que el gobierno busca poner fin por medio de los diálogos de paz que sostiene con la guerrilla de las FARC desde 2012, complica aún más el panorama pues ha alimentado el narcotráfico.
Al respecto, Mathiasen advirtió precisamente este jueves que “el territorio afectado por cultivos ilícitos será uno de los escenarios más complejos para materializar el deseo de paz de los colombianos”, por la presencia de actores armados y el lucro que produce la droga.
Además de guerrillas de izquierda, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el conflicto colombiano han intervenido paramilitares de derecha, bandas narcotraficantes y agentes del Estado, dejando más de 220.000 muertos y seis millones de desplazados.