Diversas organizaciones, así como defensores y defensoras de derechos humanos denunciamos que, de manera sistemática y haciendo caso omiso a las continuas solicitudes que han hecho los órganos de Naciones Unidas a las autoridades venezolanas de garantizar la seguridad e integridad de quienes defienden derechos humanos, incluyendo el incumplimiento de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha persistido en tomar represalias contra defensores y defensoras a causa de su participación como corresponde a los procedimientos establecidos en audiencias de los exámenes de Venezuela sobre cumplimiento de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, usando la descalificación y la incriminación pública en el programa de televisión semanal del canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV), “Con el Mazo Dando”, que conduce personalmente el Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Diosdado Cabello.
En dicho programa, el Presidente de la Asamblea Nacional presenta reportes de supuestos “patriotas cooperantes anónimos” cuya responsabilidad acerca de su concepto y contenido editorial ha sido asumida por su propio conductor, en los que se divulga información e imágenes fotográficas que denotan un patrón de vigilancia permanente sobre movimientos migratorios y actividades de los defensores y defensoras, deformando deliberadamente su labor con el forjamiento de datos falsos a objeto de criminalizarlos y exponerlos al escarnio público. Las emisiones de estos reportes han coincidido con actos de hostigamiento registrados en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por parte de individuos vestidos de civil dentro de las zonas internas de inmigración y fuera de las instalaciones del aeropuerto.
Los defensores y las defensoras de derechos humanos a quienes se han dedicado los referidos reportes de “patriotas cooperantes” son Marco Ponce, Rafael Uzcátegui, Liliana Ortega, Carlos Correa, Ligia Bolívar, Humberto Prado, Rocío San Miguel, Feliciano Reyna, Mariengracia Chirinos, Carlos Nieto Palma, Quiteria Franco y Francisco Valencia. Más recientemente, a raíz de su participación durante las sesiones del examen de Venezuela en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos realizadas por el Comité de Derechos Humanos los días 29 y 30 de junio en Ginebra (Suiza), en el programa “Con el Mazo Dando” del 01 de julio de 2015, se dedicaron nuevamente reportes a Feliciano Reyna y a Rafael Uzcátegui, Carlos Correa, Ligia Bolívar, Humberto Prado, Alfredo Romero, Tamara Súju y Rocío San Miguel.
En este sentido, queremos expresar nuestra condena a los actos referidos de descalificación, acoso y difamación pública de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela; informamos que serán activados todos los mecanismos para su denuncia en su carácter de ataques contra la defensa de los derechos humanos y el derecho de las víctimas a buscar justicia, conforme a lo dispuesto en el derecho internacional y en la Constitución venezolana; y advertimos que estos actos no solamente muestran el desconocimiento y menosprecio de autoridades del Estado venezolano hacia los derechos humanos, aumentando las alarmas de atención, desconfianza y rechazo de la población y de la comunidad internacional hacia la conducta del gobierno; sino que no tienen ni tendrán el efecto de intimidar o neutralizar la labor de los defensores y defensoras.
Por el contrario, ratificamos nuestro compromiso de continuar trabajando firmemente por las víctimas y por los derechos humanos, lo cual incluye seguir usando los mecanismos internacionales de protección, y responsabilizamos al Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por la integridad personal de las defensoras y los defensores señalados; asimismo se alerta a la comunidad internacional por la conducta contumaz del Presidente de la Asamblea Nacional, y se exige a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, como Jefa de la Misión venezolana ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, velar porque el Estado cumpla con su obligación de garantizar el trabajo de defensores y defensoras, y de sus organizaciones, sin intimidaciones ni represalias.
Prensa CNP