Para el momento de escribir este artículo, la Universidad Central de Venezuela ha detectado y denunciado públicamente ante la familia venezolana el nuevo plan oficialista de subversión que permite categorizarlo como una acción de lesa educación. Se trata de utilizar el proceso de ingreso nacional de bachilleres de la cohorte 2015 para extender hacia las universidades autónomas y democráticas, el vasto proceso, ya presente en los niveles de educación escolar, medio y medio diversificado, de hacer mediocre al máximo el proceso de enseñanza-aprendizaje para consolidar “la pobre educación para los pobres”.
Las investigaciones de la Comisión de Expertos del Vicerrectorado Académico, integrada por Tulio Ramírez, Ruth Díaz Bello, Audy Salcedo, Amalio Sarco Lira, Jesús González, Inírida Rodríguez, Maitee Toro y Carlos Falcón, en conjunto con el equipo de nuestra Asesoría Jurídica compuesta por Mervin Ortega y colaboradores, permiten describir las cuatro características del proceso engendrado en los cenáculos del confiscado y militarizado Consejo Nacional de Universidades. Las listas de bachilleres asignados por la OPSU a en el ámbito nacional son ilegales, injustas en lo académico, inauditables y perversas.
Persiguen infiltrar las valerosas bases estudiantiles de los centros universitarios autónomos en las que se vive en libertad, innovación y pluralidad y, a la vez, con la raíz impregnada de mala fe, someter a miles de bachilleres de muy precaria formación, mayoritariamente de la Misión Ribas, al rotundo y prematuro fracaso en la aulas universitarias mientras simultáneamente preparan nuevas rondas de “difamación e injuria” para culpar a nuestras universidades y sus autoridades rectorales y de decanatos, como promotores y ejecutores de cercenar el futuro y las esperanzas de la juventud venezolana revolucionaria.
He de ser más claro aún al denunciar ante la nación, sus familias y sus hijos que esta estrategia de lesa educación considera impulsar el enfrentamiento entre los estudiantes de nuestras Alma Mater, agravando con mayor intensidad el colapso nacional que padecemos los venezolanos y así perpetrar cualquier acción que impida concretar la demoledora paliza electoral que la dictadura de Maduro Moros sufrirá el 6 de diciembre. El mundo democrático nos respalda y exige, sin cesar, garantías electorales, cuadernos de votación y observación institucional que son irrenunciables.
Son momentos decisivos. La sobrevida de nuestros docentes y de las valiosas nóminas administrativas está en peligro. Como millones de conciudadanos hemos perdido la República, nuestras garantías socio-económicas, la calidad de los ambientes y dotaciones académicas, y rogamos a la providencia por llegar a salvo a nuestros albergues. Desde este espacio alertamos ante el salvaje engaño de la Convención Colectiva II y reiteramos el llamado a rescatar las normas de homologación y reiniciar la lucha por nuestras propias tablas salariales sometidas al CNU en diciembre de 2014.
Hemos de recurrir a la profundización de la resistencia cívica. Contamos con un sólido liderazgo rectoral. La mayoría absoluta del Consejo Universitario de la UCV ha hecho su trabajo. Nunca hemos negado que acertamos y erramos. Pero han de reconocerse los siete años de invariable voluntad en defensa de nuestra autonomía, y de innovar y luchar. Invito una vez más a “tomar” nuestros campus, pasillos, puertas, anfiteatros, en todas las sedes y que las otras universidades hermanas hagan lo mismo. Unidad y presencia con firmeza y determinación hace de la universidad un corazón imbatible
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Nicolás Bianco es Doctor y Vicerrector Académico de la Universidad Central de Venezuela (UCV).