El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, llamó la atención sobre la efectividad de las acciones emprendidas por el gobierno nacional en el marco de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) que arroja, de acuerdo con el balance del despacho de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 52 presuntos delincuentes abatidos y cerca de mil personas detenidas.
“¿Es la OLP una política pública para darle seguridad a los venezolanos, o algo absolutamente represivo, efectista, otro operativo más?”, preguntó Capriles.
Indicó que los voceros del gobierno resaltan como un logro de estos operativos la recuperación de mil 200 apartamentos construidos por la Misión Vivienda Venezuela que estarían, según la versión oficial, invadidos por delincuentes, y puso en duda la legalidad de estos supuestos desalojos.
“¿Es acaso que todas las personas que vivían en esos apartamentos eran delincuentes? ¿Quién hizo el censo, donde estaba la orden judicial para llegar allí y sacar de un apartamento a la gente?
Precisó que esas actuaciones no se realizaron de acuerdo con las normas legales y, por tanto, no se pueden aceptar. “De esta manera, con operativos absolutamente represivos, no se construye una sociedad, ni se derrota la violencia”.
Adelantó que en los próximos días anunciará al país la actualización de la propuesta para combatir la violencia que presentó meses atrás.
“Así como hicimos la propuesta en materia económica, en los próximos días vamos a reiterar la propuesta para hacerle frente al problema de la violencia con responsabilidad, con resultados y en el marco de lo que señalan las leyes”, afirmó.
Capriles se refirió a la veintena de planes para combatir la inseguridad puestos en práctica en los últimos años. “¿Qué paso con el Plan Patria Segura, con el Bicentenario de Seguridad, qué paso con los cuadrantes… se acuerda usted? Van de fracaso en fracaso y las consecuencias la pagan los venezolanos, principalmente nuestro pueblo más pobre.
Señaló que la población humilde es la que más sufre con el modelo económico fracasado, inflacionario, de debilitamiento del bolívar y de los ingresos de los trabajadores, y también por la creciente inseguridad, pues la violencia se concentra en los sectores populares.
El gobernador de Miranda se refirió también a la muerte de dos jóvenes en el estado Aragua, que habrían sido ajusticiados por funcionarios de la policía de esa entidad según muestra un video que circula por las redes sociales.
Resaltó que este caso no sería conocido si no hubiese sido grabado y difundido por las redes sociales, pues el gobierno tiene contra la pared a los medios de comunicación social para evitar que trasciendan casos como este, al igual que pretende hacerlo con las colas para la compra de alimentos y medicinas.
“Nada de eso no sale por el canal 8. ¿Qué habría pasado si eso hubiese ocurrido en Miranda, o con otro cuerpo policial de un municipio o estado en el que el Estado no tenga el control? (…) Ahora andan también fabricando un caso político para tratar de tapar otras cosas, queriendo vincularme a mí con el autor intelectual de un hecho terrible. Para que ustedes vean las novelas que montan para tratar de evitar que la gente pueda conocer las propuestas de quienes estamos proponiendo soluciones”.