Ante la situación que se desarrolla en el Estado Táchira, con motivo de la declaratoria del Estado de Excepción y el anuncio Presidencial de extender geográficamente sus efectos a otros espacios de la frontera con Colombia, la organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional (www.controlciudadano.org) emitió un segundo comunicado sobre la crisis en el Estado Táchira, en el que solicita se instale en Venezuela una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, agencia con la que el gobierno venezolano en el pasado reciente, ha mantenido diálogos constructivos y cooperación, por razones humanitarias y de derechos humanos, la cual puede influir favorablemente en la situación.
Explicó Rocío San Miguel Presidente de Control Ciudadano, que esta oficina estaría en capacidad de influir favorablemente en la situación de derechos humanos en Venezuela, trabajando de la mano del gobierno y la sociedad civil a fin de subsanar las deficiencias que afectan el cumplimiento de los derechos.
Actualmente en la Región de América Latina y el Caribe funcionan cuatro (4) oficinas de país en Bolivia, Colombia, Guatemala y México.
Control Ciudadano considera “que la ausencia de una política de Fronteras no puede ser corregida con un Estado de Excepción” y exhorta al gobierno nacional a la suscripción de acuerdos de seguridad fronteriza con los catorce (14) países con los que tiene límites internacionales, al establecimiento de control democrático sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional en la frontera y a la desideologización del delito, pues es tan grave la presencia paramilitar en territorio venezolano, como la presencia guerrillera y de todo grupo armado al margen de la ley, como de la delincuencia organizada.
Finalmente Control Ciudadano responsabilizó al Presidente de la República, por la omisión de sus funciones al frente del Consejo de Defensa de la Nación, que lo obligaba a la creación de un registro nacional para el seguimiento, control y supervisión de las personas, bienes y actividades que se encuentran en la zona de seguridad del Estado Táchira, la cual abarca la integralidad de su territorio con 31 zonas de seguridad.
COMUNICADO DE CONTROL CIUDADANO
La ausencia de una política de Fronteras no puede ser corregida con un Estado de Excepción.
No era necesario un estado de excepción en Táchira. El Gobierno y la FANB cuentan con medios legales desde hace más de 15 años para haber actuado.
| Número: 5/2015 | Caracas, 25 de agosto de 2015 |
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, dado el alcance que el Estado de Excepción anunciado por el Presidente de la República tiene para los ciudadanos, por afectar el goce de derechos humanos y restringir garantías constitucionales, hace del conocimiento de los venezolanos que no era necesario un estado de excepción en Táchira.
En efecto, el Estado Táchira cuenta con 31 zonas de seguridad, que abarcan la totalidad de la jurisdicción de ese Estado Táchira con aproximadamente 1.100 Km2, proporcionándole al Ejecutivo Nacional y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) medios legales desde hace más de 15 años para haber actuado, desde la entrada en vigor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Estas 31 Zonas de Seguridad son: La Zona de Seguridad Fronteriza y las 30 Zonas de Seguridad que generan instalaciones militares establecidas a lo largo y ancho del Estado Táchira, publicadas todas en Gaceta Oficial, sobre las cuales debió seguirse un régimen permanente de seguimiento que no ha sido monitoreado por el gobierno debido al abandono de la frontera.
Un abandono que queda expresado incluso, en la ausencia de la aprobación de la Ley Orgánica de Fronteras, prevista en los artículos 15 y 327 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que el gobierno nacional, con su mayoría parlamentaria se ha negado promulgar todos estos años.
Hoy debe señalarse con firmeza que la gravedad de la situación fronteriza no ha interesado al gobierno nacional todos estos años y esto genera responsabilidades que deben ser asumidas por el Presidente de la República, pero no precisamente a través de un Estado de Excepción. Ya en 1.999, durante la Asamblea Nacional Constituyente, la Comisión de Seguridad y Defensa de las Fuerzas Armadas Nacionales, al culminar un recorrido por la frontera terrestre venezolana, con una duración de seis (6) días, en octubre de ese año, advirtió en su informe correspondiente entre otras cosas, aspectos que no han sido atendidos por el Estado en estos quince (15) años:
- La presencia de guerrilleros y paramilitares que actúan en la frontera venezolana con Colombia, practicando robos, secuestros, extorsiones, intimidaciones, utilizando estas zonas como aliviadero.
- El modo como las autoridades locales venezolanas de estas regiones fronterizas, se encontraban influenciadas por el temor a que sus decisiones afecten la subversión. Observándose “…el nacimiento de un brazo político de la subversión en la región, mediante líderes políticos regionales y locales, que son simpatizantes, colaboradores y miembros de la guerrilla colombiana que está buscando obtener posiciones a niveles sensibles de los ejecutivos y poderes locales”
3.- Las existencia de actividades ilícitas, tales como secuestro, cobro de vacuna y extorsión, tráfico de drogas y de minerales, inmigración ilegal y contrabando de combustible, además del de mercancías.
Hoy el Presidente Maduro, es responsable por la omisión de sus funciones al frente del Consejo de Defensa de la Nación, que lo obligaba a la creación de un registro nacional para el seguimiento, control y supervisión de las personas, bienes y actividades que se encuentren en la zona de seguridad del Estado Táchira. Esto no existe. Como tampoco se han cumplido las funciones de seguimiento al régimen de tenencia y trasmisión de la propiedad inmobiliaria por parte de extranjeros en las zonas de seguridad fronteriza. Ambas funciones establecidas en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (art. 57) y el Reglamento Parcial Número de esa Ley (Art 7).
La ausencia de una política permanente del Estado venezolano hacia sus regiones fronterizas no puede ser corregida con un Estado de Excepción.
Los problemas de seguridad nacional en la frontera venezolana, son complejos y demandan una visión global en tres (3) aspectos urgentes:
- La suscripción de acuerdos de seguridad fronteriza con catorce (14) países con los que tiene límites internacionales Venezuela.
- El Control democrático de la actuación de la Fuerza Armada Nacional en sus funciones de soberanía y resguardo de la integridad territorial. Esta actuación debe ser vigilada por la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de manera permanente.
- La desideologización del delito, pues es tan grave la presencia paramilitar en territorio venezolano, como la presencia guerrillera y de todo grupo armado al margen de la ley, como de la delincuencia organizada. Preocupa la insistencia del gobierno nacional hacia uno solo de los actores del delito y el silencio frente a la existencia de los otros, una realidad en la frontera con Colombia.
Finalmente, Control Ciudadano considera alarmante la crisis humanitaria que se está verificando en el Estado Táchira, con ocasión de la entrada en vigor de un Estado de Excepción dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde el pasado viernes 21 de agosto de 2015; motivo por el cual exhorta al Gobierno venezolano en tanto perdure esta situación y ante el anuncio del Presidente de la República de extender geográficamente este Estado de Excepción a otros espacios fronterizos; solicite se instale en Venezuela una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, agencia con la que el gobierno venezolano en el pasado reciente, ha mantenido diálogos constructivos y cooperación, por razones humanitarias y de derechos humanos, la cual puede influir favorablemente en la situación.
Rocío San Miguel
Presidente
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
Este comunicado se emite en el marco del derecho a la participación en los asuntos públicos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de conciencia que tienen los ciudadanos venezolanos de acuerdo al artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esperando contar con las garantías de no ser objeto de represalias por ello y con el ánimo de contribuir con el respeto a los derechos humanos y la paz de la República.
Otro comunicado de Control Ciudadano sobre la situación en el Estado Táchira: