Hace tres años se registraba una explosión en el complejo refinador de Amuay que dejaría un saldo de 47 muertos y 135 heridos, según el informe de los resultados de la investigación del caso Amuay hecho por PDVSA. Sostienen que esta tragedia marcó un antes y un después en la industria petrolera venezolana y las familias paraguaneras, publica La Verdad.
Alixel Cabrera / Maracaibo / [email protected]
Hoy, cuando se cumplen esos tres años, la refinería opera por debajo de 60 por ciento de su capacidad. Las repercusiones del accidente persisten: de 654 mil barriles que puede procesar, hace cuatro días se reportó la existencia de 450 mil barriles. Pero, este es una cifra optimista para el promedio que desde agosto de 2012 se maneja.
Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos de Falcón, lo explica. “Hace una semana, la refinería de Amuay tenía 320 mil barriles, es decir, que desde la explosión, de operar aproximadamente con 620 mil barriles por día, su operación normal bajó aproximadamente a un promedio de 370 mil barriles por día. La refinería de Cardón -su vecina- está procesando nada más 120 mil barriles por día de 310 mil que debería tener”.
La planta de catalítica, responsable de producir combustibles, fue en la que se causó el daño. Con una capacidad para 108 mil barriles, hoy puede procesar sólo 70 mil. Freites asegura que en reiteradas ocasiones se ven obligados a detener su operatividad, pues aún tiene problemas de estructura, los que a su vez generan inconvenientes en la destiladora y las plantas de azufre, que están cercanas al sitio de la explosión.
A esto se le suma la falta de lugares donde almacenar los productos de la unidad del Centro de Refinación de Paraguaná (CRP), pues 14 tanques que sufrieron daños severos a causa de la explosión no se sustituyeron. Para el sindicalista, esto implica que el país tenga que importar gasolina, sus componentes y gas para cubrir la demanda.
Afirma que en Coro y Punto Fijo se presentan largas colas y la población espera semanas y hasta meses para poder adquirir una bombona de gas, puesto que apenas arriba un tercio de lo que solía llegar antes del evento explosivo.
Los afectados
Según el informe presentado por Petróleos de Venezuela en septiembre de 2013, ese día se registraron 47 muertes, entre ellos, el operador de patio que se disponía a bloquear las válvulas de fondo de las esferas, 24 efectivos de la Guardia Nacional que se encontraban en el vecino Destacamento 44, 11 familiares de los uniformados, cinco empleados de Puramín, un vigilante contratista y cinco desaparecidos que habrían pasado la noche en el área residencial de la GNB.
De acuerdo con lo expuesto, los lesionados fueron 135; seis trabajadores de PDVSA y 129 guardias nacionales y familiares. Pero, Freites destaca que aproximadamente 30 trabajadores de la petrolera sufrieron daños permanentes como pérdida de la audición, daños cerebrales, en las columnas y caderas. Insiste en que el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales no certificó los perjuicios generados por la tragedia.
Además se vieron afectadas al menos tres mil 403 viviendas de las zonas aledañas. Zulay Ramos, exmiembro del consejo comunal del sector Antonio José de Sucre, explica a este rotativo que a todas las personas cuya casa se derrumbó completamente, se les adjudicó una nueva fuera de la zona. También se desplegaron cuadrillas para reparar techos, ventanas y paredes caídas en las viviendas que no presentaron pérdidas totales.
La preocupación de Ramos se centra en que aún no se delimita una zona de seguridad en las adyacencias de la refinería. Expone que por esta causa hay familias que están construyendo viviendas en el sector Alí Primera, el más cercano al complejo refinador. En su caso, le prometieron una reubicación por la cercanía al terreno de PDVSA, pero no se fía de ese ofrecimiento. “Estoy construyendo por mi cuenta una piecita porque yo no quiero estar aquí, que se llegue a suscitar otro evento que ni Dios lo quiera pasó, uno no sabe qué puede pasar, estamos muy cerca. Yo estoy a menos de 600 metros de la refinería”.
El suceso
El 24 de agosto a las 11.57 de la noche inició en el Bloque 23 de la refinería un escape masivo de gas inflamable de olefinas. Los efectivos del Destacamento 44 de la GNB recibían la alerta del peligro, pues una nube de gases se desplazaba hacia el vecino recinto. La fuga se incendió en medio del desalojo de los funcionarios, cuando intentaron poner en marcha uno de sus vehículos.
Los vecinos de la zona aún recuerdan la onda expansiva que generó el estallido. Un fuerte temblor avisó a la población sobre la explosión. Y es que quienes vivían en las adyacencias de la instalación habían pasado el día entero sin servicios públicos y no tenían conocimiento sobre lo que ocurría. Jonnybeth Molina había regresado a su casa en Falcón por las vacaciones de agosto. Al ver cómo las paredes se movían y las ventanas se quebraban, decidió salir de su vivienda. Se encontró con un cielo anaranjado. A lo lejos no podía distinguir el complejo refinador, pues el humo y el fuego lo cubrían en su totalidad. Recuerda que imaginaron el peor de los escenarios: “Pensábamos que nos íbamos a morir, realmente porque siempre se nos ha dicho por cultura que si llega a haber una explosión, explota Amuay completo y Cardón, que están conectadas las dos refinerías, que puede acabar con toda la población”.
El desasosiego se apoderó de la población, la testigo describe la situación como “desesperante”. Luego de la explosión se reestableció el servicio eléctrico. Molina pidió a sus compañeros que habitaban fuera de Falcón que le informasen sobre lo que ocurría. Las noticias llegaban vía telefónica por familiares preocupados por su estado.
Al otro lado de la Avenida Intercomunal, que permanecía cerrada, estaba su madre, Lisbeth Yrausquín, enfermera del hospital Dr. Rafael Calles Sierra. La guardia de esa madrugada, estuvo lejos de ser común. Cerca de la medianoche también percibieron el estallido y empezó la llamada de alarma para que todos los profesionales de la salud, que estuvieran o no de turno se dirigieran a la institución para atender a la gran cantidad de heridos que pronosticaban.
“Fue allí donde comenzó a llegar la gran masa de heridos, muchos de ellos ya desnudos, venían en estado de shock, otros calcinados completamente. En camionetas los traían como en la guerra, que traen a ese poco de muertos ya calcinados en camionetas; trajeron bastantes soldados porque en su mayoría eran los que vivían al lado de la refinería, puesto que donde explotó esta había un comando de la GNB y ellos fueron los que más sufrieron la parte de los daños de la explosión. Ahí no quedó nada”, rememora la licenciada en enfermería.
Indica que en el área de Neonatología recibían bebés recién nacidos sin identificación. “Simplemente los recogían y los llevaban hasta allá; con traumatismos, con quemaduras”.
Molina explica que a pesar de ser un país petrolero, se demostró que no estaban preparados para un evento de esa naturaleza. Tres días después se logró la extinción total del fuego que azotaba al Bloque 23 de la refinería de Amuay.
Hoy, tres años más tarde les resulta perturbador recordar el hecho. “Después de eso, es imposible decirte que vivimos tranquilos. Decirte que la gente que está cerca, que es del barrio Antonio José de Sucre, que es el sector que queda más cerca, igual que Alí Primera; viven tranquilos después de eso, no. Que el colegio que está cerca de allí, que es el Fe y Alegría, opera igual después de eso, no. Porque quedamos con los nervios de punta. Las secuelas psicológicas son irreparables, ni el Estado ni nadie podrá reparar el daño psicológico que tiene la población”.