El pasado 19 de agosto la frontera entre el estado Táchira (Venezuela) y el departamento del Norte de Santander (Colombia) fue cerrada durante 3 días por decreto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Para “controlar” la situación de “orden público”.
Era la respuesta de Maduro a la emboscada, ese mismo día, a los Tenientes de Ejercito Daniel Veloz Santaella y Alexis Rodríguez Arias, y el Cabo primero Miguel Núñez Martínez por un motorizado. Cuando realizaban una comisión de inteligencia en el área urbana, barrio Simón Bolívar de San Antonio del Táchira.
Según información disponible en las redes, “el hecho obedeció al incidente que ocurrió 2 días antes, cuando los Tenientes Veloz Santaella y Rodríguez Arias y otros efectivos del Ejército detuvieron en las inmediaciones de la alcabala de Peracal, [San Antonio del Táchira],”…” una camioneta tripulada por dos efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela con un cargamento de drogas, dinero en efectivo cercano a Bsf. 47 millones y $3 millones. De acuerdo a la versión de los funcionarios de la Guardia Nacional (GN), el cargamento y el dinero pertenecían al Comandante del Regional de la GN del estado Táchira”.
Por lo que la emboscada a los tenientes sería la respuesta de la Organización que perdía el alijo en el operativo del Ejercito. Esta frontera colombo-venezolana sirve para el contrabando de gasolina que sale en góndolas equipadas; el contrabando de alimentos; y el tráfico de drogas. Es una región controlada, en exclusividad, por la Guardia Nacional.
Posteriormente, Maduro decreta el 21 de agosto un estado de excepción por un lapso de 60 días en los municipios fronterizos del estado Táchira con Colombia (Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia). ”Como parte de las medidas para restablecer el orden, la paz, la tranquilidad, la justicia y una frontera verdaderamente humana..” .
En la frontera entre el Táchira y Norte de Santander se manejan grandes negocios, en disputa por organizaciones amparadas por el Estado venezolano.
Moisés Naím define el Estado mafioso como “países donde impera la corrupción o donde el crimen organizado controla importantes actividades económicas y hasta regiones completas. Se trata de países en los que el Estado controla y usa grupos criminales para promover y defender sus intereses nacionales y los intereses particulares de una élite de gobernantes”. Y, Fernando Mires señala en su artículo Venezuela anómica, que el concepto Estado mafioso “calza perfectamente con las características del Estado venezolano a partir de la era Cabello/Maduro”.
Por lo que el patrón de comportamiento del Estado venezolano es más de una organización criminal que ha tomado el control de sus redes criminales. Colocándolas a “su servicio y, más concretamente, al servicio de los intereses económicos de los gobernantes, sus familiares y socios”. [Moisés Naím]
En el 2012, Eladio Aponte, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, entregó a funcionarios de la DEA amplias evidencias que confirmarían que altos funcionarios del Estado venezolano son los principales jefes de importantes bandas criminales transnacionales. Y, este año (enero) el capitán de Corbeta, Leamsy Salazar, acogido al programa de protección de testigos de la DEA, acusó a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, de ser el jefe del “Cartel de los Soles”.
El diario The Wall Street Journal, el pasado mes de mayo, publicó que Fiscales estadunidenses adelantan una investigación por el tráfico de drogas y lavado de dinero contra Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Néstor Reverol, José David Cabello y Luis Motta Domínguez.
Hasta ahora los testigos de la DEA-Fiscalía para procesar a los venezolanos por el tráfico de drogas pertenecen al lado del tránsito del alijo por Venezuela hacia el exterior.
Sin embargo, el pasado 28 de julio el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, “autorizó la extradición a Estados Unidos de Gersaín Viáfara Mina, alias Eliseo, a quien las autoridades de ese país -Corte del Distrito Sur de Nueva York- consideran un testigo clave en el narcotráfico que se realiza desde Venezuela, y cuyas declaraciones podrían evidenciar la supuesta relación de altos mandos militares venezolanos con este ilícito”. [El Tiempo]
Un mes más tarde, el 24 de Agosto, Santos autorizó otra extradición a Estados Unidos. La del “empresario Óscar Hernando Giraldo Gómez, quien es acusado de llevar drogas ilícitas” al país del norte “a través de rutas que presuntamente militares de Venezuela habrían facilitado en su país para realizar dicha operación ilegal”, según información publicada por El Tiempo. De acuerdo al titular de El Tiempo, “Giraldo Gómez es considerado el testigo estrella que destapará el Cartel de los Soles”.
Estas extradiciones serían recibidas por Cabello/Maduro como un ataque a su permanencia en el poder en Venezuela. Porque los nuevos testigos aportarían a la Fiscalía estadunidense elementos de prueba del lado del origen de la droga. Lo que comprometería más la relación del gobierno de Maduro con la Administración de Obama. Dejando poco espacio a las dudas de que Venezuela es un narco-Estado. Y, los países y los organismos multilaterales de la Región se quedarían sin argumentos para seguir sosteniéndolos.
Por ello, la respuesta por parte del Estado mafioso es la expulsión de 1.113 colombianos del territorio venezolano como una medida de retaliación. Sin importarle la violación de sus derechos humanos. Grupos familiares han sido separados, quedando en Venezuela niños sin sus padres.
Para entender esta violenta reacción, basta con recordar 2 casos emblemáticos anteriores de posible extradición a Estados Unidos. En los cuales las respuestas por parte del Estado venezolano fueron contundentes.
Walid Makled, quien fue extraditado desde Colombia a Venezuela en vez de Estado Unidos. Según informes de la firma privada de inteligencia Stratford, divulgados por WikiLeaks, militares venezolanos ejercieron fuerte presiones sobre Chávez para que este evitara a toda costa que Makled fuera a parar a manos de la justicia estadounidense. La decisión del presidente Santos fue rechazar la solicitud de Estados Unidos en favor de Venezuela. Se produjo en momentos que Santos se esforzaba para mejorar las relaciones con Chávez gravemente deterioradas y que perjudicaron el activo comercio bilateral.
El otro caso fue Hugo Carvajal, quien fue arrestado en Aruba y era solicitado por la justicia de Estados Unidos por varios procesos judiciales llevados en paralelo por distintas Cortes Federales. La repuesta de Cabello/Maduro fue elevar la presión militar y económica a la Isla, según declaraciones de Peter Blanken -fiscal general para el momento- al The Wall Street Journal. Después, Carvajal fue liberado y enviado a Venezuela.
El cierre de la frontera por parte de Maduro, responde a una lucha entre bandas por controlar el negocio de tráfico de combustible, alimentos y droga. Y, la expulsión de los hermanos colombianos del territorio venezolano es la respuesta de Maduro a Juan Manuel Santos, por las extradiciones de narco-colombianos a Estados Unidos.
La nación colombiana tiene el reto de contener al Estado mafioso. Como hizo en los años 1980-90. Cuando los carteles de la droga quisieron ponerla de rodilla.
Director Ejecutivo de Inter American Trends
@iatrends