La crisis en la frontera Colombo/Venezolana está cumpliendo 2 semanas desde que se ordenó y materializó el cierre de pasos formales entre Venezuela y Colombia, afectando en primera instancia asuntos de índole comercial y en justa manera al tránsito de personas que necesitaban retornar a su país de origen.
La situación lejos de encontrar soluciones, ha ido escalando en radicalización principalmente por parte del Estado venezolano, quién decretó un estado de excepción y por el cual se degeneraron una serie de acciones ejecutadas por autoridades venezolanas dentro de nuestro territorio, expulsando de manera indiscriminada a personas de origen colombiano, pero que habitaban del lado de Venezuela.
La situación ha sido dantesca y; las imágenes que todos hemos visto tanto en medios nacionales como internacionales son absolutamente deplorables. Hemos sido testigos cómo las personas fueron despojadas en principio de sus viviendas, para luego estas ser marcadas burdamente con pintura en aerosol con una “R” de revisado o “D” para que sea demolida. ¡Y las demolieron!
Hablar de cifras específicas no es fácil, pero lo que sí es seguro es que sobrepasan las 1.000 personas que han sido obligadas a abandonar el territorio de Venezuela, sin medir qué o a quiénes dejan atrás. Con esto, se han desmembrado familias completas, pues al estar cerrada la frontera solo fueron trasladados quienes cuentan con documentación de Colombia. Padres y madres quedaron cada uno del otro lado del rio y lo mismo ha ocurrido con los hijos de esas uniones independientemente sean de hecho o de derecho.
Lo único que está cerrado es el puente, pues hemos sido testigos también de cómo las personas han ido cruzando el rio Táchira cargando a cuestas los pocos enseres que habrán quedado enteros. Hemos visto a humanos cargar a su espalda cocinas, neveras, camas y cualquier cosa que fueran de su propiedad y no sufrieran la destrucción de las maquinarias que arremetieron contra las comunidades “establecidas”. Es también obligatorio recalcar, que esas comunidades no aparecieron ahí de la noche a la mañana. Tienen años, posiblemente decenas, instalándose y creciendo en las locaciones. Muchas de esas personas, fueron tocadas incluso por el actual Gobernador Vielma Mora en su campaña para hacerse como primer mandatario de la región tachirense e incluso, por el ex-Presidente Chávez y por qué no, también por Nicolás Maduro en búsqueda de votos. Aun con esto, el contrabando sigue funcionando por las trochas y los funcionarios militares siguen cobrando coimas para dejar pasar, bien sea mercancía o a personas.
La diatriba en el plano internacional, especialmente en los foros políticos en donde comparten Venezuela y Colombia parecieran hacerse la vista gorda de lo que el mundo entero ha sido testigo y catalogado como una movilización forzosa de seres humanos. Una vez más, la diplomacia internacional vela primero por sus intereses que por los de seres humanos, porque acá no se trata de apoyar a Maduro o a Santos, se trata de debatir en la comodidad de un espacio con aire acondicionado la situación que centenares de seres humanos están sufriendo en la actualidad por esta crisis generada desde Caracas.
¿Era necesario revisar el estatus migratorio de los habitantes de esas humildes poblaciones? Posiblemente sí, pero ello requiere un procedimiento de justicia en donde se le tiene que dar la posibilidad al investigado, de demostrar su situación para concluir si está o no de manera legal en el territorio venezolano y; una vez determinada la situación individual, proceder a accionar ajustados al derecho y debido proceso. De igual manera, quienes han sido señalados de “paramilitares” tienen su legal y legítimo derecho a la defensa, al debido proceso y ser beneficiados con el principio de considerársele inocentes hasta tanto no se demuestre lo contrario. Lamentablemente las autoridades venezolanas, acusaron y prácticamente condenaron a estos individuos por vía de los medios de comunicación (incluidos niños) a quienes con toda seguridad les será aplicado el duro brazo de la parcializada y política justicia venezolana. No sabremos la verdad.
Si Venezuela obtuvo 5 votos y Colombia perdió por 1, no considero que sea el tema de debate. El problema está en que 11 naciones prefirieron no opinar y “hacerse los locos” sobre lo que le acontece a esa gran cantidad de humanos sin distinguir entre si son venezolanos o colombianos. Ante situaciones como esta, debe uno apartarse del patriotismo e intereses de índole económicos. Las personas, debemos colocarnos del lado de las los humanos y exigir entre varias cosas, primero que la situación de deportaciones masivas cesen de inmediato y; luego demandar que se revisen los casos de denuncia sobre violación a los Derechos Humanos tanto de los desplazados como de quienes han quedado atrapados al otro lado de la frontera. Los gobiernos son ciertamente instituciones, pero encabezadas por personas, seres humanos y como tal tienen una obligación moral de ponerse de lado de la justicia para ser justos, equitativos y sobre todo garantes de los derechos de las personas.
Dios quiera, que a quienes prefirieron callar, jamás les toque tener que pedir ayuda por ser víctimas de situaciones como los afectados en la frontera lo están siendo y si ello ocurriera, sería obligación de los demás países prestar la debida y urgida atención. Recuerden, se trata de seres humano, no de piedras en el camino.
Federico A. Black B.
@federicoblackb