“Los operadores cambiarios fronterizos de San Antonio y Ureña fueron cerrados arbitrariamente por un funcionario militar, después de haber sido fiscalizados por Sudeban y aclaradas las circunstancias jurídicas por las cuales están pasando”, denunció el expresidente de Fedecámaras Táchira, José Rozo, publica La Nación.
Argumentó que es improcedente el cierre de las agencias de los operadores cambiarios por cuanto sus representantes legales ya habían introducido un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, “y como en todo estado de derecho, estas personas están a la espera de una sentencia firme, que hasta ahora no la hay.
Esta situación la entendió perfectamente la comisión que hizo la fiscalización, porque se le presentó la documentación respectiva, caso que también conoce la Presidencia y Consultoría Jurídica del BCV”, dijo.
Sin embargo, “de manera verbal un funcionario militar ordenó el cierre de los operadores; las personas afectadas esperan que se respete el derecho constitucional como es el debido proceso y derecho a la defensa”.
Después de reuniones de trabajo se logró que el BCV regulara esa actividad a través de la figura de los operadores cambiarios fronterizos. Posteriormente, en la primera Ley Habilitante aprobada al expresidente Hugo Chávez se incluyó esta figura especial en la Ley General de Bancos.Rozo recordó que los operadores cambiarios fronterizos representan una figura especial que fue creada por el BCV en 1998, para regularizar una actividad de cambio informal de monedas que se daba en los municipios limítrofes, la cual no tenía supervisión ni control de los organismos del Estado, y que se podía prestar para actividades irregulares en su momento.
No obstante, agrega que luego, “por chismes y politiquería que llevaron a la Superintendencia de Bancos, la Ley General de Bancos fue modificada en 2011 y se excluyó la figura de los operadores cambiarios fronterizos, lo cual creó una serie de circunstancias de inseguridad para las personas que venían ejerciendo esa actividad, como también para la población”.
Al excluir a los operadores de la ley, dijo Rozo, la Superintendencia comenzó a exigir una serie de normativas casi difíciles de cumplir, porque eran requerimientos similares a los aplicados a la banca universal. Al no poder cumplir con esas exigencias, la Superintendencia suspendió a los operadores, pero les indicó que podían hacer uso de los instrumentos que establece la ley dentro del debido proceso.
Los operadores cambiarios, a través de su representante legal, introdujeron recursos ante el Tribunal Contencioso Administrativo y TSJ, pero estas instancias no se han pronunciado aún. Sin embargo, en la última Ley Habilitante que el presidente Maduro promulgó en diciembre de 2014, nuevamente se incluyó la figura de los operadores cambiarios fronterizos en la Ley de Bancos, resarciendo el error cometido por la Superintendencia al excluirlos de la legislación. De esa modificación de la Ley fue notificado el TSJ, y sobre ello debe decidir la máxima autoridad judicial de la república. (JGH)