La candidata a la Asamblea Nacional por el circuito 3 (Sucre, Montes, Mejía y Bolívar) Milagros Paz, emplazó este viernes al Defensor del Pueblo – Sucre, Florencio Contreras, a fijar posición en torno a la crisis asistencial en el estado, que violenta a todas luces los derechos a la vida y a la salud consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Paz, quien también es coordinadora regional de Primero Justicia, acudió a la Defensoría del Pueblo para introducir una denuncia contra Fundasalud y el Consejo Legislativo del estado Sucre (Cles) por violentar derechos humanos fundamentales, toda vez que los centros asistenciales de la entidad y en particular el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná (Huapa), están técnicamente cerrados por falta de equipos e insumos médicos, medicinas e infraestructura necesaria para llevar a cabo más de 500 cirugías que están pendientes.
La aspirante al parlamento nacional recordó además que hay seis quirófanos inoperativos y que por carencias de material para desinfección y limpieza han fallecido diecinueve neonatos en el mencionado nosocomio, situación ésta que a la fecha no ha sido investigada. “Fundasalud, cuya presidencia la ejerce el Gobernador Luis Acuña Cedeño, no ha tenido la voluntad de brindar atención de calidad a los pacientes y el Cles negó la asignación de Bs. 20 millones para la compra de insumos, pero sí Bs. 53 millones para gastos de eventos y relaciones sociales en el marco de los 500 años de fundación de Cumaná”.
“Desde Fundasalud y el Cles dicen que los insumos del Huapa están resguardados por organismos de seguridad para evitar que los trabajadores los vendan ¿Por qué culpan a los trabajadores? ¿Fundasalud no tiene acaso mecanismos de control y resguardo? ¿No conocen acaso las necesidades del principal centro hospitalario del estado Sucre?”, se preguntó.
Paz exigió a Contreras que investigue la denuncia sobre la muerte de casi dos decenas de recién nacidos, además de las amenazas proferidas por funcionarios de Fundasalud y el Cles contra quienes manifestaron públicamente la deficiencia de insumos, equipos e infraestructura, alegando que usaron a pacientes para fines políticos “¿Por qué este gobierno criminaliza la protesta? ¿No es justo que pacientes y familiares reclamen lo que estipula nuestra Carta Magna o es que hay que esperar a que mueran para que actúen conforme a la ley?”, apuntó.
La candidata de la alternativa democrática a la Asamblea Nacional le recomendó al Defensor Florencio Contreras ocuparse de sus funciones en vez de estar pendiente de otras nimiedades “¿No le preocupa a usted Defensor que el Cles negó 20 millones de bolívares para adquirir insumos para el Huapa, pero sí aprobó 53 millones para rumbas y festejos? ¿No le preocupa Defensor, que Fundasalud asegura tener los equipos del Huapa en resguardo mientras los pacientes mueren por falta de atención? Si no le preocupa usted es un indolente. Sólo espero que nunca usted o algunos de sus familiares tengan que ir de emergencia al Huapa a recibir asistencia médica”.
Paz denunció que el Cles también incurrió en omisión al no efectuar la auditoría a Fundasalud que anunció hace dos años “¿Dónde están los resultados de esa auditoría? ¿Podemos saber quién hace la contraloría real a las instituciones en el estado Sucre? Ustedes se pagan y se dan el vuelto y la gente nunca se entera de algo”.
Protección de los derechos humanos
El documento consignado por Milagros Paz ante la Defensoría del Pueblo de Sucre, conlleva una denuncia por la violación flagrante e irrebatible de los artículos 83 (derecho social a la salud), 84 (obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud), 19 (obligación de garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos) y 23 (jerarquía constitucional de los tratados y convenios internacionales relativos a derechos humanos), de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“Estas violaciones se desprenden de la situación generalizada de insalubridad y emergencia sanitaria en la que se encuentra toda la ciudad de Cumaná, haciendo énfasis en la terrible y preocupante situación que atraviesa el Hospital Antonio Patricio de Alcalá, y otros centros de salud públicos que funcionan en la ciudad”, señala el documento.
Paz recordó que la salud es un derecho de rango constitucional consagrado en el artículo 83 y un derecho social fundamental, siendo obligación del Estado, garantizarlo en todo momento y bajo cualquier circunstancia, como parte del derecho a la vida, y promover y desarrollar políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios de los ciudadanos.
Cumaná se encuentra en los actuales momentos en una situación total de emergencia sanitaria, ya que atraviesa una grave crisis de acumulación excesiva de desechos sólidos, el desbordamiento de aguas negras y la insalubridad total del Hospital Antonio Patricio de Alcalá y diversos centros de salud públicos, al no contar con las condiciones de higiene necesarias para garantizar el derecho a la salud de los pacientes que acuden a él.
Por esta razón, Paz introdujo un petitorio en el que solicita la protección de los derechos humanos, aquel estatuido en el artículo 127 de la Constitución Nacional, transgredido de forma directa por la falta de acción de los gobiernos regional y municipal, relacionado con el derecho que tenemos a contar con un medio ambiente libre de contaminación.
“Denunciamos la situación de emergencia sanitaria y condiciones de insalubridad de nuestro Hospital Antonio Patricio de Alcalá y de toda la ciudad de Cumaná, que ocasiona pestilencias, moscas y roedores, además de la proliferación de bacterias capaces de causar enfermedades, sin contar el vertido de aguas pestilentes y su infiltración en el subsuelo generando la contaminación de nuestros recursos”.
El artículo 280 de la Constitución establece que la Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos y difusos, de los ciudadanos.