El 28 de agosto de 2015, a las 3:44 de la tarde, un mensaje llegó a su celular: “Loca, drogadicta, afeminada, Sebastián Lanz, la perra prostituta”. El agresor era un anónimo. Se hacía llamar “K”. La comunicación se hizo a través de Grindr, una aplicación —como Manhunt y Scruff— creada para organizar encuentros entre personas del mismo sexo, publica Soho.
Ese día, Sebastián estaba en la Quinta de Bolívar en Bogotá, la casona del Libertador que queda aproximadamente a 87 metros de distancia de la Universidad de los Andes. Lanz sólo pudo identificar cuán cerca estaba su agresor. La pantalla de Grindr, una aplicación dotada con geolocalización, marcaba que el personaje estaba a 300 metros de distancia.
Sebastián es estudiante de antropología y derecho en la Universidad de los Andes. Es gay y es activista por los derechos de la comunidad LGBTI. Lanz cuenta que los insultos se convirtieron en amenazas cuando “K” advirtió que le desfiguraría la cara con ácido, una práctica angustiosamente común en Colombia. El agresor también involucró a su hermano, Alejandro Lanz, activista y estudiante de derecho y lenguajes en la Universidad de los Andes.
Atando cabos, Lanz dedujo que era muy probable que “K” fuera una persona del campus universitario. Primero porque estaba a 300 metros de distancia. Es decir, cerca o dentro de la Universidad de los Andes. Además, en siguientes mensajes, insultó la apariencia física y el activismo de Lanz. “Es una persona que me ha visto”, agrega Sebastián.
La denuncia
Pasó el fin de semana y el lunes 31 de agosto los hermanos Lanz interpusieron la denuncia ante la fiscalía. También informaron a las autoridades administrativas de la Universidad de los Andes. Solicitaron a esa institución apoyo para investigar el caso.
La universidad respondió. Les recordó que los Andes es una institución de carácter académico y por ende no tiene la competencia para realizar investigaciones e identificar personas que estén cometiendo acciones “presuntamente” intimidatorias hacia sus miembros. Y agregó que, si bien la universidad debe velar por el bienestar de la comunidad, no puede intervenir en un hecho que sucedió por fuera del campus y además que se hizo a través de Grindr, un medio no institucional al que las personas se vinculan voluntariamente.
La universidad, además, ofreció los servicios que tiene a su alcance para apoyar al estudiante: seguridad dentro del campus, apoyo emocional y acompañamiento académico. Por su parte, Pablo Navas Sanz de Santamaría, rector de la Universidad de los Andes, aseguró que “los estudiantes han recibido desde el primer día nuestro apoyo para atender las dificultades emocionales, académicas y de seguridad que podría acarrear su situación”. Y agrega que la universidad sí fomenta el respeto por la diversidad y la mejor manera de hacerlo es “educando, en la diversidad y en la convivencia, seres íntegros, tolerantes, con capacidad crítica y conscientes de sus responsabilidades sociales y profesionales. De manera concreta en las aulas, puesto que contamos con el compromiso de los profesores para realizar actividades que respondan a ese propósito formativo; y desde las actuaciones institucionales”.
No obstante, Alejandro Lanz califica la respuesta de los Andes como “desentendida”. Según los Lanz, por lo menos 22 miembros de la universidad han recibido este tipo de amenazas a través de la misma red social, y agregan que estas manifestaciones de violencia se han presentado desde el año 2013. Esta revista, sin embargo, ha podido confirmar casos de amenazas similares desde el 2012. “Las amenazas que me llegaron a mí no pueden entenderse como un factor aislado”, dice Sebastián, “esto hace parte de un patrón sistemático de violencia hacia las personas LGBTI dentro del campus y la universidad no ha hecho nada, ha asumido un rol de espectadora y no se ha preocupado por combatir estas formas de violencia”. El 22 de septiembre, 23 días después de que los hermanos Lanz hicieron la denuncia, hubo una reunión con directivos de la universidad: “Esa reunión”, asegura Sebastián, “la empezó Alejandro preguntando persona a persona: ‘¿Ustedes tenían conocimiento de que esto venía sucediendo desde el 2013 en la Universidad de los Andes?’”. Los asistentes a la reunión, uno a uno, respondieron que no.
Sin embargo, seis días después de la reunión, los hermanos aseguran haberse enterado de que un estudiante había escrito una carta a la Ombudsperson –una dependencia de la universidad encargada de la resolución de conflictos entre estudiantes, profesores y directivos dentro del ámbito universitario– en la que informaba sobre las amenazas que había recibido antes de los Lanz.