Para el procurador general colombiano Alejandro Ordóñez el diseño institucional por medio del cual se pretende sellar el proceso de paz es propio de las dictaduras. Esta vez, comparó las actitudes del Gobierno frente a la aprobación de los acuerdos con el nazismo y el chavismo. Para él, es un exabrupto cambiar las reglas del plebiscito y darle funciones legislativas irrestrictas al presidente con el único fin de aprobar, sí o sí, ese pacto.
Dijo que la ley habilitante que creó Hugo Chávez para permitir que los mandatos del gobierno venezolano se convirtieran en norma legislativa “es sólo un juego de niños”, frente a lo que significaría este poder especial para el jefe del Estado en Colombia. Además, señaló que fue una decisión como el primer paso de la dictadura que comandó Adolfo Hitler en Alemania, entre los años 30 y 40.
Adicionalmente, el procurador aprovechó la oportunidad para seguir atacando el plebiscito por medio del cual se pretende refrendar los acuerdos que se logren en la mesa de negociaciones de La Habana (Cuba).
Al inaugurar un conversatorio sobre justicia transicional en el Congreso, el alto funcionario calificó como una “joya antijurídica” ese mecanismo de refrendación. Lo juzgó como “una trampa al Estado de derecho (…) que hace trizas la separación de poderes”.
A su juicio, es inaceptable que se reduzca el umbral electoral a su mínima expresión, con el único fin de lograr que se apruebe lo acordado entre el Gobierno y las FARC en la mesa de negociaciones. Para él, es una especie de fraude a la democracia.
“No ha existido en la historia de la República un intento de demoler la Constitución y destruir el principio de división de poderes, como el que se debate el día de hoy con el acto legislativo y el plebiscito”, afirmó.
Para el jefe del Ministerio Público, es inaudito que la abstención no tenga poder de decisión en ese plebiscito. No está de acuerdo con que el visto bueno al acuerdo de paz sea posible con el voto favorable de cuatro millones de personas y que los abstencionistas, que para él asumen una posición política legítima, sean excluidos.
En su criterio, parece ser evidente que el único interés es validar los intereses de las partes negociantes, al margen de las necesidades y las exigencias de la población, y a como dé lugar.
También afirmó que la manera como han venido cursando las reformas legislativas que se requieren para la aplicación de estos acuerdos demuestra que el Congreso se ha convertido en un convidado de piedra que se dedica a firmar todo aquello que requiera el Gobierno.
Como los intereses del Ejecutivo están estrechamente ligados a los de la guerrilla, dice, es como si toda la tarea del parlamento haya sido consagrada exclusivamente a lo que opinen el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de las FARC, ‘Timochenko’.
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