Macri sacudió a Mercosur al solicitar la liberación de los presos políticos venezolanos

Dic 28, 2015 8:29 am
Publicado en: Actualidad, Internacionales
El Presidente argentino planteó, sin pelos en la lengua, “la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela”. La canciller venezolana expresó que “somos modelo en derechos humanos en el mundo”.
El Presidente argentino planteó, sin pelos en la lengua, “la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela”. La canciller venezolana expresó que “somos modelo en derechos humanos en el mundo”.

 

No por casualidad el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, faltó a la cumbre del Mercosur del lunes pasado, realizada en Asunción (Paraguay). No quería enfrentar la preanunciada solicitud que formularía el Presidente argentino Mauricio Macri, en relación a los presos políticos en la nación caribeña. Prefirió esconderse tras  la formalidad vacía de las “razones de agenda”, y mandar a su canciller Delcy Rodríguez a poner la cara.

Por Jorge Eduardo Simonetti | El Litoral

Sabido es que en las reuniones presidenciales de los organismos internacionales, se hace más política que justicia.

Son los organismos técnicos (en el caso de la OEA, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos),  los que hacen el “trabajo sucio” de investigación y sanción, que no alcanzan para disimular el “lavamanismo” de los encuentros de Presidentes o de las reuniones de Cancilleres.

Por ello, fue toda una novedad que en la última cumbre del Mercosur, que no en vano fue denominada peyorativamente un “Club de Presidentes” (por su dedicación casi exclusiva a la autodefensa de los ejecutivos vigentes), el primer mandatario argentino haya roto esa especie de “solidaridad cómplice” y planteara, sin pelos en la lengua, “la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela”.

La respuesta de la canciller venezolana, sacando la cara por un Maduro inasistente, a esta altura es anecdótica.

Formuló descabelladas acusaciones contra Macri, lo acusó de “injerencismo” (sic) y elogió  al régimen que representa, manifestando que “somos modelo en derechos humanos en el mundo”.

No obstante la prudencia diplomática común en estos encuentros casi declarativos, la grave situación venezolana no pudo ser pasada en alto. En el documento final, los Jefes de Estado le reclamaron a Venezuela (único país miembro que no lo hizo) que adhiera a la brevedad al Protocolo Regional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. A su vez, acordaron la creación de un grupo de seguimiento de la situación de los derechos humanos en la región.

A esta altura de los acontecimientos, casi nadie duda que la actitud de la representante venezolana fue un tímido e infructuoso intento de “tapar el cielo con las manos”, y que lo planteado por el presidente Macri puso en valor la problemática de los derechos humanos en la región, en especial la situación de los detenidos por razones políticas.

El reclamo argentino, fue apoyado por la ONG Human Right Watch, quien a través de su director de la división de las Américas José Miguel Vivanco, emitió un comunicado manifestando que “citar la soberanía como una excusa para evitar el escrutinio  internacional sobre las violaciones de los derechos humanos es una táctica descarada de líderes autoritarios con algo que ocultar”.

Maduro ya no puede esconder ni disimular, que el populismo opresor que ejerce en su país, ha dejado secuelas indelebles de violación a las libertades cívicas y políticas de los venezolanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) es un órgano prestigioso de la OEA, fue fundamental su presencia en nuestro país en 1979, para comenzar a llamar la atención sobre los crímenes de la dictadura, su jurisprudencia fue clave para acompañar los juicios por  delitos de lesa humanidad. En 2013, estuvo en jaque y a punto de ser debilitada en sus facultades, a raíz de las presiones de Venezuela y Ecuador, lo que finalmente no sucedió, a pesar de la tibieza de las posiciones de los Presidentes de los países integrantes, en la reunión de Cochabamba (Bolivia) de ese año.

Venezuela se encuentra fuera del sistema interamericano de justicia. En 2013 denunció (revocó su adhesión) a la Convención Americana de Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica), por lo que no le resultan obligatorias sus normas como al resto del continente. Hace poco más de un mes, se negó a cumplir un fallo de la Corte IDH.

En un comunicado conjunto de 30 ONG, entre las que se encuentran Amnistía Internacional y Human Right Watch, entre tantas, sobre la comparecencia de Venezuela en 2015 ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se manifiesta que “el Estado no ha cumplido con su obligación jurídica internacional de proteger los derechos civiles y políticos y se siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos”, entre ellas “uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos tratos y detenciones arbitrarias, así como los ataques y hostigamientos contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y aquéllos que son críticos de las autoridades”.

“En el corazón de Caracas, conocida con el nombre de “tumba”, funciona una prisión con siete celdas de 2 por 3 metros, ubicada cinco pisos bajo tierra. Allí son torturados presos políticos y estudiantes detenidos”, manifestó la abogada defensora de derechos humanos Tamara Sujú Roa.

En la página web del Foro Penal Venezolano, que es una organización conformada por activistas de derechos humanos y reputados abogados que prestan asistencia gratuita a víctimas, puede leerse una detallada exposición de casos de detenidos por causas políticas, que en este momento llegan a 76 (otros hablan de 83). Leopoldo López y el alcalde de Caracas, son dos de los más conocidos que sufren prisión.

“La sentencia de 13 años y 9 meses de prisión contra un líder de la oposición, Leopoldo López, sin ninguna evidencia creíble, muestran la absoluta falta de independencia e imparcialidad judicial en Venezuela… es un prisionero de consciencia y debe ser liberado inmediata e incondicionalmente”, manifestó Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con fecha 3 de setiembre  de 2015, instó al Gobierno de Venezuela a la inmediata liberación de presos arbitrariamente detenidos en violación al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y le requirió que permita una misión oficial a los efectos de gestionar medidas adecuadas y efectivas para evitar la detención arbitraria de personas.

Apartado por propia decisión del sistema legal de derechos humanos de la OEA, incumplidor de los fallos sobre la materia, tanto de la Corte Interamericana como del organismo sobre Detención Arbitraria de Personas perteneciente a las Naciones Unidas, con varias decenas de presos políticos oficialmente comprobados, el régimen venezolano puede ser cualquier cosa, menos un ejemplo en materia de derechos humanos, como cínicamente lo expresó su canciller.

El Mercosur, con el correr del tiempo, fue perdiendo su esencia fundadora, las relaciones comerciales internas fueron cediendo importancia y hubo una disminución en materia exportadora entre los países miembros del 16%.

El Presidente argentino, en la misma reunión del lunes, reclamó un rescate del organismo regional, ampliando sus posibilidades de comerciar con otros países o bloques como el de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), que goza de muy buena salud.

Pero la verdadera importancia del cambio de Gobierno en la Argentina, es que de alguna manera debilitó el comportamiento “amiguista” de los Presidentes de los países integrantes, que reiteradamente miraron para el costado en relación a evidentes violaciones de derechos humanos denunciadas y oficialmente constatadas.

No es poca cosa que en Asunción se haya acordado entre los Presidentes, la integración de una comisión de seguimiento de los derechos humanos en la región, y quedado en evidencia el comportamiento negacionista del régimen bolivariano sobre la constatada existencia de presos políticos en su país. Después de mucho tiempo, es un paso adelante en el Mercosur.

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