El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, envió un mensaje este martes sobre la posición de la mencionada organización, respecto al Decreto de Emergencia Económica dado a conocer por el presidente de la República, Nicolás Maduro.
Al respecto, Martínez indicó que con este nuevo decreto no se restituye la confianza de la empresa privada.
Agregó que Fedecámaras observa con preocupación este decreto emitido por el ejecutivo nacional para el sector empresarial, debido a que supones una nueva medida contraproducente, que a su vez agravaría la precariedad en Venezuela.
Este decreto parte de un diagnóstico equivocado y la lectura de los considerando es una manifestación de que el Ejecutivo no tiene intención en rectificar, sino de profundizar un modelo económico cuyos resultados están a la vista.
De la misma manera, Fedecámaras agregó que “la economía venezolana acumula 8 trimestres consecutivos de recesión, con la inflación más alta del mundo por tercer año consecutivo.”
En el comunicado se expresó que esta es una crisis que se engendró entre los años 2007 y 2008, tan pronto el Estado emprendió varias olas de estatizaciones e intervenciones de empresas privadas, la gran mayoría de ellas arbitrarias y discrecionales, que inhibieron la inversión privada nacional y extranjera.
Asimismo, ofreció un balance en lo que respecta a las empresas intervenidas o estatizadas e indicó que se mantienen paralizadas o con mínimos niveles de productividad.
“Solo por rescatar algunos ejemplos: la producción de cemento, controlada en su totalidad por el Estado, cayó 63% durante el año 2015; Agroisleña abastecía 40% del mercado nacional de agroquímicos, pero luego del nacimiento de Agropatria, la estatal solo logra abastecer un 5% del mercado; el Gobierno nacional controla el 52% de la harina precocida de maíz y el 90% del café, cuyos niveles de escasez experimentamos cotidianamente todos los venezolanos.”
Lamentablemente, el Gobierno Nacional no reconoce la necesidad de cambiar el rumbo económico del país. Este es el principal problema de la política económica implementada por el Ejecutivo: ninguna empresa puede producir a pérdidas y las regulaciones aprobadas desde hace años han conducido a muchas empresas a reducir operaciones o al cierre.
Entre los extractos del comunicado se menciona lo siguiente:
A pesar de los recientes resultados electorales, tras los cuales la población esperaba rectificación, apertura al diálogo; el Ejecutivo, dictó 17 Leyes en el marco de la Ley Habilitante y la extinta Asamblea Nacional, dictó otras 12 Leyes. Nos resulta inexplicable que a pocos días de tales decisiones, se plantee una nueva solicitud que va mucho más allá de una habilitación legislativa, para llegar a suspender las garantías constitucionales en materia económica y con base en ello, dictar una serie de medidas que distan mucho de la atención prioritaria que requiere la producción nacional.
Vía decreto no se restituye la confianza necesaria para atraer inversiones. El Decreto busca profundizar el modelo de un Estado crecientemente intervencionista que asfixia la libre iniciativa empresarial. Insistimos, no hay país que haya logrado progresar sin la inversión privada.
La crisis económica que hoy padecemos no es coyuntural ni circunstancial, no es producto exclusivo de la reciente caída de los precios del petróleo. Es una crisis estructural y progresiva que obedece a las políticas desarrolladas por el Gobierno Nacional.
Hacemos un llamado al Ejecutivo a rectificar. Reafirmamos una vez más, nuestra voluntad de diálogo y compromiso con el país. Venezuela cuenta con sus empresarios. El Gobierno Nacional debe generar los espacios y las condiciones para detener el creciente y acelerado cierre de industrias y comercios que no pueden sobrevivir a los embates del cerco que ha impuesto su modelo.
Reiteramos nuestra disposición a un diálogo sincero y efectivo en un ambiente de respeto mutuo que nos permita generar propuestas concretas en la redefinición de políticas públicas, fundamentalmente destinadas al rescate y fortalecimiento del aparato productivo nacional, para garantizar tanto la sostenibilidad de las empresas, como la preservación y generación de más y mejores empleos en el país.
A continuación, el pronunciamiento completo: