Foro Penal Venezolano tiene 78 presos políticos registrados

Feb 4, 2016 7:56 am
Publicado en: Actualidad, Nacionales

helicoide

“No hay peor castigo para un preso político que el olvido”. Palabras del abogado Gonzalo Himiob, que aparecen en la página de la organización no gubernanmental de la que es director: el Foro Penal Venezolano, que tiene registradas, en este momento, a 78 personas detenidas por motivos políticos. Así lo reseña el-nacional.com / ISAAC GONZÁLEZ MENDOZA

Hoy el proyecto de amnistía entrará en la Cámara Plena de la Asamblea Nacional, mecanismo que tiene precedentes en este siglo. Dos amnistías promulgó el fallecido presidente Hugo Chávez. La primera se realizó en el 2000 para exonerar a los militares golpistas de 1992. La segunda se hizo en 2007, y su objetivo fue perdonar a los que atentaron contra su gobierno en abril de 2002, exceptuando a quienes cometieron delitos de lesa humanidad.

De los 78 presos políticos, 28 están detenidos por protestar, 19 por rebelión militar, cuatro por uso de redes sociales, uno por rebelión civil y 26 por otros diferentes motivos. Están distribuidos en los siguientes centros de reclusión: Santa Ana (Táchira), INOF (Miranda), La Pica (Monagas), Penitenciaría 26 de julio (Guárico), Penitenciaría de Cumaná (Sucre), DGCIM de Boleíta (Caracas), PNB de La Yaguara (Caracas), Policía Militar de Fuerte Tiuna (Caracas), Ramo Verde (Miranda), Rodeo II (Miranda), Sebin Helicoide (Caracas), Sebin de Maracaibo (Zulia), Sebin de Plaza Venezuela (Caracas), Yare II (Miranda), El Marite (Zulia) y Tocuyito (Carabobo). También hay un grupo de privados de libertad que están bajo régimen penitenciario, entre los que se encuentra el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma.

El caso más reciente fue el de Humberto Yusuino, presidente del centro de votación Bambu Lucera (Amazonas), que está detenido en el Sebin Helicoide por presuntamente haber coaccionado a electores a votar por la MUD en los comicios legislativos, realizados el 6 de diciembre de 2015. Fue acusado por delitos de sabotaje o daños a programas informáticos, instigación pública, corrupción y asociación para delinquir.

Es, precisamente, el Sebin Helicoide el centro de reclusión donde hay más privados de libertad por motivos políticos, con 25. De allí pueden mencionarse los casos de Gilberto Sojo, Renzo Prieto y Rosmit Mantilla, los tres están detenidos por manifestar y fueron electos diputados suplentes. Parlamentarios de la bancada opositora han mostrado en la Asamblea Nacional carteles, en los que exigen que sean liberados por inmunidad para que ejerzan sus cargos políticos.

Víctor Ugas es otro caso particular, debido a que fue detenido por presuntamente haber difundido fotos del cadáver de Robert Serra a través de Twitter. Aunque tiene boleta de excarcelación, no ha salido de la prisión.

En el INOF está recluida la TSU en procesos químicos Araminta González, acusada por José Pérez Venta (asesino de Liana Hergueta junto con Carlos Trejo) de fabricar explosivos. Sobre ella pesan los cargos de delitos de asociación para delinquir, agavillamiento e instigación a la rebelión, aunque su audiencia ha sido diferida más de 20 veces.

Dentro del Sebin de Plaza Venezuela, donde hay un lugar que llaman “La tumba”, hay solo tres privados de libertad considerados presos políticos: Juan Miguel de Sousa, Gabriel Valles Sguerzi y Lorent Saleh.

Juan Miguel de Sousa, ingeniero en Computación de 51 años de edad, fue detenido tras ser acusado de manejar la cuenta de Twitter @enyukote, a través de la que se enviaban mensajes desastibilizadores. Motivado a la baja temperatura del lugar, ha sufrido de infecciones pulmonares, además de una infección odontológica que afectó su oído.

Gabriel Valles es ingeniero en Sistemas y tiene 27 años. Fue detenido por el gobierno colombiano y deportado a Venezuela en septiembre de 2014. El Ministerio Público le imputó por presuntamente cometer el delito de conspiración a la rebelión. Motivado a las violaciones de sus derechos humanos en el centro de reclusión, que denunció su defensa, hizo una huelga de hambre que duró 18 días, y logró mejoras, como salir por cuatros horas semanales.

Por otra parte, a Lorent Saleh también lo deportó el gobierno colombiano. Se le imputó el delito de conspiración a la rebelión. Su defensa denunció, en reiteradas oportunidades, violaciones a sus derechos humanos, pero después de que realizó una huelga 18 días, mejoraron sus condiciones en el lugar.


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