El gobierno bolivariano continúa burlándose del pueblo. El recién creado Consejo Nacional para la Economía Productiva está resultando un nuevo engaño destinado a ganar tiempo después de la derrota que las tres quintas partes del pueblo le propinara el pasado 6D.
O no es una burla seguir hablando de “guerra económica” para intentar explicar la escasez y las colas queriendo tapar así la realidad que el desabastecimiento es innato al socialismo del siglo XXI como lo fue en la Unión Soviética de Stalin, en la China de Mao o en la Cuba de los Castro.
Qué mayor burla que seguir acusando al blog Dólar Today de fomentar la inflación cuando se sabe que la subida de precios tiene que ver con el incremento de la liquidez monetaria fomentada desde el Banco Central, que aunado con los controles de precios y la negativa de entregar divisas al sector productivo ha provocado una dramática disminución en la oferta de bienes.
Que cinismo el de los ministros que acusan al pueblo de causar el desabastecimiento por su desmedido afán de consumo. O aquellos funcionarios embaucadores que hablan de la agricultura urbana y nos piden sembrar hortalizas en, jardineras, macetas o tobos. Habráse visto cuanta desfachatez por parte de estos “tontos de capirote”.
Que burla la del presidente Maduro que acusa a Lorenzo Mendoza de ladrón y cobarde por pedir que le entreguen las empresas quebradas en manos del estado para ponerlas a producir, después que hubo demostrado de manera fehaciente que a pesar del acoso, de las inspecciones y multas, Polar sigue produciendo alimentos de manera eficiente para el pueblo.
Que sarcasmo acusar a la “guarimba” de los fallecidos en el 2014 cuando el pueblo y el mundo saben, porque fue reportado y presenciado por los medios audiovisuales, que los muertos, los torturados y presos en las tumbas del Sebin, fueron víctimas de la brutal represión de los organismos del estado.
Que mayor desparpajo que la decena de planes de seguridad anunciados por este gobierno burlón mientras los presos en las cárceles muestran públicamente armas de gran potencia suministradas por quienes supuestamente deberían resguardar la seguridad en las cárceles.
Venezuela permitió el ascenso de Chávez y los camaradas ñángaras al poder, después que los partidos creyeron que con la destitución de CAP el país se encarrilaría políticamente por la senda del progreso y del consenso. Craso error.
La ruptura institucional trajo peores males. Los notables se envalentonaron. Rafael Caldera en su afán por regresar a Miraflores destruyó a Copei, obra cumbre de su talento político. Creó una amalgama izquierdosa conocida como el “chiripero” que le permitió realizar su sueño. Luego amnistió a los golpistas del 4F, que con esa misma plataforma política les fue fácil ganarse el voto de los indignados y llegar a mandar.
Iniciaron desde el poder a sembrar el odio, la violencia y la discriminación, a estatizar empresas, a destruir las instituciones y la economía, a desaparecer la clase media y a convertir a Pdvsa en un guiñapo de empresa incapaz de generar divisas, su principal misión.
La destrucción institucional del país comenzó en 1993 con la destitución de un presidente electo. Por ello hacemos un llamado de alerta a la oposición política para que no caiga en ese mismo error. Muchas veces lo que parece factible, como destituir a Maduro por vías constitucionales, pudiera no ser lo deseable.
¿Por qué? La experiencia arriba señalada nos indica que el objetivo primordial en estos momentos es encaminar al país institucionalmente. Algunas cosas pueden hacerse desde el poder legislativo: devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela modificando la reciente ley aprobada apresuradamente por el ejecutivo; devolver la majestad al Poder Judicial destituyendo a los magistrados recién nombrados que no cumplen con las calificaciones exigidas por ley y abriendo un proceso de selección para escoger jueces idóneos que sustituya a los temporales; lograr la conciliación nacional decretando una amnistía que restituya las injusticias cometidas por la Fiscalía General de la República; iniciar una investigación imparcial para determinar que funcionarios se apropiaron indebidamente, de los recursos de la Nación; devolver a los sindicatos su derecho constitucional de escoger libremente a sus líderes; ajustar las leyes económicas para permitir a los sectores productivos cumplir libremente con sus funciones reduciendo la escasez y el aumento desmedido de precios; devolver a las FAN su honor hoy mancillado; rescatar el prestigio internacional de Venezuela hoy venido a menos.
Hay mucho por hacer. Lo enumerado, entre otras muchas acciones, es lo que el pueblo espera de sus gobernantes y políticos. Poner orden en la administración pública, dar a las regiones y municipios su independencia y autonomía, adecentar la justicia, acabar con la inseguridad para circular libremente sin temor al hampa y a policías deshonestos. La labor es compleja razón por la cual no podemos desviarnos de la agenda prioritaria arriba descrita.
Juan Antonio Muller
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