A través del Tribunal Supremo de Justicia, luego de aprobar mediante un recurso de interpretación el decreto de Emergencia Económica que la Asamblea Nacional rechazó en primera instancia al presidente Nicolás Maduro, los Consejos Comunales y Comunas, activan la posible expropiación a más empresas privadas.
Miembros de distintos Consejos Comunales, Comunas y otros movimientos sociales de organización popular introdujeron un “recurso de interpretación constitucional” respecto de los artículos 339 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, por lo que el Tribunal Supremo de Justicia estableció que “el aludido Decreto entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume”.
“Si se declara una emergencia todas las empresas privadas, incluida la Polar, deberían pasar a la orden del ejecutivo del presidente Maduro; todos los que tengan alimentos deberán entregarlo, se podrá intervenir todo el sistema productivo y distributivo”, sentenció el diputado Ricardo Molina en su derecho de palabra este jueves ante la Asamblea Nacional.
Según el artículo 2 de Ley Orgánica de Estados de Excepción, el ejecutivo podrá “Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas de las venezolanas y los venezolanos“.
Bajo este supuesto, el Gobierno podrá dictar cual tipo de órdenes que estime conveniente, especialmente, a empresas privadas.
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