Un gobierno que secuestra los poderes públicos, que somete al pueblo al abandono y a la pobreza, que no da respuestas a los problemas más graves que padece el país, que irrespeta la decisión popular expresada en resultados electorales contundentes, es un gobierno que cava su propia fosa y tiene los días contados. El pueblo de Venezuela se manifestó de manera categórica el pasado 6 de diciembre. Le dio mayoría calificada en la Asamblea Nacional a la Unidad Democrática. En ese momento le exigió a Maduro y al PSUV que cambiaran de rumbo y la respuesta se ha traducido en un evidente irrespeto a la decisión popular.
El mes que transcurrió entre la elección y la instalación del parlamento, estuvo signado por la incertidumbre y las maniobras del gobierno para desconocer el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral. Esos días estuvieron protagonizados por acusaciones de fraude que nadie puede creer cuando todos sabemos quién controla todo en Venezuela. Y terminaron esos días con una vil maniobra de los poderes ejecutivo y judicial, que hasta ahora ha impedido la incorporación al poder legislativo de toda la representación popular del Estado Amazonas. Sin duda esa maniobra tiene su explicación en la búsqueda de romper las dos terceras partes necesarias para importantes tomas de decisiones en el seno de la Asamblea.
El mes que ha transcurrido desde la juramentación de los diputados y el inicio del primer periodo de sesiones de este año 2016 ha dejado ver que no hay la más mínima intención gubernamental de asumir los errores y rectificar. Este gobierno está decidido a anular al poder legislativo. Los ministros y funcionarios en general no acuden a las interpelaciones a las que por constitución y por ley están obligados a asistir. El mismo Presidente de la República, envalentonado por sentir que cuenta con un poder judicial sumiso, anuncia que no podrán entrar en vigencia las leyes que dicte este parlamento. Mientras tanto los días corren, la crisis se profundiza y quienes gobiernan se hacen los desentendidos. Lo grave no es que este gobierno se autodestruya. Lo grave es que en ese accionar involucre a todo un pueblo que lo único que quiere es sortear esta crisis profunda y vivir mejor.
Lo peor que puede pasar es que el mismo gobierno esté esperando un estallido social –¿se puede ser tan vil?– que le permita cabalgar sobre la crisis y aferrarse al poder que, al final, es lo único que le importa en este momento. Así que, si ya estamos convencidos de que no hay intención de cambio, no hay tiempo que perder, debemos comenzar a buscar el o los mecanismos más idóneos para que el pueblo se manifieste a favor o en contra de un cambio de gobierno.
Entre las opciones que se discuten con más intensidad, se encuentran la enmienda constitucional que recorte el periodo presidencial a cuatro años para que se convoque a elecciones presidenciales en diciembre de este año y el referendo revocatorio luego del cual se convocaría a elecciones presidenciales treinta días después de realizado. En próximas entregas hablaremos sobre estas dos opciones, pero me adelanto a advertir que la que veo más viable, aunque va a costar mucho trabajo y mucha presión de calle, es la del referendo revocatorio presidencial, frente al cual no hay decisión judicial que pueda impedirlo. Con la propuesta de enmienda ya veo una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia expresando que la norma no puede ser retroactiva y que no se puede intentar por enmienda lo que claramente está reservado a la institución del referendo revocatorio previsto en la Constitución. De todos modos, bien podemos intentar ambas vías de manera simultánea. Lo importante es darle un cauce al anhelo de cambio inmediato que tiene el pueblo de Venezuela.
Juan Pablo Guanipa V.