De los siete magistrados que integran la Sala Constitucional, tres militaron públicamente en el chavismo. Esa cantidad solo es igualada por la Sala Electoral, en el ojo del huracán desde diciembre pasado por la impugnación de los diputados del estado Amazonas y el representante indígena del sur.
La presidenta del TSJ y de la Sala Constitucional, Gladys Gutiérrez, fue candidata a la gobernación de Nueva Esparta y diputada suplente a la Asamblea Nacional por ese mismo estado con el extinto Movimiento Quinta República (MVR). Persona de confianza del difunto presidente Hugo Chávez, Gutiérrez fue cónsul general de Venezuela en Madrid, embajadora ante el reino de España y procuradora general de la República. Es decir, la abogada del Gobierno chavista.
Juan José Mendoza salió de la Asamblea Nacional en 2010 y aterrizó en la Sala Constitucional del TSJ. En la Cámara representó al estado Trujillo y dirigió la Comisión de Defensa por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En sus tiempos de parlamentario oficialista, llegó a denunciar que en el país circulaban entre “9 y 15 millones” de armas ilegales.
Del trío en cuestión, fue Calixto Ortega quien se mantuvo por más tiempo en las luchas partidistas. Estuvo en la lista que postuló el PSUV para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 en el estado Zulia, y además de acumular millas como diputado en la AN, este dirigente zuliano también fue vicecanciller para Europa y encargado de negocios de la embajada de Venezuela en Estados Unidos.